📢 MANIFIESTO de la Movilización del 13 de Febrero
Contra la Ley Mordaza
La Ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se implican en la defensa de los derechos humanos.
Dentro de muy poco se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, si no se modifica no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.
Con la actual propuesta de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica.
Desde la aprobación de la reforma de la ley en 2015 y hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» (36.6) y «faltas de respeto a la autoridad» (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma. La propuesta de reforma tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales (36.23). Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.
La propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Tampoco se prohíbe el uso de pelotas de goma. Ni incluye la prohibición expresa de redadas racistas, ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente.
Ante todo ello no nos quedamos calladas, nos movilizamos. Por ello estamos hoy 13 de febrero aquí, en la calle, defendiendo el derecho a la protesta protestando. ¡Nos hemos movilizado más de 115 colectivos y organizaciones en 25 ciudades de todo el Estado español!
Dentro de poco se llegará a un acuerdo de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hoy estamos uniendo las voces de miles de personas para que seamos escuchadas, reclamamos ser escuchadas, y que el resultado sea una nueva ley que, de verdad y de una vez por todas, garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades.
Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades. Hoy 13 de febrero somos miles en las calles dejando claro que queremos acabar de una vez por todas con las mordazas.
Es el momento, es nuestro momento. ¡Defendamos nuestros derechos ejerciéndolos!
¡Acabemos con la Ley Mordaza!
📰 Nota de prensa
Andalucía es la comunidad autónoma donde más multas se han interpuesto desde la aprobación de la “Ley Mordaza” con cerca de medio millón de sanciones
•Colectivos andaluces se movilizan el 13 de febrero contra la reforma de la Ley Mordaza y convocan concentraciones en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla
Andalucía, 11 de febrero de 2022. En una nota de prensa publicada esta mañana, distintas organizaciones andaluzas han anunciado la convocatoria de varias concentraciones en la comunidad andaluza. En concreto, se han organizado concentraciones en las ciudades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla para el próximo 13 de febrero. Tal y como destacan las organizaciones, «Andalucía es la comunidad autónoma que acumula el mayor número de sanciones desde la entrada en vigor de la norma». De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, entre los años 2015 y 2020 se han interpuesto 448.103 sanciones en Andalucía que, en términos económicos, ascienden a una cuantía de algo más de 267 millones de euros. Con 108.249 multas, Málaga es la provincia que más sanciones acumula -seguida de Sevilla, con 76.316, y Almería, con 69.012-.
Como denuncian las organizaciones adheridas, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Sindicato Andaluz de Periodistas o Acción en Red Andalucía, «ni el texto base, ni el paquete de enmiendas acordado entre PSOE y Unidas Podemos proponen medidas garantistas para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales» como la libertad de expresión, de reunión pacífica, el derecho de información, o los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo.
Las movilizaciones se enmarcan dentro de una convocatoria estatal realizada por la plataforma No Somos Delito, que integra a más de cien organizaciones, y tendrán lugar justo dos días antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, un encuentro en el que se prevé que los grupos parlamentarios cierren los principales acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma. Uno de los motivos centrales de estas movilizaciones, en las que se reclamará a la Ponencia de la Comisión de Interior que «se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de «seguridad ciudadana»».
Las organizaciones sostienen que la reforma seguirá «amordazando derechos fundamentales» mientras éstos sean regulados bajo un procedimiento administrativo «en el que la versión policial está por encima del testimonio de la ciudadanía, vulnerando un derecho fundamental como es la presunción de inocencia», apuntan. Por tanto, la plataforma ha solicitado al Congreso que se deroguen o eliminen de la ley aquellos artículos que consideran más lesivos para el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, como el 36.6 que sanciona de 601 a 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, supuesto que ya está regulado en el Código Penal; y el 37.4 que sanciona de 101 a 600 euros la falta de respeto a un agente de la autoridad, «cuya aplicación depende esencialmente de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes». Dos artículos que, en el ámbito estatal, son los que más multas han supuesto en materia de seguridad ciudadana desde 2015 a 2019, llegando a sumar 140 mil multas impuestas, lo que supone un 70% del total de sanciones impuestas en ese periodo, y que durante la fase de confinamiento del año 2020, llegaron a suponer casi el 97% del total de las multas impuestas en ese año, según los datos recogidos por el Ministerio de Interior.
Piden también la eliminación de las infracciones que «criminalizan determinadas situaciones de pobreza», como la sanción por venta ambulante y que «se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial». Por último, los colectivos adheridos a la movilización del 13 de febrero exigen que una reforma integral de la Ley Mordaza debe pasar por cambios como que «la palabra del policía tenga valor de mera denuncia y que deban aportar pruebas, como mínimo, cuando las actuaciones policiales entren en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales».
🪧 Manifestaciones en las que participa la APDHA:
