En la tarde del 20 de diciembrre se presentó ante el Tribunal Constitucional el recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo que consideró legal establecer para los menores de edad un régimen penitenciario en los Centros de Reforma, que vacía absolutamente de contenido educativo el principio del interés superior del menor contenido en la Ley Penal del Menor y la Convención de los Derechos del Niño. La Sentencia permite la privatización, el uso de porras, de aislamiento, el alejamiento familiar, menos comunicación familiar que a los presos…
Los fundamentos utilizados para ello han sido la falta en la Sentencia de motivación y congruencia llegando en ocasiones a ser manifiestamente irrazonable; la violación del derecho a la tutela judicial efectiva impidiendo y restringiendo el derecho a la asistencia letrada; del principio de igualdad al ser tratados peor que los mayores; del principio de proporcionalidad al dispensarse un trato que no es idóneo, necesario ni ponderado, al existir otras medidas menos lesivas para los menores; del derecho a la intimidad familiar y personal con restricción de permisos, comunicaciones absolutamente ridículas, permitiendo el alejamiento de la familia; …
La Sentencia recurrida entró en contradicciones continúas en sus propias argumentaciones, al señalar que Fundamento de Derecho 15 “ No hay lógicamente una sustancial identidad en cuanto son distintos los lugares donde en cada caso se cumple la privación de libertad, según sean mayores o menores de edad e incluso son diferentes los principios rectores que deben inspirar las finalidades en cada caso perseguidas con esa privación de libertad”, y sin embargo aplicar de manera constante Sentencias del Tribunal Constitucional sobre Centros Penitenciarios (FD 15, 16,..) al señalar que “Como dicen reiteradísimas sentencias del Tribunal Constitucional refiriendo a los internos en Centros Penitenciarios, pero cuya filosofía es aplicable a los menores”.
Por todo ello, desde la APDH-A y la Coordinadora de Barrios de Madrid denunciamos ante el Tribunal Constitucional el tratamiento penal y penitenciario que se ha decidido por el Tribunal Supremo, solicitando la suspensión del Reglamento.
