Más de 60 organizaciones recuerdan a España la obligación de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos

Ayer 26 de junio, Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, varias organizaciones españolas defensoras de los derechos humanos se dirigieron nuevamente a la opinión pública y a las autoridades con la proclamación del Manifiesto de Madrid para la erradicación de la tortura y malos tratos.

El Manifiesto, suscrito por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPT) –formada a su vez por otras 45 entidades, entre ellas la APDHA-, Inmigración y Sistema Penal (Inmigrapenal), la campaña “CIEs NO” –integrada por 21 organizaciones-, Valencia Acoge, Jarit, CEAR PV y Psicólogos sin fronteras, recuerda las obligaciones contraídas por España en el ámbito de la prevención y la erradicación de la tortura y las recomendaciones efectuadas en este ámbito por organismos internacionales encargados de velar por el cumplimento de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Así, se solicita que se cumplan las recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, recordando que las prácticas antiterroristas del Estado deben ser compatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que el régimen de incomunicación a las personas detenidas debe ser abolido.

El Manifiesto también se refiere al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), organismo creado por el Estado en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. En este sentido, se reprocha que, pese a haber transcurrido 17 meses desde su creación, la institución nacional todavía no haya publicado informe alguno.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes del Manifiesto aluden además a las políticas de detención cautelar de migrantes en situación administrativa irregular en Centros de Internamiento de Extranjeros, señalando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en su interior. Asimismo, afirman que dichas prácticas deberían ser abolidas, toda vez que el internamiento cautelar y sistemático en los CIE de personas que no han cometido delito alguno es contrario al derecho a la libertad y a la seguridad personales, además de tratarse de una medida legislativa desproporcionada y por ende discriminatoria.

Finalmente, el Manifiesto recuerda al Gobierno su promesa de dar cumplimiento a los dictámenes y recomendaciones de los distintos Comités establecidos en tratados internacionales de derechos humanos y de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También se insta al Estado a acatar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y a ser transparente dando publicidad de las citadas recomendaciones sin dilación.

Andalucía, 27 de junio de 2011

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