APDHA lamenta que la obligatoriedad del uso carritos en el porteo vaya destinada a lavar la imagen de Ceuta

 

  • No solventa la ausencia de derechos laborales, los abusos y vejaciones, la falta de servicios para las porteadoras, ni pone fin a las largas esperas
  • APDHA critica que se impongan medidas sin contar con la opinión de las porteadoras
  • Planteamos comisiones de mujeres portavoces, como interlocutoras autorizadas en la toma de decisiones

Andalucía, 12 de abril de 2018.-

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos valorado la obligatoriedad del uso de carritos para el transporte de mercancías del comercio atípico de Ceuta, impuesta de manera definitiva la semana pasada y que, tal como han manifestado desde la asociación de empresarios del polígono Tarajal II, artífice de la propuesta, tiene como objetivo “lavar la imagen del polígono”.

La medida, que ha contado con el apoyo de la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Gobierno marroquí, se publicita, a nuestro juicio, como “la panacea” a la indignidad que soportan las mujeres porteadoras.

Sin embargo, criticamos que los intereses no pasan por garantizar que estas personas “puedan ejercer su trabajo con dignidad”. Más bien, pretenden amortiguar los efectos negativos que la mala imagen externa pudiera causar en los cuantiosos beneficios que reporta anualmente el comercio atípico”. Una mala imagen evidenciada el pasado mes de enero por El Intermedio, que puso de relieve la absoluta falta de respeto a los derechos humanos de estas personas.

La APDHA lamenta que se haya procedido a imponer medidas sin contar con la opinión de las propias porteadoras y exigimos la creación de comisiones de trabajadoras que actúen de portavoces, como interlocutoras autorizadas, en la toma de decisiones en lo que se refiere a su trabajo. Las porteadoras ven con recelo la presencia de carritos cuando se produzcan avalanchas, algo en lo que está en juego su propia vida. La organización recuerda que ya son al menos siete las mujeres fallecidas desde que se inauguró hace poco más de un año -en febrero de 2017- el paso del Tarajal II.

Denunciamos que los carritos no pueden servir de justificación para eludir el respeto a los derechos humanos en la frontera ceutí. No solventan los abusos, vejaciones y maltratos de los cuerpos de seguridad a ambos lados de la frontera, no solventa la ausencia palmaria de derechos laborales y que no se considere a las porteadoras como trabajadoras y al porteo como una actividad laboral, no solventa la inexistencia de zonas de sombra, avituallamiento y descanso, con acceso a aseos y agua potable que palíen las largas horas expuestas al sol y a las inclemencias del tiempo, no solventa las largas esperas durante la noche para garantizarse el paso de la frontera y poder llevar el sustento a sus familias.

Por el contrario, la APDHA exige entre otras cuestiones la delimitación de las competencias entre los cuerpos de seguridad a ambos lados de la frontera, protocolos de actuación sobre la salida de mercancías y la apertura de una aduana comercial entre Ceuta y Marruecos, que permita una actividad comercial legal y digna, que contemple el comercio atípico como actividad laboral.

En definitiva, el uso de un carro debe ser el primer paso en una serie de medidas para dignificar y regular la “deficiente gestión” el comercio atípico, pero en ningún caso pueden hacer creer a la ciudadanía que con un carrito dan carpetazo a esta situación que sigue sosteniendo de manera indecente una grave falta a los derechos humanos.

De hecho, y ya en los primeros días de efectividad de la medida, se han detectado nuevos abusos por parte de empresarios y dueños de la mercancía que aumentan la carga, por esta nueva medida, hasta a 100 kg. de peso y a bajo coste, lo que ha traído como consecuencia la rotura de numerosos carritos y la pérdida de la inversión realizada por las porteadoras.

La asociación seguirá luchando a través de la campaña ‘Porteadoras: La Injusticia a la Espalda’ para lograr el respeto a los derechos humanos en la Frontera Sur y denunciando, señalan, la dejación de responsabilidades del Gobierno español que, de manera continua, traslada a Marruecos la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos más básicos en una actividad que supone, en beneficios, la mitad de las exportaciones de Ceuta, unos 400 millones de euros.

 

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