Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy en rueda las principales situaciones de vulneración de Derechos Humanos que ha detectado en 2012 en nuestra comunidad autónoma y que afectan, tanto a colectivos ya excluidos socialmente, de forma aún más severa, como a un espectro cada vez mayor de población andaluza.
Pablo Mª Fernández, Vicecoordinador de la APDHA y coordinador del área de Marginación, ha comenzado su intervención apuntando que desde hace 4 años las referencias a la situación de crisis social y económica que sufrimos han presidido la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo nunca como este año, cuando se cumplen 64 años de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal, se ha podido hablar con más sentido de que vivimos una auténtica emergencia social.
La APDHA lanza una voz de alerta: los derechos humanos están en peligro, están siendo desmantelados por las políticas de los gobiernos frente a la crisis, políticas basadas en la austeridad a ultranza, drásticos recortes sociales para contener el gasto público y la limitación del déficit a niveles casi imposibles de cumplir.
Estas políticas no persiguen sacar al país de la crisis y apoyar a la ciudadanía en sus graves problemas originados por el capitalismo más depredador. Están marcadas por la prioridad en el pago de la deuda a los bancos y el rescate de los mismos cuando lo necesiten con presupuesto público.
Las consecuencias de los recortes sociales que implican estas políticas están a la vista de todos y todas. Desde las clases medias a los sectores más desfavorecidos de la sociedad lo están padeciendo. Las consecuencias son aún más graves: los recortes sociales matan. Tienen víctimas reales, de carne y hueso.
Las cifras de paro resultan absolutamente alarmantes: casi seis millones de parados en España y un porcentaje de paro del 36% en Andalucía, con un millón de personas paradas, marcan una realidad insoportable para muchas familias. El derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente, se ha convertido en una auténtica quimera. En este marco se explica el aumento de la pobreza, con un casi un 35% de la población andaluza en riesgo de sufrirla, la exclusión social, la pobreza infantil, la actividad de los comedores sociales, de los bancos de alimentos o las asistencias de Cáritas, en un cuadro social demoledor.
La dependencia, la sanidad, la educación, el funcionariado, las políticas de igualdad, la drástica reducción del gasto social, la ausencia de políticas de reactivación… Una lista de despropósitos y de violaciones de derechos humanos.
Despropósitos que ni siquiera van acompañados de una sola medida para recaudar a los más ricos. Ni una sola. Y ello porque creemos que no se trata sólo de recortes sino que expresa un proyecto político de mayor alcance: con la excusa de la crisis se trata de poner en marcha un cambio de modelos social, político y económico al servicio de los más ricos y marcado por unos valores ideológicos profundamente reaccionarios; valores que se sitúan muy lejos1 de los que inspiraron nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
APDHA quiere destacar algunas de las vulneraciones de derechos fundamentales que durante este año que termina, y en el presente contexto de emergencia social, se han convertido en nuestras principales líneas de trabajo y denuncia dentro de algunos de los habituales ámbitos de actuación de nuestra asociación.
Inmigración
Carlos Arce, Coordinador del área de Inmigración, ha comentado las principales situaciones que han menoscabado los derechos de las personas migrantes:
1.-Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) en Andalucía. Lamentamos que se mantenga en funcionamiento el CIE de Algeciras, donde, en un contexto de condiciones materiales deplorables, se siguen vulnerando derechos básicos de los internos. Sin embargo, durante el año 2012 hemos recibido una buena noticia: el cierre de CIE de Capuchinos en Málaga. También valoramos positivamente el hecho de que ya haya fecha para el juicio de los policías nacionales que presuntamente abusaron sexualmente de internas de este centro.
2.-Muertes y vulneración de DDHH en las fronteras andaluzas. De nuevo este año más muertes de migrantes y de vulneración de los derechos humanos en las fronteras. Especialmente trágicos fueron los casos de Isla de Tierra, donde el Gobierno español desatendió sus obligaciones humanitarias y expulsó ilegalmente a Marruecos a 70 personas que fueron maltratadas por las fuerzas policiales marroquíes y el de la muerte/desaparición de más de 50 personas en el naufragio de una patera el pasado mes de octubre ante la inacción del dispositivo de Frontex desplegado en Andalucía.
3.-Derecho de acceso a la sanidad de las personas extranjeras. El RDL 16/2012 excluye de la cobertura sanitaria normalizada a las personas extranjeras en situación irregular. El Gobierno andaluz ha afirmado públicamente que esta exclusión no será efectiva en nuestra CA, aunque se niega a aprobar un instrumento normativo que respalde esa voluntad política y ya se han documentado incidencias desde la entrada en vigor del RDL el mes de septiembre.
Marginación
Pablo Mª Fernández ha proseguido indicando las principales vulneraciones de derechos en temas de marginación y vivienda:
4.- Aún no se ha aprobado en Andalucía la tantas veces prometida Ley de Inclusión. Y ello a pesar de casi el 35% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un 29,3% de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, 308.800 menores en Andalucía son pobres y una tasa de paro del 35,42%, 55% de ellos jóvenes. La renta básica que contempla nuestro Estatuto sigue sin ponerse en marcha.
5.- Derecho a la vivienda digna. No sólo no se ha erradicado el chabolismo en Andalucía, sino que no paran de surgir nuevos asentamientos poblados por personas que están en la más absoluta miseria y a los que las administraciones dan la espalda, cuando no los violentan con las crecientes intervenciones policiales. La Junta debe afrontar el problema de la vivienda y declarar el estado de emergencia habitacional habilitando espacios dignos para alojar a familias afectadas hasta alcanzar una solución definitiva. En este sentido reivindicamos el derecho al uso de una vivienda digna para toda la ciudadanía, la promoción de la vivienda pública, la rehabilitación de barriadas deterioradas, una mejor gestión del hábitat y el cese de desalojos1 por motivos económicos. Se debe poner a disposición de la ciudadanía las más de 550.000 viviendas vacías existentes, despenalizar la ocupación y garantizar los suministros de agua y luz para todos los hogares.
