La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se asombra e indigna ante la noticia de que España va a participar en la gran redada lanzada por la Unión Europea para interrogar a personas migrantes, en busca de las mafias que supuestamente los empujan a emigrar.
Una actuación de este tipo supone una criminalización general de las personas migrantes, a la vez que pretende extender la sospecha de que los procesos migratorios son fruto exclusivo del acoso y empuje de unas mafias a las que hay que destapar, cueste lo que cueste, vulnerando derechos humanos si hace falta.
Para completar la paradoja, éstas y otras medidas de carácter represivo han demostrado reiteradamente su ineficacia en su “teórico” objetivo básico de contención de los flujos migratorios irregulares y combatir a las organizaciones delictivas que se lucran a su costa.
La adhesión por parte de nuestro Gobierno a una acción de este tipo supone no entender absolutamente nada de las razones que empujan a estas personas a emigrar. Más allá de su derecho a la libertad de circulación, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las autoridades pretenden ignorar que las causas de las migraciones se fundamentan en una situación de desequilibrio económico mundial a favor de lo que llamamos el primer mundo; en las guerras que, si no son provocadas, sí son a veces animadas y alentadas, por los gobiernos y otras instancias de poder político-económico de los países del Norte en los devastadores efectos del cambio climático en los países empobrecidos… A todo esto se suman las razones de cada una de las personas que inician un periplo migratorio: sus ideas, sueños y los de sus familias o la búsqueda de un futuro diferente.
Es decir, se victimiza al migrante. Si las personas que migran son víctimas de algo, lo son de un sistema que las fuerza a cambiar de país por vías inseguras y peligrosas, obligándolas, en ocasiones, a caer en manos de mafias.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos nos oponemos frontalmente a estos procesos de identificación de inmigrantes por parte del Gobierno de España que sirven, sobre todo, para criminalizarles y victimizarles. Denunciamos una vez más que las políticas migratorias en nuestro país y en la UE estén guiadas por una visión policial y de seguridad centrada en el “combate de las mafias”.
Estas políticas convierten una violación de los derechos humanos como es el cierre a cal y canto de las fronteras de Europa, en la única alternativa para gestionar una cuestión tan compleja y poliédrica como las migraciones, y tienen como inaceptables consecuencias la muerte y el sufrimiento de tantas personas intentando llegar a las puertas de nuestra casa.
