La situación de la justicia de menores en Cádiz
El funcionamiento de la justicia, no sólo implica más o menos eficacia. Los retrasos injustificados, la falta de medios, la influencia mediática… no son sólo problemas de forma o envoltura. Convierten a la justicia en injusta. Generan sufrimiento y provocan violaciones de los derechos fundamentales de las personas reconocidos en nuestra Constitución.
Si se trata de menores el problema es aún más grave. La exigencia de una justicia respetuosa con los derechos humanos se convierte en ineludible cuando de niños hablamos. Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico como psicológico, como por sus necesidades emocionales y educativas. Es la base de la menor culpabilidad de los niños en los conflictos con la justicia. Y es el fundamento de un sistema separado de justicia de menores que implica un trato diferente a los niños.
Poner el interés superior del menor, que consagra la Convención de Derechos del Niño de 1989, es ineludible en esa justicia de menores. Pero desgraciadamente, tanto en la práctica, como en algunas reformas legislativas (como la introducida por la Ley 8/2008) la tensión entre resocialización y endurecimiento penal, fruto de teorías como la del derecho penal del enemigo, se reproduce continuamente a la hora de aplicar la justicia a los niños y niñas. Fruto de alarmas sociales frecuentemente poco fundadas, se presiona para resolver todos los conflictos sociales a tope de derecho penal, se presiona para endurecer las penas a los menores, incluso para rebajar la edad penal a los 12 años.
En Cádiz, la justicia de menores no es ajena a estos problemas. En el informe que ha elaborado la delegación de Cádiz de la APDHA, se constata la escandalosa falta de medios (humanos y de infraestructuras), la provisionalidad de jueces y fiscales, la falta de especialización de todos los intervinientes, la no unidad de expedientes, la excesiva duración de los procedimientos, la falta de atención a los problemas surgidos en los centros de menores, la privatización de los mismos, la infrautilización de los sistemas de mediación, la excesiva utilización de las penas de internamiento (los porcentajes más elevados de toda Andalucía), la falta de medios para medidas alternativas como los trabajos1 en beneficio de la comunidad, etc…
Esta visión sumamente crítica de la Justicia de Menores en Cádiz exige cambios en profundidad. Y no sólo de medios, sino sobre todo de mentalidades. Para dejar de considerar mayoritariamente a los niños como un peligro social y empezar a tratarlos como exigen las leyes y el sentido común, niños que necesitan ser protegidos porque son el futuro.
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