Manifiesto contra la Ley de Igualdad de la Junta de Andalucía: ¡No a la Ley Mordaza andaluza!

 

Legislar por una sociedad más justa no puede ir contra los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales y la libertad de expresión.

 

La ley de igualdad de género de la Junta de Andalucía vulnera derechos fundamentales de las trabajadoras del sexo y de la ciudadanía

En primer término, queremos aclarar que estamos a favor de legislar en pos de la igualdad, para conformar sociedades más justas y que garanticen y salvaguarden los derechos de todas las personas. Por lo que nos parece que una ley de igualdad es pertinente y necesaria.

Sin embargo, hay aspectos de esta ley andaluza que consideramos que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, limitan la fluidez necesaria del debate social en torno a qué hacer en el terreno de los derechos de quienes ejercen la prostitución, y pueden conllevar un aumento de la criminalización de estas personas, así como un aumento del estigma que soportan y mayor dificultad para ejercer sus derechos ciudadanos.

Y es que el artículo 76, en su apartado g) sanciona la organización de “actos culturales, artísticos o lúdicos que por su carácter sexista o discriminatorio por razón de sexo, vulneren los derechos previstos de esta Ley o justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia de género”.

La sanción de actos de carácter sexista, discriminatorio y que vulneran los derechos ya está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Lo novedoso y auténticamente problemático es que se pretendan prohibir manifestaciones públicas que justifiquen o inciten a la prostitución, pues con ello, quien legisla, tendrá capacidad para censurar cualquier discurso público que no se corresponda con su ideología, en este caso, abolicionista.

Para ejemplificar las vulneraciones de derechos fundamentales que las aprobaciones de esta ley suponen nos remitimos a un ejemplo reciente:

El 2 de junio de este año 2018 en Sevilla, y con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, se celebraron unas Jornadas bajo el título “Desmontando la prostitución: Las putas no piden permiso, piden paso”. Estas jornadas, que constituyeron toda una declaración de intenciones del colectivo de prostitutas que las organizó – el Colectivo de Prostitutas de Sevilla – fueron un importante hito para el movimiento por los derechos de los y las trabajadoras sexuales, al aunar en ellas diferentes voces que, desde muy diferentes ámbitos y con larga trayectoria, vienen defendiendo los derechos del colectivo y denunciando las consecuencias de la penalización de la prostitución en nuestro país.

Tras el anuncio de la celebración de estas jornadas, el Ayuntamiento de Sevilla emitió un comunicado en que dejó muy clara su intención de paralizarlas. Para ello, el consistorio pidió evaluación a los Servicios Jurídicos y trató de impedir el evento arguyendo que incumplía la Ordenanza Municipal para la erradicación de la prostitución vigente en la ciudad. Por suerte, y en orden a la ley, ya que la prostitución no es ilegal, y la libertad de expresión tampoco “fue resuelta desfavorable” y las jornadas pudieron celebrarse.

Si todo esto que estamos narrando sucediera estando vigente la ley de igualdad que el Gobierno de la Comunidad autónoma andaluza ha aprobado, estas jornadas podrían haberse considerado como un acto que justifica o incita a la prostitución, y, por tanto, podrían haber sido objeto de un procedimiento sancionador como infracción grave, con imposición de multa de 6.001 a 60.000 euros. Además, habría cabido la posibilidad de imposición de “sanciones accesorias”, como el cierre o suspensión de la actividad de la asociación hasta 3 años o la pérdida automática o prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la administración.

La Ley de Igualdad viene suscrita y fundamentada por un posicionamiento ideológico abolicionista sobre la prostitución. Con él se puede o no estar de acuerdo, pero imponerlo con un debate social no resuelto y sin contar con la opinión de quienes ejercen la prostitución, supone un ejercicio antidemocrático, erigiéndose la administración en ente legítimo para silenciar voces discrepantes.

La prostitución no es delito, pero sabemos que estamos en un momento en que el debate sobre el asunto será crucial para determinar el futuro de muchas trabajadoras sexuales en nuestro país. En estos momentos, las trabajadoras sexuales se encuentran organizadas y conforman asociaciones, sindicatos, secciones sindicales, dan ponencias en universidad…

Los colectivos de trabajadoras sexuales y organizaciones sociales (feministas, de derechos humanos, etc.) sabemos de la importancia que tiene trabajar por hacer visible una realidad y un discurso que ponga el acento en visibilizar los derechos vulnerados de aquellas personas a las que les afectan nuestras políticas. Nos parece fundamental alertar de los peligros de tratar de silenciar el debate, actualmente muy polarizado y que necesita ser desarrollado en condiciones de participación plena de todos los agentes implicados, con total libertad y con la presencia y protagonismo de quienes ejercen el trabajo sexual.

Denunciamos que esta ley pretende dotar a la administración pública de la Junta, declarada manifiestamente abolicionista/prohibicionista, de una capacidad sancionadora sin precedentes para amordazar las voces que aportamos experiencias, argumentos e informes que visibilizan las consecuencias nefastas que la aplicación de modelos prohibicionistas-abolicionistas tienen sobre el colectivo de trabajadoras sexuales (que ven vulnerados sus derechos fundamentales a través de la implantación de estos modelos). Su estrategia no es proponer un cambio sobre la realidad de las mujeres que ejercen, sino acallar las voces que pudieran aportar claves para enriquecer el debate sobre este asunto. Silenciadas las voces disidentes, el debate está cerrado.

Denunciamos, además, que esta ley puede revertir en una mayor criminalización hacia las trabajadoras sexuales y, lo que es consecuencia de ello, el incremento del estigma que pesa sobre ellas. Cuanto más avancemos en el reconocimiento de la capacidad de agencia, participación y negociación de las cuestiones que les afectan directamente, más nos acercaremos a una sociedad que proteja todos los derechos, de todas las mujeres, todos los días.

 

 

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