La muerte de al menos quince personas el pasado jueves 6 de febrero al intentar atravesar la valla que separa Ceuta de Marruecos es otro acontecimiento terrible que pone al desnudo una vez más que las políticas desarrolladas por la UE, y en este caso por el Gobierno de España, atentan gravemente contra los derechos de las personas, provocando enormes sufrimientos y la muerte de centenares de personas cada año.
La continuidad estos días de numerosos intentos de saltar las vallas de Ceuta y Melilla dan cuenta de la desesperación de personas que han recorrido media África para intentar llegar a Europa en la búsqueda de una vida más digna. Pero también dan cuenta de la crueldad e inhumanidad de gobernantes que ponen en marcha concertinas en esas vallas para herir intencionadamente a quienes traten de atravesarlas o que disparan pelotas de goma o utilizan gases lacrimógenos contra los inmigrantes que lo intentan. Distintas fuentes denuncian el disparo de estas pelotas de goma cuando los inmigrantes intentaban cruzar la frontera a nado, y que este acto pudo provocar la rotura de los flotadores y el ahogamiento de varias personas.
Además se ha demostrado de forma fehaciente la expulsión “en caliente” de inmigrantes, tanto en Ceuta como en Melilla, un acto ilegal que vulnera no sólo la legislación de extranjería española sino también la Directiva Europea 2008/115/CE, porque se ha llevado a cabo sin estudiar previamente el estatus de los inmigrantes, cuando por otro lado es de sobra conocido que muchos de estos subsaharianos pueden ser refugiados, solicitantes de asilo y/o victimas de trata.
El propio Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido que se comenten ilegalidades a la hora de devolver los inmigrantes clandestinos a Marruecos, reconociendo que “puede haber casos puntuales”, lo cual debería llevarle a tomar medidas inmediatas o presentar su dimisión, sobre todo tras las grabaciones de video conocidas estos días, que corroboran estas actuaciones ilegales.
Frente a estas tragedias, las explicaciones dadas por el gobierno de España no sólo han sido insuficientes, sino contradictorias entre sí y con las evidencias conocidas.
Por todo ello, diversas ONGs españolas (entre ellas la APDHA, miembro de la AEDH) han exigido la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento Español que depure todas las responsabilidades por las muertes de estos migrantes, por las posibles vulneraciones de la legalidad y determine las consecuencias de una política frente a la inmigración que no respeta los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La AEDH reitera, con vehemencia, su rechazo de una política migratoria europea basada únicamente en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Es con urgencia que se debe romper con esta obsesión de cerrar las fronteras y de rechazo de los inmigrantes, sin ninguna consideración de tipo humanitario o de respeto del derecho de asilo. Este derecho de asilo, que debe servir a preservar los derechos de las personas en búsqueda de una protección internacional, está siendo vulnerado por el desarrollo de medios de control y represión criminal, tan queridos por la UE, y de los que las cuchillas de Ceuta y Melilla son sólo el último avatar.
La AEDH apoya a las asociaciones españolas, y exige que se clarifiquen todas las circunstancias y se asuman todas las responsabilidades por estos hechos señalados en Ceuta y Melilla. Con la APDHA y otras muchas organizaciones europeas, insta a la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento Europeo y denuncia estos hechos ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
AEDH, Asociación Europa por la defensa de los Derechos Humanos
Bruselas, 11 de febrero de 2014
