LAS PERSONAS PRESAS ENFERMAS SIGUEN PERDIENDO NUMEROSAS CITAS MÉDICAS.

La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida ENLACE y la Federación Provincial de Drogodependencias LIBERACIÓN muestran su preocupación porque numerosas personas con enfermedades muy graves siguen sufriendo injustificadas y reiteradas pérdidas de citas con especialistas del Servicio Andaluz de Salud.

  La asistencia sanitaria dentro de prisión ha sido objeto de innumerables quejas por parte de las personas internas atendidas desde nuestras asociaciones. Se trata de un aspecto que tanto personas presas, como sus familiares viven con especial preocupación puesto que salud e integridad física son un presupuesto fundamental para el goce de los derechos de las personas presas, así como un requisito esencial para intentar un proceso de reintegración social a la vida en libertad.

Una de las deficiencias más graves de la sanidad penitenciaria, son las injustificadas y reiteradas pérdidas de citas con especialistas del Servicio Andaluz de Salud. Se trata de una problemática ampliamente conocida y sobre la que se han planteado innumerables quejas ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y el Defensor del Pueblo. Ya en 2001 nos referimos a esta grave situación por la que una media anual del 35 % de las personas internas perdían sus citas con especialistas, una y otra vez, por no personarse en la prisión efectivos policiales para realizar las conducciones a los centros hospitalarios. De igual modo tampoco se respetan los días marcados para operaciones quirúrgicas con la consecuente caducidad de las pruebas preanestésicas, con lo que el paciente ha de empezar de nuevo todo el proceso.

En aquellos momentos, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, por medio de auto de fecha 12/2/02, instaba por un lado a la Junta de Andalucía y a Instituciones Penitenciarias a la aplicación del Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria de 23 de marzo de 1992, sin efectividad real desde esa fecha; y por otro a la Dirección del Centro Penitenciario de Sevilla II a cumplir con su competencia como responsable de velar por la vida, integridad y salud de los internos. Cinco años después, la situación sigue siendo la misma y las administraciones competentes siguen sin hacer absolutamente nada. Según fuentes penitenciarias, en Sevilla II en 2006 se perdió el 42’6% de las citas. Nos ha llegado algún caso de 14 pérdidas de citas en este año.

Este asunto ha suscitado también la preocupación del Defensor del Pueblo Andaluz, reflejado en varios de sus informes. Las actuaciones de esta Institución, que han sido múltiples en todos los sentidos, con requerimiento a todos los organismos implicados en la resolución del problema (DGIIPP, Consejería de Salud, Consejería de Justicia y Administración Pública, Delegación de Gobierno e incluso el propio centro penitenciario) han resultado, hasta el momento, igualmente infructuosas. En fechas recientes el Defensor del Pueblo nos ha confirmado que el problema sigue igual.

Según la legislación penitenciaria, la Administración tiene que velar por la vida, integridad y salud de las personas presas, asegurando una atención equivalente a la dispensada al conjunto de la población libre. La asistencia especializada se asegurará a través del Sistema Nacional de Salud y corresponde al Director del centro penitenciario disponer lo necesario para efectuar el traslado de cualquier interno que precise ingreso hospitalario, consulta médica o prueba diagnóstica, correspondiendo la vigilancia y custodia de los detenidos y presos a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La situación es mucho más grave que cuando empezamos esta denuncia en el año 2001, ya que podemos afirmar, por lo que constatamos en nuestro trabajo diario dentro de la Prisión de Sevilla II, que los presos han perdido la confianza en las Instituciones para la resolución de esta problemática y han abandonado la interposición de quejas correspondientes tanto a la Jueza de Vigilancia como al Defensor del Pueblo, por entender que no resuelven absolutamente nada.

Recordamos, además, que el escaso personal sanitario de las prisiones depende jerárquicamente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y son médicos de atención primaria, es decir, no preparados para atender enfermedades infecciosas tan comunes en prisión. A todo lo anterior hay que añadir la situación de masificación actual del sistema penitenciario; las prisiones andaluzas presentan una tasa media de hacinamiento del 172’74%.

Queremos denunciar igualmente la inaplicación del Convenio Marco de colaboración en materia penitenciaria, entre la Junta de Andalucía y la Administración central de 23 de marzo de 1992. En dicho convenio se preveía:

-La atención especializada en régimen ambulatorio dentro de los centros penitenciarios. Según el Convenio, el SAS “ofertaría a sus médicos especialistas la posibilidad de pasar consulta en el interior de los centros penitenciarios”. Aunque lo ideal sería que las personas presas salieran a los hospitales, esta medida podría paliar provisionalmente el problema de las pérdidas de citas, pero nada se ha hecho desde entonces.

-Un hospital de referencia en Sevilla II, que debía ser único y que son varios, suponiendo múltiples problemas de coordinación: citas el mismo día en distintos hospitales, con la imposibilidad de acudir a todas; no existencia de profesionales como referente para que la coordinación entre el Servicio Andaluz de Salud y los servicios sanitarios del centro penitenciario sea adecuada, de forma que haya una programación de la atención según la evolución clínica.

-Las reuniones de seguimiento del convenio y la elaboración del programa anual de colaboración, donde debía de haberse previsto la resolución de esta problemática y las tareas a desempeñar por parte de la Consejería de Justicia y Administración Pública que nunca se realizaron.

Por todo ello, exigimos que las autoridades competentes realicen el trabajo que les corresponde para resolver esta situación, en general tomando las medidas necesarias par la ejecución del auto del JVP de 12/02/02 y en concreto:

•  Al centro penitenciario Sevilla II , que se coordine con la Delegación de Gobierno para impedir la pérdida de citas.

•  A la Delegación de Gobierno que garantice la presencia de efectivos policiales para las conducciones a los centros hospitalarios; nunca faltan para las conducciones para diligencias judiciales.

•  A la Consejería de Salud que tome las medidas necesarias para incentivar a los médicos especialistas para acudir a consulta a los centros penitenciarios y para que los médicos del SAS realicen un seguimiento a sus pacientes presos, averiguando el motivo de no acudir a una cita y facilitando y promoviendo, en caso de que la pierdan por causas ajenas a ellos, otra nueva en el menor plazo posible.

•  Y a la Consejería de Justicia y Administración Pública y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias , que cumplan el Convenio marco de colaboración en materia penitenciaria, de 23 de marzo de 1992.

Por último, demandamos que se haga efectivo el traspaso del sistema penitenciario de salud por parte del Ministerio del Interior a las Comunidades Autónomas con competencias sanitarias, tal y como establece la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Este traspaso tenía que haberse hecho antes del 1 de diciembre de 2004, pero a día de hoy sigue sin ser realidad.

La situación es de una extrema gravedad; las personas presas están viendo vulnerados derechos básicos como la vida, la salud y la integridad. Las autoridades competentes conocen desde hace tiempo esta situación y no han hecho absolutamente nada para resolverlo.

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