Recientemente se aprobó en la Cumbre de París el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, en el que están presentes los principales elementos que vienen a configurar el actual núcleo duro de las políticas europeas respecto a la inmigración: inmigración escogida, refuerzo de las políticas y mecanismos de control y blindaje de fronteras, desarrollo de la Directiva entre otros.
En España se ha producido un importante giro restrictivo por parte del Gobierno en el abordaje del fenómeno migratorio y de la política hacia los migrantes que se concreta en: firma de la Directiva de Retorno y Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, endurecimiento de la reagrupación familiar, reducción a cero de las contrataciones en origen, programa de retorno para extranjeros en paro, posible reforma restrictiva de la Ley de Extranjería que ya hoy resulta inaceptable, etc…
Por otro lado se suman contra los/as inmigrantes unas medidas [y los discursos que las acompañan], que, en el contexto de grave crisis económica, no pueden sino generar, además, graves fracturas sociales. De ninguna manera se puede situar el problema del aumento de desempleo en la inmigración, y menos si cabe, responsabilizar a los inmigrantes de la situación económica de España, ni de los fracasos en materia de empleo, al ser ellos mismos los primeros en sufrir tales consecuencias.
El discurso de los/as políticos/as insiste en relacionar crisis, paro e inmigración. Y aunque las personas inmigrantes no han tenido responsabilidad en la gestación de la actual crisis, sin embargo se les relaciona, como si las restricciones en las políticas migratorias y en los derechos de los/as inmigrantes fuesen un factor importante en la superación de la misma. Incluso el reiterado mensaje “que no vengan más y que se vayan los que sobren” se presenta cínicamente como una manera de evitar que afloren posiciones xenófobas y populistas. Y a partir de ahí se justifica la desigualdad en el trato, la reducción de derechos y la discriminación. Son medidas, por otra parte, que no dejan de alentar el miedo y la inseguridad que siempre busca la protección a costa de lo que sea. Se trasladan así a la sociedad unas ideas que generan unos estados de opinión problemáticos que pueden llegar incluso a fraccionar nuestras sociedades (uniendo a la ya clásica fractura de ciudadanos/as con empleo y ciudadanos/as desempleados/as, una nueva y muy grave fractura: la de español-inmigrante)
Es verdad que la crisis va a golpear a amplios sectores de la sociedad española (dicen que lo peor está por llegar), pero al tiempo sabemos que los/as inmigrantes van a ser uno de los más afectados/as porque a las consecuencias socioeconómicas hay que sumar otras como irregularidad, inseguridad, amenazas de repatriación… y ello en un clima de recelo social.
En cuanto al retorno voluntario, entendemos que la medida introduce un nuevo y complejo supuesto en la normativa de extranjería, que no encuentra amparo en ninguna de las figuras existentes. El Real Decreto carece de la entidad jurídica suficiente para amparar un nuevo supuesto que incluya tanto obligaciones por parte del administrado/a como de la propia Administración.
Nos preocupa que cuando aún no hay un diagnóstico, ni propuestas compartidas sobre como afrontar la situación actual económica y de empleo, la primera de las medidas que el Gobierno va a llevar a la práctica sea la de favorecer el retorno de los/as inmigrantes desempleados/as. Esto es en realidad una expulsión encubierta ya que no se podrá regresar a España una vez pasados 3 años.
Nos parece un considerable retroceso en los muchos derechos conquistados. El mensaje que se da desde las instancias los gobiernos e instituciones europeas, es desde nuestro punto de vista no sólo erróneo, sino que pretende hacernos ver que las personas inmigrantes no tienen derechos básicos y elementales. La mencionada Directiva y las graves restricciones políticas, no acabarán con la inmigración irregular, y lejos1 de ser una medida disuasoria acrecentarán el sufrimiento de personas que su único delito es huir de la miseria y tratar de mejorar su calidad de vida. No puede ser este el pretexto para una reforma de la Ley de Extranjería, que fomente aun más la represión y que elimine derechos adquiridos, entendemos que las reformas deben hacerse para mejorar, y no para recortar los derechos humanos.
Entendemos que estas políticas y medidas restrictivas son lesivas para los derechos de las personas, y que para regular la inmigración no es necesario poner en marcha políticas incompatibles con el respeto a los derechos humanos, en una Europa que ha de ser sobre todo de derechos, además de una unión económica; una Europa Social, basada en el reconocimiento y en el respeto de los derechos de todas las personas.
La inmigración se valora en España y en Europa en función del beneficio económico con el mínimo coste, considerando sólo la faceta laboral de la persona inmigrante, eludiendo que cada trabajador/a es una persona con derechos. Lo que es fiel reflejo de una política utilitarista y defensiva frente a la inmigración, donde las personas inmigrantes, aunque sean regulares, siguen sin ser consideradas parte de la sociedad. De lo cual se aprovechan empresarios sin escrúpulos dentro y fuera de la economía sumergida.
Siempre nos hemos manifestado a favor de la inmigración regular, y somos consecuentes con lo que esto implica. Pero en una materia tan delicada como el trato a los/as extranjeros/as en situación administrativa irregular y los procedimientos para su expulsión del país, hay principios que no debemos olvidar:
- El respeto a los derechos humanos, en todo el proceso migratorio.
- No se pude aplicar un tratamiento pseudo-penal [como el que se aplica en los Centros de Internamiento] a personas que no han cometido delito alguno.
- No se puede aceptar como argumento (para apoyar la Directiva de Retorno) que determinados países de la UE tengan una regulación aún más lesiva en materia de derechos, porque para nosotros/as, siempre han de servir como referencia los más garantistas para con los derechos de las personas.
Si el modo en que un Estado trata a las personas inmigrantes da una medida de su democracia, difícilmente puede hoy sentirse alguien satisfecho.
Entendemos que alcanzar un acuerdo entre todos los Estados de la Unión, no justifica en modo alguno que para ello hayamos renunciado a un mínimo respeto a los derechos humanos, a los derechos de los inmigrantes. Y queremos que la sociedad española y la andaluza estén atentas a la posible modificación de la Ley de Extranjería en la que se pretende introducir nuevos y graves recorte de los derechos de las personas inmigrantes.
No entendemos que el discurso político se centre en el utilitarismo económico, el control, las fronteras y la seguridad, dejando de lado los aspectos relacionados con la integración, el arraigo laboral y social y los derechos humanos. Consideramos también que es obligado difundir otros discursos que alienten la solidaridad, la convivencia y el respeto hacia los inmigrantes que ya forman parte de nuestras sociedades y que son personas con derechos.
Creemos, en suma, imprescindible un giro en las políticas migratorias, de forma que la gestión de las migraciones sea extraordinariamente respetuosa con los derechos humanos.
