Medidas racistas y xenófobas: respuesta política ante la crisis

El colectivo inmigrante es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica actual: paro, precariedad, dificultad para regularizar su situación… Sin embargo, diversas medidas y declaraciones políticas que están apareciendo en los medios últimamente culpabilizan a los/las inmigrantes de esta situación. Por ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) denuncian el fomento de este clima de racismo y xenofobia, que puede generar un grave problema de convivencia.
Ante la grave y prolongada crisis social y económica que vive el país se pretende responsabilizar al colectivo inmigrante de ser una de las causas y/o agravantes de la misma. Pero la realidad nos demuestra lo contrario. Los inmigrantes sufren con más intensidad las consecuencias de la crisis: proporcionalmente registran la mayor tasa de paro, son víctimas del recorte del presupuesto destinado a su integración, carecen de redes de protección familiar y se enfrentan a condiciones más rígidas para regularizar su residencia.

Las estadísticas oficiales confirman que las personas de nacionalidad extranjera empadronadas en España suman 5.7 millones, el 12.2 % de la población. Los extranjeros, con o sin papeles, que España demandó en sus  épocas de bonanza  y que contribuyeron al crecimiento económico en los últimos años, se convierten ahora en el chivo expiatorio del paro y de otros problemas sociales. Parece desvanecerse el irrefutable argumento de que es necesario un mayor número de trabajadores extranjeros para contribuir al crecimiento demográfico y asegurar así el mantenimiento del estado de bienestar y, especialmente, del sistema de pensiones.

Hace ya dos años comenzaron a aparecer con fuerza los síntomas de la actual situación de crisis social y económica. Los colectivos sociales apelamos entonces a la responsabilidad de los agentes políticos en el tratamiento del fenómeno migratorio. El contexto de crisis global que vivimos es especialmente delicado y propicio para que surjan peligrosos brotes de racismo y xenofobia.

Desgraciadamente, estos llamamientos han tenido un escaso eco. Continuamente se señala, directa o indirectamente, a la inmigración en Europa y en España como un factor agravante de la crisis. En este contexto se enmarcan las reformas legislativas que se han realizado en los últimos años, como la Directiva retorno europea, conocida como Directiva de la vergüenza, o la reciente reforma de la Ley de Extranjería española. Medidas que restringen drásticamente los derechos del colectivo inmigrante.

La criminalización de la inmigración sigue calando en el debate político y en el marco normativo. Recientemente se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas muy alarmantes, pues fomentan el rechazo social hacia nuestros conciudadanos y conciudadanas inmigrantes. Señalamos brevemente aquellas de mayor gravedad:

1. La iniciativa del ayuntamiento de Vic de no empadronar a sus vecinos y vecinas de origen inmigrante en situación administrativa irregular, afortunadamente paralizada. Este mismo ayuntamiento ha comenzado a comunicar a la policía las personas “sospechosas” de no estar regularizadas. Más recientemente el ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres ha decidido denunciar a la policía a aquellos extranjeros y extranjeras en situación irregular que se empadronen en sus municipios. El ayuntamiento de Torrejón, en Madrid, sigue empecinado en dificultar o negar el empadronamiento a personas inmigrantes en situación irregular. Los obstáculos para acceder al padrón municipal no son exclusivos de estos ayuntamientos, en otros pueblos y ciudades españolas, sin existir instrucciones formales en este sentido, proliferan las trabas burocráticas para dificultar el acceso al padrón.

La imposibilidad de empadronamiento tiene un doble efecto perverso. Por una parte, condena a miles de personas a la inexistencia jurídica y les niega la posibilidad de regularizar su situación. Por otra parte, veta el acceso a derechos fundamentales como la sanidad y la educación. Derechos que tanto la Constitución española y el Estatuto de Catalunya como los tratados internacionales de los que España es parte reconocen con carácter universal.

