Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y desde el año 2.000, hubo un especial seguimiento a las quejas que nos han hecho llegar las personas presas y sus familiares sobre sanidad especializada, que han sido muy numerosas y la vulneración de derechos nos parece grave.
Este informe resume nuestro trabajo en este tema desde el año 2.000 e intenta aclarar la compleja, a veces, distribución de competencias entre diferentes administraciones responsables de esta materia, así como reflexionar sobre la intenciones políticas para solventar las graves deficiencias. Queriendo denunciar en conclusión que la Junta de Andalucía y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en vez de asumir la responsabilidad que tiene cada cual y coordinar sus recursos, así como intercambiar información de la misma realidad sobre la que deben trabajar (y que no ambos perciben igual), se escudan cada cual, en numerosas ocasiones, en las responsabilidades del otro para no asumir nuevos retos y abordar esta problemática, siendo las personas enfermas y privadas de libertad las mayores afectadas por esta discordancia.
La Constitución garantiza todos sus derechos, excepto los limitados por la sentencia condenatoria, son tratados como ciudadanos de segunda y se les somete a un sufrimiento innecesario y una pena complementaria a la que no fueron condenados.
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