«Es precisamente cuando se presentan ideas que ofenden, chocan o perturban el orden establecido cuando la libertad de expresión es más preciosa».
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Otegi contra España
El año 2011 fue un momento de inflexión en nuestra historia reciente. El 15 de mayo de ese año, a un lado y otro del Mediterráneo, desde Tahir hasta Sol, las plazas de nuestras ciudades fueron desbordadas por el deseo de soberanía, libertad y dignidad. Siete años más tarde, tras una movilización social sin precedentes desde la década de los 70 del siglo pasado, asistimos a un más que considerable retroceso, con trágicos precedentes, en nuestros derechos y libertades. Aquellos que fueron conquistados por las generaciones que nos preceden y que hoy se desvanecen ante nosotrxs.
Cassandra, Catalunya, Strawberry, Hasel, Fariña, titiriteros o Valtonyc son las expresiones más recientes de un nuevo -y viejo- modo de ejercer la represión. En nuestro territorio la criminalización de la libertad de expresión también tiene nombres propios. En Granada, los raperos Ayax y Prok han sido acusados de un delito de injurias y calumnias contra la policía. En Málaga, cuatro activistas sociales han sido condenados por protestar en 2011 frente al antiguo CIE de Capuchinos. En Jaén, un joven ha sido condenado a pagar una multa de 480 euros por difundir un fotomontaje con su cara y la imagen del cristo de una cofradía. En Sevilla, la Fiscalía solicita una multa de 3.000 euros para cada una de las tres mujeres que participaron en la “procesión” del coño insumiso. Estos son tan solo algunos de los últimos casos que, en todo caso, se inscriben en una ofensiva contra los derechos y libertades fundamentales. De tal manera que el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana o la de Extranjería conforman todo un conjunto de normas que funcionan como auténticas leyes mordaza. Se trata de un giro autoritario: en menos de una década hemos asistido a la transformación de la defensa del Estado de Derecho en la defensa del Derecho del Estado.
Bajo el pretexto de estar luchando contra delitos de odio se ha acabado persiguiendo la libertad de expresión; bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad ciudadana se ha acabado persiguiendo el derecho de reunión. Como denuncia la plataforma No Somos Delito, al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana «se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no sólo en el marco de movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa». Nuestra sociedad, nuestras instituciones se han degradado sin darnos cuenta. Ha ocurrido mientras olvidábamos vigilar aquello que quedaba fuera del alcance de nuestra mirada. Este olvido tiene consecuencias porque aquello que hemos dejado de vigilar hoy está en peligro: los CIE, Archidona, Frontera Sur son la muestra más atroz de este olvido.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha denunciado en repetidas ocasiones que desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana hasta diciembre de 2016 se han impuesto un total de 285.919 multas con una cuantía total de 131.470.206 euros. Muchas de estas han sido impuestas a colectivos y movimientos sociales que defienden cada día nuestros derechos y libertades y que recaen individualmente en las personas que los configuran. Y es que si hay algo que queda claro en el análisis de esta nueva ola represiva es la intención del legislador de desmovilizar a las personas que día a día se organizan para que las cosas cambien, o al menos no empeoren. Personas que acogen a otras, se solidarizan en espacios públicos, denuncian actuaciones irregulares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, paran desahucios, y mucho más; en definitiva: personas a las que podríamos identificar como las defensoras de nuestro Estado de Derecho.
Es fundamental reaccionar y colectivizar nuestra respuesta ante estas medidas represoras en lugar de abandonar a las personas que se arriesgan en nombre de todas. Es hora de comenzar por cuidarnos unas a otras, puesto que un sistema como el que hemos descrito se sostiene en la individualización y criminalización de quienes lo sufren. Sólo si somos capaces de cuidarnos podremos experimentar la potencia de un nosotrxs que conquiste y defienda los derechos de cada unx. En nuestras manos está ahora cuidar lo que nos queda y organizarnos para recuperar lo que hemos perdido. Por todo ello saldremos a la calle el próximo 17 de marzo. Porque, como dice el poeta Enrique Falcón, para quienes aún vivimos en esta Europa muda son ciertos los caminos que anuncian la revuelta.