Ante el anuncio por el ministro Moratinos del establecimiento de moratoria para la incorporación al mercado laboral de los nuevos países miembros de la UE…
Hoy hemos sabido de boca del Ministro de Exteriores Español que nuestro país establecerá una moratoria para la incorporación al mercado laboral de los trabajadores de Rumanía y Bulgaria, miembros de la UE a partir del 1 de enero próximo. Así se lo habían solicitado al gobierno los sindicatos UGT y CC.OO. la semana pasada.
Esto supone que a 1de enero estos ciudadanos europeos tendrán permiso de residencia en nuestro país con el simple trámite de solicitar la tarjeta de residencia en la oficina que se establezca al respecto. Sin embargo, no les estará permitido trabajar.
España tiene una importante presencia de rumanos; según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2006 habría empadronados en España 382.000 rumanos; sin embargo sólo 189.000 constan con tarjeta de residencia, de lo que podríamos deducir que 193.000 estarían actualmente en situación irregular. Y habría que añadir los no empadronados. Respecto a Bulgaria, hay 55.000 en situación regular.
Estos ciudadanos, pasarán a tener permiso de residencia; por tanto ya no están expuestos a una posible expulsión mediante la ley de extranjería. Sin embargo, están abocados a la marginalidad de la economía sumergida al restringírseles la entrada al mercado laboral. ¿Quién gana con este tipo de medidas? ¿No estamos con ello abocando legalmente a que se “integren en el margen de la exclusión social”?
En febrero pasado el Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales presentaba un informe a la Comisión Europea en el se concluía que la libre circulación de trabajadores no había provocado perturbaciones en el mercado de trabajo de la Unión a 15, sino que, por el contrario, cada país y Europa en su conjunto se han beneficiado. Uno de los resultados del estudio mostraba que mantener o no las trabas a la emigración no influye de forma definitiva en el número de trabajadores regularizados. Es decir, que los que quieren dejar su país y asentarse en otro lo harán, casi al margen de las regularizaciones migratorias. Y son un beneficio para la sociedades de acogida. Y es que la emigración obedece ante todo a una lógica económica. Los inmigrantes generan nuevos puestos de trabajo para otra gente. En el 2004 Reino Unido, Suecia e Irlanda optaron desde el principio por mantener sus puertas abiertas a los nuevos ciudadanos del Este, sin periodos transitorios con contrapisas según sectores. Estos países han creado más empleo con la llegada de nuevos trabajadores.
Por encima de todas estas consideraciones de carácter económico, están los criterios de justicia. Todo ese importante número de ciudadanos rumanos y búlgaros que ya se encuentran en nuestro país se quedan en una situación incompresible de marginalidad; en teoría son ciudadanos europeos, y así lo dirá su tarjeta de residencia, que claramente dirá también que no se les autoriza para trabajar; la integración social se la ponemos difícil.
Por todo ello la APDHA lamenta esta decisión del Gobierno de la Nación que lleva a miles de nuestros nuevos conciudadanos europeos a vivir al margen de la economía formal, muy a su pesar. A esto se le llama abocar a la marginación.
