Por otro lado se ha puesto de manifiesto la denuncia realizada por parte de una vecina de la localidad de Lucena contra los malos tratos que le infringieron agentes de la Policía Nacional en el transcurso de lo que la perjudicada considera una detención ilegal.
Las personas presas del Centro Penitenciario de Córdoba, debido a la situación de indefensión, vulnerabilidad, de temor a no acceder a beneficios penitenciarios y sufrir represalias no se atreven en la mayoría de las ocasiones a denunciar los casos de vulneración de sus derechos fundamentales que puedan sufrir dentro de prisión. Sin embargo, sus familiares poco a poco van adquiriendo mayor protagonismo en este ámbito, y sus constantes denuncias deberían ser tenidas en cuenta por parte de los profesionales (abogados por ejemplo) e instituciones públicas (Juzgados de Guardia, Ministerio Fiscal, Administración Pública, Inspección Penitenciaria…), dándoles mayor credibilidad y procediendo a su investigación hasta sus últimas consecuencias, evitando que tantas denuncias acaben archivadas sin más trámite.
Estas prácticas no son diarias ni generalizadas por parte del colectivo de funcionarios de prisiones. Pero en atención al número de denuncias y quejas de los presos y sus familiares, y siguiendo las constataciones de organismos de la ONU y Consejo de Europa, se puede concluir que existen situaciones de impunidad. Un gran freno a dicha impunidad sería que otros trabajadores (funcionarios, médicos, educadores sociales, psicólogos…) denunciaran aquellas situaciones de este perfil de las que tuvieran conocimiento a través de sus responsabilidades profesionales, algo que desgraciadamente es muy infrecuente. Igualmente resultan ineficaces los recursos y los procedimientos establecidos por la propia Institución Penitenciaria para su prevención.
Por ello, la situación se puede considerar incontrolable ante la escasa implicación de la dirección del centro y de los servicios sanitarios, que deberían abrir investigaciones y emitir partes médicos. Por ello y porque el forense no acude hasta pasado más de un mes, los autores quedan impunes.
Partiendo de la base que algunas de las denuncias que se formalizan pueden no ser ciertas (igual que ocurre con otros asuntos judiciales), llama especialmente la atención como en el último año hemos recibido el doble de solicitudes para que les tramitemos el traslado a cualquier otra prisión del territorio nacional (especialmente del norte) aunque eso les haga estar lejos1 de sus familiares y amigos, ya que afirman que nunca antes habían sufrido condiciones de vida tan duras en una prisión como las que dicen han encontrado en la de Córdoba.
Consideramos que la realidad descrita (y la que revela las últimas detenciones de dos funcionarios por introducir supuestamente droga en el interior de prisión), pone de relieve que estamos muy lejos1 de que el Centro Penitenciario de Córdoba se convierta en un barrio más de la ciudad, como hace unos días declaraba la nueva directora de la prisión.
Respecto a la actuación desproporcionada de la Policía Nacional en Lucena la persona denunciante señala que se empleó la fuerza de una manera totalmente injustificada, viéndose gravemente violados los principios que deben regir toda detención como son los de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. También afirma que estos hechos le han traído graves consecuencias tanto para ella como para su familia.
Situaciones como éstas no hacen sino violar de manera flagrante los derechos más fundamentales de la ciudadanía cordobesa, y por supuesto, ponen en entredicho la imagen de una ciudad que aspira ser la capital de la cultura en 2016.
Desde marzo de 2010 hasta el día de hoy hemos recibido en la Asociación las denuncias de al menos 9 personas presas que afirman haber sufrido malos tratos en el Centro Penitenciario de Córdoba. Aquí vamos a realizar un pequeño resumen de cada uno de los casos y que se han concretado en lesiones, malos tratos, rigor innecesario y/o extralimitación en el uso de medios coercitivos.
Caso número 1: Francisco Villegas Soto: testimonio de su madre Ana María Soto Villegas.
Agosto de 2010. Los hechos ocurrieron a las 11:00 horas del día 14 en el Centro Penitenciario de Córdoba. Ese mismo día su madre se personó en la prisión con la intención de ver a su hijo, si bien una vez en el lugar, el funcionario de guardia le dijo que no podía comunicar con su hijo ya que estaba aislado.
El día 17 de agosto de 2010 sobre las 10:00 horas recibió una llamada de su hijo Francisco el cual le comunicaba que el pasado día 14 sábado, sobre las 11:00 horas le habían agredido los funcionarios del Centro y que a consecuencia de la lesión sufrida no podía mover la mandíbula, así como que tenía dolores en todo el cuerpo por los golpes recibidos.
