En el barrio de Tánger de Boukhalef, el gobierno marroquí organizó el pasado martes 30 de junio una operación de desalojo de las viviendas que ocupaban centenares de inmigrantes. El gobierno había dado un ultimátum de 24 horas a las personas que viven en estos edificios antes de intervenir. A las 6 de la tarde más de 200 policías y militares intervinieron en esta zona, con el objetivo de desalojar a las personas de color de piel negra que están instaladas en ese barrio de manera irregular.
El barrio de Boukhalef se ubica cerca del aeropuerto internacional de Tánger. En Tánger, al igual que en España, también se produjo una burbuja inmobiliaria. La construcción masiva de viviendas se realizó a un ritmo superior a las necesidades y posibilidades de compra de la población marroquí. En el barrio de Boukhalef la primera fase fue totalmente habitada por población marroquí (a causa de los precios bajos al ser la periferia). Para la segunda fase de la promoción ya no había tanta demanda. Así que bastantes viviendas quedaron vacías e inmigrantes subsaharianos empezaron a ocuparlas paulatinamente, en muchos casos comprando las llaves a los vigilantes marroquíes (Kebe), o que se ocuparon por necesidad dando posteriormente lugar a alquileres ilegales entre migrantes. Boukhalef se convirtió en un barrio en el que las autoridades son muy permisivas con la violencia y los delitos de las bandas marroquíes, que actúan con toda impunidad y animadas con mayor o menor ímpetu racista.
Esta operación de junio no es algo nuevo. Muchas veces, los policías intervienen para perseguir a los subsaharianos que viven en esta zona, y lo hacen con bastante brutalidad. El barrio de Boukhalef es conocido ya de por sí por las muertes de Moussa Seck y de Cédric Bété, en el año 2013, en las mismas circunstancias. Y por la muerte del senegalés Charles Ndour acuchillado en agosto del año pasado en el curso de una incursión racista de bandas marroquíes.
Un marfileño de 29 años murió en la mañana del 1 de julio en el curso de esta razzia, tras caerse de un edificio cuando intentaba huir de los policías. Según las informaciones que existen, Mamadou Koné fue traslado al hospital Mohammed V y, según uno de sus compañeros, cuando llegaron a la unidad de cuidados intensivos tardaron mucho tiempo en ocuparse de Koné, que falleció unas horas después de su llegada.
Las autoridades han intentado tapar la muerte de Mamadou Koné, afirmando que el marfileño murió después de una agresión con un objeto afilado y que esto ocurrió lejos del lugar de intervención de los policías y militares. Pero no se ha abierto ninguna investigación y el Gobierno declaró que la evacuación se desarrolló en condiciones normales y sin ningún incidente.
Esta operación de evacuación ha tenido lugar en un ambiente de racismo creciente hacia los subsaharianos en Marruecos. Las medidas tomadas por el gobierno hacia los migrantes fomentan el rechazo y el odio a los cuales se enfrentan en la sociedad marroquí. Además, las operaciones de este tipo pueden ser calificadas de racistas ya que los policías tienen la orden de desalojar a las personas negras que viven en este barrio.
Por su parte casi 180 personas fueron acogidas por el arzobispado de Tánger en la Catedral cuando huían de la persecución policial. Desde el día 3, el equipo del TAM (Tanger Accueille Migrants), de la Delegación Diocesana de Migraciones, que desde hace años se ocupa de atender diariamente a emigrantes que se alojan en Tánger, se hizo cargo de gestionar la situación, que incluía a muchas personas sin alojamiento, mujeres embarazadas, niños no acompañados, bebés, etc…
Activistas y asociaciones marroquíes han denunciado esta operación. Consideran que en sí misma era discriminatoria porque se basaba en el criterio del color de piel. El Grupo GADEM, por ejemplo, denuncia que familias que vivían en situación regular también han sido tratadas de la misma forma, exclusivamente por ser negros.
Estas organizaciones también quieren señalar que vivir en un edificio sin contratos oficiales es bastante frecuente en Marruecos (dígase que en España también). Es más, el proceso de expulsión no se puede desarrollar como se hizo en Boukhalef. Se debe respetar la legislación con un aviso judicial previo.
Para la APDHA esta es una muestra más de la arbitrariedad y la violación de derechos humanos que se está produciendo en Marruecos, comprometido a la postre a jugar el papel de gendarme de las fronteras europeas a cambio de prebendas y acuerdos beneficiosos para la clase dominante y el régimen marroquí.