Todas las normas vigentes, incluida la nueva Ley de Extranjería, reconocen el derecho a la educación y el derecho a la salud de “todo el mundo”, es decir, con total independencia de su nacionalidad y de su condición administrativa.

2. Algunos responsables del Partido Popular reclaman una nueva reforma de la Ley de extranjería que restrinja aún más los derechos fundamentales de las personas extranjeras en España.

Los colectivos sociales ya nos opusimos con firmeza a la última reforma, en vigor desde diciembre de 2009. La restricción de derechos es inversamente proporcional a una verdadera integración de todos y todas en una sociedad democrática avanzada. Cualquier propuesta que contradiga esta premisa encontrará nuestro frontal rechazo por considerarla contraria al principio de dignidad humana, en el que se sustentan los derechos humanos.

3. Distintos líderes políticos y sociales, así como opinadores mediáticos, nos recuerdan a menudo que no puede caerse en el peligro del “buenismo” al tratar las cuestiones migratorias. Sin embargo,  reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos para todas las personas independientemente de su origen, así como el reconocimiento de la condición de ciudadanos/as de nuestros vecinos/as extranjeros/as no supone un cándido ejercicio caritativo de ilusos fuera de la realidad; se trata de una exigencia derivada del respeto a la dignidad humana, de la letra y el espíritu de instrumentos internacionales, vigentes y ratificados por España, y de la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia.

4. Convergencia i Unió retoma su propuesta del “carné por puntos” para inmigrantes. Reiteramos que no puede haber exigencias legales específicas para extranjeros una vez se encuentren en territorio español ni sanciones agravadas por el mero hecho de ser extranjero. El carné por puntos supondría una discriminación de los ciudadanos extranjeros respecto a los ciudadanos nacionales prohibida por la legislación nacional e internacional.

Desde CiU se está reivindicando también el lema “en Catalunya no cabemos todos”, utilizado vehemente en estos días por la Sra. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Catalunya. Un ejemplo más de declaraciones que fomentan el racismo y la xenofobia.

5. Tampoco falta el recurrente discurso de vincular inmigración y delincuencia. El Sr. jos1ep González, presidente de la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) declaró no hace mucho que “Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido”. En esta misma línea, el Sr. Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular, aboga por la expulsión de personas inmigrantes que comentan delitos penados con más de seis meses de prisión.

Ante afirmaciones como éstas, deberíamos preguntarnos qué patrones éticos guían nuestra sociedad, una sociedad que no reacciona ante tales declaraciones, es más, las aprueba y aplaude.

6. Recientemente el Sr. Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Badalona, junto a la presidenta de la formación en Catalunya distribuyeron un folleto de propaganda electoral con tintes racistas y xenófobos. En el folleto, que asimila inmigración y delincuencia, se muestra la fotografía de una pancarta con el lema “no queremos rumanos” y con la pregunta “¿Tu barrio es seguro?”.

Estos hechos constituyen un nuevo ejemplo de la estrategia seguida por esta formación en numerosas ocasiones: criminalizar al colectivo de gitanos rumanos en la comunidad. Población que, no olvidemos, es tan europea como los franceses o británicos asentados en la costa catalana y, por tanto, con los mismos derechos que éstos.

Los colectivos sociales vinculados a la inmigración y a los derechos humanos abajo firmantes denunciamos las recientes declaraciones públicas y propuestas políticas en materia de inmigración que generan un peligroso caldo de cultivo proclive al racismo y la xenofobia. Ante todas estas circunstancias, ahora más que nunca, la sociedad civil debe continuar exigiendo responsabilidad a todas las instancias políticas, mediáticas y sociales a la hora de tratar el fenómeno migratorio.

Culpabilizar –en todo o en parte, directa o indirectamente- a la inmigración de la crisis conlleva unos graves riesgos como la xenofobia y la fractura social, que pueden, a su vez, crear graves problemas de convivencia. Todavía estamos a tiempo de evitarlo, en caso contrario, una vez prendida la mecha, las consecuencias son imprevisibles y la degradación del respeto de los derechos humanos de todos nos afectara como individuos y como sociedad.