Le comunicó que todo había ocurrido a consecuencia de que había estado jugando una partida de parchís con su compañero de celda en el módulo 12 y que por una apuesta que ambos habían hecho, él se había reído en el momento en que pasaba por su lado una funcionaria y que pasado un rato y cuando él ya se encontraba en la carpintería de la prisión se le acercó un funcionario y lo llevó al módulo 15 donde se personaron 8 funcionarios entre los que se encontraba la funcionaria y comenzaron a darle golpes por todo el cuerpo. Dicha funcionaria le retorció el brazo mientras el resto de funcionarios le pegaban y le insultaban tanto a él, como a sus hijos1 como a sus familiares. Que la referida funcionaria una vez lo soltó del brazo comenzó a darle golpes siendo ésta la que le hizo las lesiones de la mandíbula.
Uno de dichos funcionarios le dijo: “Si denuncias lo vas a pasar peor”. Cuando terminaron de agredirlo lo dejaron en el módulo 15 donde lo tuvieron aislado, incomunicado durante 5 días y sin comer durante 24 horas. Su hijo le dijo que cuando le pegaron la paliza fue visitado por un médico de la cárcel, el cual le preguntó sobre lo que le había ocurrido, a lo que él no contestó ya que temía la reacción de los
funcionarios allí presentes, no habiendo extendido el referido médico ningún parte de lesiones.
Su madre ha interpuesto dos denuncias los días 17 de agosto y 4 de septiembre de 2010.
Caso número 2:
Octubre de 2010. El interno terminó de comunicar con su hermano. Sobre las 17:50 dice que tres funcionarios que se encontraban bajo los efectos del alcohol le agredieron en el patio. Le dieron especialmente en las costillas y en la cara. A los 20 minutos le volvieron a agredir y los familiares estuvieron sin tener noticias de él hasta pasados unos días. Le amenazaron de muerte si hablaba de lo que había pasado y le metían droga en la boca para que la analítica diera positiva. El interno señala que tenía lesiones por todo el cuerpo y la cabeza. El médico dentro de prisión no lo vio y el médico forense lo vio al cabo del mes.
Caso número 3:
Octubre de 2010. El interno afirma que varios funcionarios de la prisión de Córdoba le llevaron a una celda con un banco de hormigón. Allí lo desnudaron y esposado de pies y manos le agredieron. El preso señala que tenía toda la cara y el cuerpo lleno de moratones e inflamado. Lo trasladaron al módulo 15 y estuvo 14 días en aislamiento.
Caso número 4:
Mayo de 2010. Centro Penitenciario de Córdoba. El interno llega tarde a su celda por estar haciendo tareas de limpieza del módulo. La puerta se cerró y quedó fuera de la celda. Los funcionarios lo llaman por megafonía y le piden que baje, Le dicen que se meta en un despacho y que se desnude para cachearlo. Al ir a vestirse el interno afirma que le dan unas guantadas mientras se ríen.
Junio de 2010. El preso va a la enfermería. Un funcionario le dice que se meta en un cuarto para cachearlo. Entra otro funcionario distinto y se le insinúa, pidiéndole que le enseñe los genitales y preguntándole si le puede tocar. El interno le dice que le deje en paz y el funcionario le pregunta si necesita dinero, enseñándole un billete de 100 euros. El interno le repite que le deje en paz. El funcionario le toca el torso, ante lo cual el interno le empuja y sale del cuarto. El preso afirma que este mismo funcionario lo acosó durante meses en el año 2004 mientras se encontraba en 1º grado en el módulo 15.
Junio de 2010. El interno llega tarde a recoger su medicación a la cabina de los funcionarios. El preso manifiesta que uno de ellos le dice que la próxima vez que llegue tarde lo mete en un cuarto y le rompe los tres dientes que tiene.
Octubre de 2010. Después de comunicar le cachean y le acusan de portar droga, le agreden y le llevan hacerle placas radiológicas para confirmar si se ha introducido alguna bolsa de estupefacientes en su cuerpo, no le encuentran nada y lo llevan para aislamiento, donde le atan y le vuelven a agredir.
En otro momento el preso estaba jugando al parchís y le llaman por la cabina y le dicen que le iban a pegar de nuevo, pero el funcionario le dice que era broma y se burlan de él.
Caso número 5:
Agosto de 2009. Módulo 5. El preso afirma que unos funcionarios le agredieron y que otro funcionario tuvo que intervenir para que pararan. El preso afirma haber sido víctima de amenazas y de malos tratos por parte de funcionarios de la cárcel cordobesa, dice que lo tratan como a un terrorista. Los abogados de la asociación percibimos en la entrevista que se encontraba muy mal, muy deprimido y asustado, le habían pasado a primer grado. Como “castigo” actualmente se encuentra en otra prisión muy lejana, cuando su familia se encuentra en Córdoba. La condena ahora no sólo la sufre el interno sino también toda su familia.
