Respecto al Protocolo Facultativo (PF), queremos recordar que este 22 de julio se termina la prórroga que el Estado español solicitó a la ONU para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) que debe aplicarlo. Pese a ello, no sólo no se ha desarrollado la legislación correspondiente, sino que lo único que se sabe tras la comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno Mª Tª Fernández de la Vega ante la Comisión Constitucional del Parlamento el pasado 16 de junio es que: “ese mecanismo que nos hemos comprometido a poner en marcha se integre en la institución del Defensor del Pueblo, ya que esta institución tiene legalmente atribuidas las funciones que prevé para este nuevo mecanismo nacional, el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura. Les adelanto que el mecanismo contará con un consejo asesor en el que estará representada la sociedad civil”. Una decisión que se toma en contra de los criterios expresados por varios representantes de la sociedad civil, entre ellos nuestra Coordinadora, que exigimos la creación de un MNPT que sea un órgano de nueva creación, independiente de todos los poderes del Estado y con capacidad para fiscalizar la actuación de cualquier institución de custodia y/o tutela judicial (requisitos que la Defensoría del pueblo no cumple).
Además, a nivel internacional, tanto el PF como la Convención basan su trabajo en organismos para la prevención y erradicación de la tortura en los que corresponde a los Estados signatarios designar sus miembros. Próximamente, el Estado español debe renovar 3 miembros en varios organismos: en el Subcomité del a ONU, debe sustituir a D. Leopoldo Torres, quien dimitió a medio mandato el 18-2-2009, tras haber sido designado en contra de la opinión de esta Coordinadora; debe proponer otro para el Comité de la ONU, al finalizar el mandato de D. Fernando Mariño; y un tercero para el Comité Europeo, en sustitución de D. Emilio Ginés, cuyo mandato termina el 12-12-2009.
Los miembros de estos Organismos deben ser personas expertas, reconocidas por su competencia en la materia, poseedores de una reconocida integridad moral, independencia e imparcialidad en el desempeño de su función. Obviamente, de la calidad de sus miembros dependen tanto el prestigio y autoridad del organismo, como su eficacia. Ahora bien, la calidad de los integrantes solo se garantiza con un adecuado proceso de selección, presidido por principios, elementales en una sociedad democrática, de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y acreditación de los criterios antes mencionados. Un proceso que excluya el secreto y la ocultación y que no se base en criterios de selección que respondan a finalidades partidistas, recompensa de favores, prebendas, nepotismos, etc. Pese a ello, la experiencia de esta Coordinadora sobre como se ha negociado el MNPT nos hace ser pesimistas sobre los criterios de selección de los nuevos candidatos.
1º. Convocatorias públicas de candidaturas: abiertas en condiciones de igualdad y haciendo hincapié en la paridad entre hombres y mujeres.
2º. Consultas sobre la idoneidad de los candidatos: no solamente con organismos y entidades públicas, sino también con Asociaciones y ONG que desempeñen un papel activo y contrastado en la lucha contra la tortura.
3º. Entrevistas de un grupo de expertos con los candidatos “preseleccionados”, a fin de evaluar la cualificación de éstos, así como su motivación, disponibilidad y aptitudes lingüísticas.
4º. Utilización de un formulario normalizado de currículo vital, destinado a proporcionar la información pertinente sobre los candidatos tanto a las autoridades nacionales, como a las internacionales encargadas de cerrar el proceso de selección.
Ante todo lo descrito, la Coordinadora concluye con una valoración nítidamente crítica a la labor del Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades respecto a estos asuntos. Denunciamos por ello un estrategia que combina la dilación y la imposición a partes iguales: El retraso en los procesos nos hace temer que el Gobierno está dispuesto a una designación “de urgencia”, tanto de la Defensoría del Pueblo como MNPT como de los candidatos a los distintos organismos internacionales, sin el procedimiento debido, lo que serían unos actos de unilateralidad y autoritarismo inaceptables. La sociedad civil y, en concreto, las Asociaciones de DD.HH. y ONG tenemos derecho a proponer las formas de los procesos y a participar de ellos. Las informalidades hasta ahora constatadas nos hacen sospechar que el Gobierno está poniendo en práctica un simulacro de apertura a la sociedad civil o una “apertura selectiva”; lo que sería un modo cínico de hacer política, indeseable y perjudicial para los fines pretendidos. La ausencia de publicidad y garantías en estos procesos, nos obliga a denunciar importantes y trascendentales responsabilidades del Gobierno, que ponen en peligro la consecución de los difíciles y exigentes objetivos del MNPT así como de los Comités y Subcomités internacionales, todo ello en detrimento de la eficaz prevención y erradicación de la Tortura, objetivo último de todos estos procesos. Todo esto desacredita la política de Derechos Humanos del Gobierno y confirma la práctica de la tortura y tratos inhumanos en nuestro Estado, certificando su impunidad.
En definitiva, la corrupción de los procesos conlleva la corrupción de los resultados, impidiendo la prevención y erradicación de la tortura, pese a que ese debería ser el objetivo del Gobierno, igual que es el nuestro.
· Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT).
· Alerta Solidària.
· Asociación APOYO.
· Asociación EXIL.
· Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans.
· Associaçaõ Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento.
· Asociación Contra la Tortura.
· Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia.
· Asociación Libre de Abogados.
· Associació Memòria Contra la Tortura.
· Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
· Asociación de Solidaridad y Apoyo a los Presos de Aragón (ASAPA).
· Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Euskal Herriko Giza Eskubideen).
· Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
· Centro de Documentación Contra la Tortura.
· Comissió de Defensa del Col.legi d’Advocats Barcelona.
· Comité Anti-Sida de Lugo.
· Concepción Arenal.
· Coordinadora Antirrepressiva de Gràcia.
· Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá.
· Coordinadora de Barrios de Madrid.
· Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas.
· Esculca (Observatório para a defensa dos direitos e liberdades).
· Eskubideak (Euskal Abokatuen Elkartea).
· Etxerat (Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea),
· Federacion de Asociacions de Loita contra a Droga.
· Federación Enlace.
· Fundación Érguete.
· Gurasoak.
· Grupo de Solidaridad con EuskaHerría en Madrid.
· Grupo 17 de mayo, Sociedad Andaluza de Juristas para la defensa de los DD.HH.
· Independientes.
· Institut Drets Humans de Catalunya.
· Justicia i Pau.
· Movemento polos Dereitos Civis.
· Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB.
· PreSOS Galiza.
· Rescat.
· SalHaketa (Bizkaia).
· SalHaketa (Araba).
· Sos Racisme Catalunya.
· Subcomisión Penitenciaria del Consejo General de la Abogacía.
· Torturaren Aurkako Taldea.
· Santurtziko Torturaren Kontrako Taldea.
· Xusticia e Sociedade.