Entidades adheridas

 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC)
ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura)
ASALMA (Associació ALBA Maresme)
Asociación de Uruguayos en Catalunya
Asociacion Nacional de Centros (ANC)
Asociación Pro Derechos Humanos de España
Asociación Pro Derechos Humanos, Perú
Associacio catalana de juristes democrates
Associació de treballadors pakistanesos de Catalunya
Associació de veïns i veïnes “Sagrada Família”
Associació GRAMC – Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers
Casa Eslava
Casal Argentí a Barcelona
Centro integral de defensores de derechos humanos
Col.lectiu Maloka, Colombia
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Comissió de Festes de Santa Maria de Formentera
Comité Oscar Romero de Vigo
Corporacion paz para El Tolima
Esquerra Unida i Alternativa – EUiA
Fundació Alfonso Comín
Iniciativa per Catalunya Verds
Justícia i pau de Girona
La Llum del Nord – Associació per a la ciutadania i cooperació
Motril Acoge
Nova Acròpolis
Rubi Solidari
Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants – SCAI Sabadell
Servicio Cristiano para la Tecnología y la Cultura
SOS Racisme – Catalunya
Tierra de todas y de todos  – Tierra de tod@s

Personas adheridas

jos1e Luis Barrachina
Amparo Bernad
Ramon Carbonell i Roura
Daniel Fernández
Encarna Gàzquez
Xitlali Hernández Martínez
Katiusca Hidalgo
Kathleen Knott
Gemma Lienas
Alex Munguía Salazar
Sebas Parra
Òscar Prieto i Flores
Claudia Lissette Zamora Loaiza de Aguilar
Isabel Zueras Unsión

 

***Para adherirse a este manifiesto, enviar un correo electrónico con el nombre de la entidad y los datos de contacto a manifest@idhc.org
IDHC y APDHA
Andalucía/ Catalunya, 7 de mayo de 2010

Mesures racistes i xenòfobes: resposta política davant la crisi

El col.lectiu immigrant és un dels que més està patint les conseqüències de la crisi econòmica actual: atur, precarietat, dificultat per regularitzar la seva situació … No obstant això, diverses mesures i declaracions polítiques que estan apareixent en els mitjans últimament culpabilitzen als / les immigrants d’aquesta situació. Per això, l’Associació Pro Drets Humans d’Andalusia (APDHA) i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) denuncien el foment d’aquest clima de racisme i xenofòbia, que pot generar un greu problema de convivència.

Davant la greu i prolongada crisi social i econòmica que viu el país es pretén responsabilitzar el col.lectiu immigrant de ser una de les causes i / o agreujants de la mateixa. Però la realitat ens demostra el contrari. Els immigrants pateixen amb més intensitat les conseqüències de la crisi: proporcionalment registren la major taxa d’atur, són víctimes de la retallada del pressupost destinat a la seva integració, no tenen xarxes de protecció familiar i s’enfronten a condicions més rígides per regularitzar la seva residència.

Les estadístiques oficials confirmen que les persones de nacionalitat estrangera empadronades a Espanya sumen 5.700.000, el 12.2% de la població. Els estrangers, amb o sense papers, que Espanya demandar en les seves èpoques de bonança i que van contribuir al creixement econòmic en els darrers anys, es converteixen ara en el boc expiatori de l’atur i d’altres problemes socials. Sembla esvair el irrefutable argument que és necessari un major nombre de treballadors estrangers per contribuir al creixement demogràfic i assegurar així el manteniment de l’estat de benestar i, especialment, del sistema de pensions.

Ja fa dos anys van començar a aparèixer amb força els símptomes de l’actual situació de crisi social i econòmica. Els col.lectius socials apel · lem llavors a la responsabilitat dels agents polítics en el tractament del fenomen migratori. El context de crisi global que vivim és especialment delicat i propici perquè sorgeixin perillosos brots de racisme i xenofòbia.