Caso número 6:
Mayo de 2010. No quiere denunciar, tiene miedo a las represalias de los funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario de Córdoba. En un registro le cachearon y le encontraron droga, este fue el único motivo por el cual el preso afirma que le pegaron.
Caso número 7:
Primera denuncia en el año 2004.
Febrero de 2007. Al interno le trasladaron desde la prisión de Huelva hasta la de Córdoba para asistir a un juicio por una pelea que había tenido con un funcionario de la prisión de Córdoba. Su madre manifiesta que cuando fue a visitarlo pudo observar que su hijo presentaba lesiones en la cara y en la espalda, y al preguntarle qué le había sucedido, su hijo le dijo que lo habían metido en una celda de castigo y que había sido agredido por seis funcionarios, entre ellos el mismo que ya denunció por agresión en otra ocasión y contra el que debía acudir a juicio. El preso afirma que
había sido atendido de dichas lesiones por la doctora del Centro Penitenciario, aunque no existe ningún parte médico de asistencia.
Año 2010. Módulo 15. El preso afirma que le agreden y un funcionario le rompe la mandíbula. Estando en el patio paseando con otros internos cayó una lata con un mensaje dentro, una funcionaria le pidió que la recogiese y él se negó ya que no era suya. Tras negarse le metieron en el cuarto del educador y afirma que tres funcionarios intentaron golpearle y le amenazaron. Le dejaron ir al patio pero posteriormente 12 funcionarios le ataron las manos a la espalda, le quitaron las zapatillas y le llevaron a aislamiento donde le agredieron. Le practicaron un cacheo integral delante de la funcionaria anteriormente citada y le ataron con correas a una superficie de hormigón que hay en ese módulo de aislamiento.
Tras estos hechos le quitaron casi todos sus enseres y le amenazaban continuamente.
Caso número 8:
Marzo de 2010. El interno denuncia a los funcionarios de la Prisión por maltrato, abuso de poder, daños físicos y psíquicos. También le destrozaron sus pertenencias.
Caso número 9:
Marzo de 2011. El interno manifiesta que los funcionarios de la prisión de Córdoba le metieron en un cuartillo y le preguntaron si tenía pastillas y porros para que se los diera y que si no se los daba le pegarían.
El interno afirma que al ver que hablaban en serio le dio un porro y una pastilla. Le preguntaron si tenía más y él dijo que no.
Subieron a su celda y le cachearon y revisaron la celda encontrando 2 pastillas más. Allí el interno manifiesta que le pegaron en la cara. Entonces le llevaron al módulo 15 donde estaban esperándole 4 ó 5 funcionarios y manifiesta que todos le agredieron.
Según su versión, le partieron una muela y una paleta y le dejaron un ojo amoratado. El médico entró y le vio, aunque no fue testigo de la agresión, así como tampoco ningún interno. Estuvo en el módulo 15 hasta el día siguiente. Le han incoado un parte sancionador por estos hechos.
Michelle Pires Vieira: Testimonio de la denunciante.
Día 4 de marzo de 2010, sobre las 12:15 horas. Michelle y una amiga caminaban por la calle cuando de pronto las abordó un hombre vestido de paisano exigiéndole que se identificase. Ella pensó que se trataba de una broma o que estaba loco y se negó pidiéndole que le enseñara su identificación, él le enseñó una placa pero ella se negó a identificarse si no venía un policía de uniforme.
Él llamó por teléfono y llegaron tres agentes de policía vestidos de uniforme y él les ordenó que la esposaran y la llevaran detenida. Se abalanzaron sobre ella para ponerle las esposas y la separaron de su bebe de 11 meses.
Al tratarse de medio día y una calle céntrica, varios viandantes que la conocían (pues lleva viviendo en Lucena 9 años y su marido tiene un bar en el centro del pueblo) pedían a los agentes que la soltaran, que la conocían y que era inhumano lo que estaban haciendo con ella.
Según manifiesta Michelle la arrastraron por la calle durante unos 50 metros, fue humillada, golpeada forzada y separada de su bebé y conducida al calabozo de la comisaría.
De ser ciertos los hechos, simplemente la actuación policial resulta ser desproporcionada y violenta, incumpliendo los requisitos legales mínimos que deben observarse por las fuerzas y cuerpos de seguridad en este tipo de situaciones.
