La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige una investigación y la actuación de la justicia en los vuelos secretos de la CIA sobre España o en la actuación de agentes españoles en Guantánamo
La aprobación del informe Fava por el Parlamento Europeo ha ratificado lo que era un secreto a voces: la vulneración del Derecho Internacional de forma masiva por parte de EE.UU. con la colaboración y complicidad de los gobiernos Europeos a partir del 11 de septiembre de 2001.
En lo que respecta a España ha quedado clara la escala de vuelos secretos de la CIA en aeropuertos españoles que llevaban a personas detenidas ilegalmente, y cuyo destino eran terceros países donde esas personas fueron sometidas a torturas de todo tipo.
Se ha sabido además el uso para dichos vuelos de las bases militares de Rota y Morón. Lamentablemente el Estatuto de Andalucía recientemente aprobado no contempla competencia alguna en el control sobre el uso de estas bases. Lo que no obvia para que el Parlamento Andaluz y la propia Junta tomen las iniciativas necesarias ante el gobierno para que las bases en territorio andaluz dejen de usarse como apoyo para misiones de agresión a otros territorios y pueblos o para acciones como los vuelos secretos aludidos.
Poco a poco se va conociendo la implicación de Estados como el español en estas gravísimas vulneraciones del derecho internacional, particularmente de la Convención de Ginebra relativa al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III). El conocimiento que se ha tenido en estos días de que el gobierno de Aznar envió a agentes españoles a interrogar ilegalmente en la ilegal base de Guantánamo a prisioneros de otros países, va despejando poco a poco la implicación española en la estrategia de la “guerra contra el terrorismo” que impulsa EE.UU. En este sentido es particularmente bochornoso el pacto secreto entre el gobierno de Zapatero y el de EE.UU. por el que los agentes de los «servicios de inteligencia» norteamericanos pueden actuar en el Estado Español
Desde el punto de vista de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, estas actuaciones no sólo suponen un grave atentado contra los derechos humanos y el derecho internacional, lo que implica las responsabilidades políticas correspondientes de aquellos que lo autorizaron e impulsaron dentro del Estado. También creemos que deben ser objeto de responsabilidad penal, en la línea de lo señalado por la sentencia del Tribunal Supremo de 22-6-06 que declaraba ilegal el campo de Guantánamo y todas las actuaciones que se derivaran del mismo.
Esta sentencia se realizó en el caso del llamado “talibán español” Ahmed Abderrahamn Ahmed, ciudadano ceutí, al que nuestra Asociación dio su respaldo. Precisamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Ana Palacio en aquél momento, en una cínica respuesta al Defensor del pueblo ante la queja presentada por la APDHA sobre la situación de los detenidos en Guantánamo y en especial del ciudadano español internado en aquel infierno, afirmaba que “ la presencia constante en dicha base de delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, garantiza una adecuada salvaguarda de los derechos básicos de los detenidos, que ha podido ser constatada por personal de la Embajada en las tres visitas que ha podido realizar a la base».
Todos estos hechos, ampliamente conocidos y difundidos por la prensa nos llevan a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
– a exigir la constitución de una comisión parlamentaria que investigue todas las responsabilidades que pudiera haber lugar y la posible continuación de estas prácticas abominables.
– a pedir a la Junta de Andalucía y al Parlamento Andaluz que exijan al Gobierno español el cese inmediato de todo tipo de actividades ilegales desde las bases de Rota y de Morón
– a pedir la actuación penal de la justicia sobre estas actuaciones, manifestando nuestro apoyo a algunas de las instrucciones abiertas, alguna de ellas por la Asociación libre de Abogados.
– a desarrollar todo tipo de iniciativas a todos los niveles para aclarar todos estos hechos y para exigir el cierre inmediato de la base de Guantánamo.