No a los Centros de Internamiento de Extranjeros

Autoría: Diego Boza Martínez, Coordinador General de la APDHA

En un estado de derecho la sanción más grave que se puede imponer legítimamente es la privación de libertad. Encerrar a alguien durante un tiempo prolongado se considera una vulneración tan grave de sus derechos, que los ordenamientos jurídicos restringen este castigo a las conductas más peligrosas para la convivencia: los delitos graves. Este axioma jurídico se mantiene de forma unánime en la mayor parte de los estados democráticos de derecho, porque aquellos que prevén e imponen la pena de muerte no pueden considerarse de tal forma.

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