Malauradament, aquests crides han tingut un escàs ressò. Contínuament s’assenyala, directament o indirectament, a la immigració a Europa ia Espanya com un factor agreujant de la crisi. En aquest context s’emmarquen les reformes legislatives que s’han realitzat en els darrers anys, com la Directiva retorn europea, coneguda com Directiva de la vergonya, o la recent reforma de la Llei d’Estrangeria espanyola. Mesures que restringeixen dràsticament els drets del col.lectiu immigrant.

La criminalització de la immigració segueix calant en el debat polític i en el marc normatiu. Recentment s’ha iniciat una espiral de declaracions públiques i propostes polítiques molt alarmants, ja que fomenten el rebuig social cap als nostres conciutadans i conciutadanes immigrants. Assenyalem breument aquelles de major gravetat:

1. La iniciativa de l’ajuntament de Vic de no empadronar els seus veïns i veïnes d’origen immigrant en situació administrativa irregular, afortunadament paralitzada. Aquest mateix ajuntament ha començat a comunicar a la policia les persones “sospitoses” de no estar regularitzades. Més recentment l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha decidit denunciar a la policia a aquells estrangers i estrangeres en situació irregular que s’empadronin als seus municipis. L’ajuntament de Torrejón, a Madrid, segueix entestat a dificultar o negar l’empadronament a persones immigrants en situació irregular. Els obstacles per accedir al padró municipal no són exclusius d’aquests ajuntaments, en altres pobles i ciutats espanyoles, sense existir instruccions formals en aquest sentit, proliferen les traves burocràtiques per dificultar l’accés al padró.

La impossibilitat d’empadronament té un doble efecte pervers. D’una banda, condemna a milers de persones a la inexistència jurídica i els nega la possibilitat de regularitzar la seva situació. D’altra banda, veta l’accés a drets fonamentals com la sanitat i l’educació. Drets que tant la Constitució espanyola i l’Estatut de Catalunya com els tractats internacionals dels quals Espanya és part reconeixen amb caràcter universal.
Totes les normes vigents, inclosa la nova Llei d’Estrangeria, reconeixen el dret a l’educació i el dret a la salut de “tothom”, és a dir, amb total independència de la seva nacionalitat i de la seva condició administrativa.

2. Alguns responsables del Partit Popular reclamen una nova reforma de la Llei d’estrangeria que restringeixi encara més els drets fonamentals de les persones estrangeres a Espanya.

Els col.lectius socials ja ens vam oposar amb fermesa a l’última reforma, en vigor des de desembre de 2009. La restricció de drets és inversament proporcional a una veritable integració de tots i totes en una societat democràtica avançada. Qualsevol proposta que contradigui aquesta premissa trobarà el nostre frontal rebuig per considerar contrària al principi de dignitat humana, en què se sustenten els drets humans.

3.
 Diferents líders polítics i socials, així com opinadors mediàtics, ens recorden sovint que no pot caure en el perill del “bonisme” en tractar les qüestions migratòries. No obstant això, reivindicar la plena vigència dels Drets Humans per a totes les persones independentment del seu origen, així com el reconeixement de la condició de ciutadans / es dels nostres veïns / es estrangers / es no suposa un càndid exercici caritatiu de il.lusos fora de la realitat, es tracta d’una exigència derivada del respecte a la dignitat humana, de la lletra i l’esperit d’instruments internacionals, vigents i ratificats per Espanya, i de la jurisprudència nacional i internacional en aquesta matèria.
4. Convergència i Unió reprèn la seva proposta del “carnet per punts” per a immigrants. Reiterem que no pot haver exigències legals específiques per a estrangers un cop es trobin en territori espanyol ni sancions agreujades pel sol fet de ser estranger. El carnet per punts suposaria una discriminació dels ciutadans estrangers respecte als ciutadans nacionals
prohibida per la legislació nacional i internacional.
Des de CiU s’està reivindicant també el lema “a Catalunya no hi cabem tots”, utilitzat vehement en aquests dies per la Sra Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partit Popular a Catalunya. Un exemple més de declaracions que fomenten el racisme i la xenofòbia.

5. Tampoc falta el recurrent discurs de vincular immigració i delinqüència. El Sr jos1ep González, president de la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) va declarar no fa molt que “Barcelona ha tingut un flux d’entrada d’immigrants amb les seves problemàtiques i de gent que ha vingut de països que segurament no tenen la ètica que tenim aquí que ha fet que el nivell d’inseguretat hagi pujat “. En aquesta mateixa línia, el Sr Mariano Rajoy, president nacional del Partit Popular, advoca per l’expulsió de persones immigrants que comenten delictes penats amb més de sis mesos de presó.

Davant afirmacions com aquestes, hauríem de preguntar-nos què patrons ètics guien la nostra societat, una societat que no reacciona davant aquestes declaracions, és més, les aprova i aplaudeix.

6. Recentment el Sr Xavier García Albiol, líder del Partit Popular a Badalona, al costat de la presidenta de la formació a Catalunya distribuir un fullet de propaganda electoral amb tints racistes i xenòfobs. En el fullet, que assimila immigració i delinqüència, es mostra la fotografia d’una pancarta amb el lema “no volem romanesos” i amb la pregunta “La teva barri és segur?”.

Aquests fets constitueixen un nou exemple de l’estratègia seguida per aquesta formació en nombroses ocasions: criminalitzar el col.lectiu de gitanos romanesos a la comunitat. Població que, no oblidem, és tan europea com els francesos o britànics assentats a la costa catalana i, per tant, amb els mateixos drets que aquests.

Els col·lectius socials vinculats a la immigració i als drets humans sotasignats denunciem les recents declaracions públiques i propostes polítiques en matèria d’immigració que generen un perillós brou de cultiu procliu al racisme i la xenofòbia. Davant totes aquestes circumstàncies, ara més que mai, la societat civil ha de continuar exigint responsabilitat a totes les instàncies polítiques, mediàtiques i socials a l’hora de tractar el fenomen migratori.

Culpabilitzar, en tot o en part, directament o indirectament a la immigració de la crisi comporta uns greus riscos com la xenofòbia i la fractura social, que poden, al seu torn, crear greus problemes de convivència. Encara estem a temps d’evitar-ho, en cas contrari, una vegada encesa la metxa, les conseqüències són imprevisibles i la degradació del respecte dels drets humans de tots i totes ens afectarà com a individus i com a societat.

Entitats adherides

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura)
ASALMA (Associació ALBA Maresme)
Asociación de Uruguayos en Catalunya
Asociacion Nacional de Centros (ANC)
Asociación Pro Derechos Humanos de España
Asociación Pro Derechos Humanos, Perú
Associacio catalana de juristes democrates
Associació de treballadors pakistanesos de Catalunya
Associació de veïns i veïnes “Sagrada Família”
Associació GRAMC – Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers
Casa Eslava
Casal Argentí a Barcelona
Centro integral de defensores de derechos humanos
Col.lectiu Maloka, Colombia
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Comissió de Festes de Santa Maria de Formentera
Comité Oscar Romero de Vigo
Corporacion paz para El Tolima
Esquerra Unida i Alternativa – EUiA
Fundació Alfonso Comín
Iniciativa per Catalunya Verds
Justícia i pau de Girona
La Llum del Nord – Associació per a la ciutadania i cooperació
Motril Acoge
Nova Acròpolis
Rubi Solidari
Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants – SCAI Sabadell
Servicio Cristiano para la Tecnología y la Cultura
SOS Racisme – Catalunya
Tierra de todas y de todos  – Tierra de tod@s

***Per adherir-se a aquest manifest, enviar un correu electrònic amb el nom de l’entitat i les dades de contacte amanifest@idhc.org

IDHC i APDHA
Andalucía/ Catalunya, 7 maig 2010

Comments are closed