La organización internacional Women’s Link Worldwide pedía este mes de junio a la ONU que investigue de manera urgente las vulneraciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y trabajadores migrantes de la fresa en España, ya que el contexto actual debido a la COVID-19 agrava la situación existente y favorece la aparición de nuevas vulneraciones de derechos.
Ya este enero, el relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston señalaba que los temporeros y temporeras de la fresa en Huelva vivían como animales (literal) mientras la industria recauda millones de euros. Y concluía que «en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados».
Trabajar de 10 a 12 horas diarias, sin pausa, ni la media hora para el bocadillo. Sin ningún tipo de medidas de seguridad o higiene. Viviendo en barracones o en espacios hechos de palé o plásticos que tienen que pagar por ello cada día. Sin agua corriente o escasa y solo para ducharse. Además, cada vez tienen que recoger más frutos porque cada vez hay más presión y más normas.
A esta situación, le acompaña un método de trabajo que la empresa agrícola utiliza para amedrentar a las jornaleras, con el fin de que sean más productivas, llamado “la lista”. Este sistema consiste en que las cinco personas que menos cajas recojan corren el peligro de quedarse sin trabajo haciendo que las trabajadoras compitan entre ellas.
En una tierra donde hay sequía y se esquilman los recursos hídricos de Doñana, no es lógico cultivar fresas y frutos rojos que requieren de regadío. Un informe reciente publicado por la Organización Mundial por la Naturaleza WWF apunta que los acuíferos se han visto reducidos en un 80%, lo que lleva a que se estén quedando secos por la sobreexplotación, situación que puede llevar a la absorción de la escasa agua subterránea que queda en este paraje natural. Una industria con fecha de caducidad que fuerza una maquinaria para sacar el mayor beneficio a costa de seres humanos.
Este es el caso de una persona que vivió de primera mano esta realidad.