6.- Dependencia. Lo que se concibió como otro pilar del estado del bienestar, la Ley de Dependencia, está siendo desmantelada. Cada vez se cobrará menos, cobrará menos gente, se extenderá el copago y será imposible cobrar lo atrasado. Lo normal será morirse antes de alcanzar la prestación.
Cárceles, sistema penal, derechos y libertades
En cuanto al ámbito de prisiones y sistema penal, Carlos Arce ha expuesto las vulneraciones de mayor relevancia:
7.- Malos tratos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía. En los últimos ocho años 971 ciudadanos andaluces han denunciado haber sido víctimas de este tipo de actos. Andalucía aparece como una de las comunidades con más denuncias acumuladas. Esta situación tiene relación con la impunidad con actúan sus autores, favorecida por el amparo de los poderes del Estado. Valga como ejemplo la falta de identificación policial en sus actuaciones en manifestaciones. O el incalificable indulto a los cuatro Mossos de Esquadra tras haber sometido a tortura, uno de los peores crímenes que puede cometer un funcionario, a un ciudadano, sin que ni siquiera llegaran a entrar en prisión.
8.- Supresión de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria. La Consejería de Justicia e Interior decidió suspender la asistencia a presos/as en mayo del 2012. Se trata de un inadmisible recorte de recursos que afecta a los derechos de las personas más desfavorecidas. Este servicio permitía atender a todas las necesidades jurídicas de estas personas una vez que habían ingresado en prisión, quedando en la actualidad en el más absoluto desamparo.
9.- Cobrar por la comida en prisión de un preso andaluz. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional declaró en Sentencia de 29 de octubre de 2012 que las personas presas perceptoras de prestaciones no contributivas deben pagar por su comida si así lo decide la comunidad autónoma. Esto atenta contra el principio de igualdad respecto al resto de presos/as con capacidad económica que no tienen que pagar por su manutención y con respecto al ciudadano en general.
10.- El sistema penal se endurece y el acceso a la justicia es más caro y con menos garantías. España, siendo el país con menos delitos de la UE, es el que más personas tiene en las cárceles. El sistema penal en España es uno de los más duros de Europa, e incrementa las penas hasta límites difícilmente constitucionales, especialmente con la puesta en marcha de la cadena perpetua, fruto de impulsos legislativos de populismo punitivo. Las tasas alejan de la justicia a los ciudadanos más débiles, y socaba la tutela judicial efectiva que el Estado debe garantizar.
11.- Retroceden los derechos y libertades ciudadanas. La comprensible indignación social ante los recortes y destrucción de derechos sociales y su expresión democrática en la calle está además siendo criminalizada y reprimida, e incluso amenazada la libertad de expresión, uno de los pilares básicos de la democracia. El Gobierno sólo parece tener una respuesta: el recurso a la represión descarnada y el recorte de los derechos y libertades.
Educación
12.- Los recortes en materia educativa ponen en cuestión la calidad, la equidad y la cohesión social en el sistema de educación pública. Estas políticas hacen prácticamente imposible la sostenibilidad de los centros públicos; sus plantillas se ven reducidas y precarizados sus derechos laborales, lo que unido al aumento de la ratio en primaria y secundaria, desemboca en la masificación de las aulas y en la pérdida de calidad de la enseñanza. El incremento del precio de las matriculas universitarias y la disminución de las becas, el cobro de tasas de los ciclos formativos de FP que hasta ahora eran gratuitos o la eliminación o reducción de programas educativos dirigidos al alumnado con mayor dificultades, quiebran la equidad y la cohesión del sistema.
13.- Un proyecto de reforma educativa que potencia la enseñanza privada y camina hacia una escuela elitista y clasista. La reforma educativa que pretende llevar a cabo el Gobierno viene a confirmar la dirección política de los descritos recortes presupuestarios: un continuo socavamiento de las bases del sistema educativa público en favor de la enseñanza privada. Pero además se trata de un proyecto que desanda los avances conseguidos en los últimos decenios. Defender el derecho humano a la educación –un derecho básico establecido en nuestra Constitución y en la DUDH- es defender una educación de calidad y en condiciones iguales para todos, y para ello es esencial una buena educación pública.
El derecho a la salud
14.- La salud recibe un golpe mortal entre recortes y el desmantelamiento de los pilares básicos del sistema sanitario público: El derecho a la salud, la universalidad de la atención sanitaria, la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo de la Sanidad Pública. Se buscan dos modelos sanitarios (una sanidad para ricos y otra para el resto) en el que la sanidad para pobres será de poca calidad y menos prestaciones. Y, por otro lado, pretende sin ningún tapujo promover y apoyar desde el Estado el desarrollo de la sanidad privada y de los seguros privados, los cuales conciben la salud, no como un derecho, sino como un negocio. Ello va a afectar de forma discriminatoria especialmente a los colectivos más vulnerables en este contexto de crisis, como son los estudiantes y jóvenes mayores de 26 años; o a personas en situación más precaria que han vivido en la irregularidad laboral o que no han podido trabajar; sin duda a personas jubiladas y pensionistas más vulnerables; y también y de forma destacada a las personas inmigrantes.
Andalucía, 10 de diciembre de 2012
