Los representantes políticos se comprometen a garantizar unos ingresos mínimos para las personas en situación de pobreza
Sevilla, 17 de diciembre de 2015.- Las organizaciones sociales Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Federación Andaluza Enlace han convocado hoy a los partidos para exponerles las propuestas que en materia de derechos humanos, drogodependencias y exclusión social han desarrollado con motivo de las elecciones del 20D. Las entidades han pedido a los partidos políticos una apuesta decidida por las políticas sociales encaminadas a disminuir la exclusión que sufre el 42,3% de la población andaluza, que se encuentra en riesgo de pobreza.
La totalidad de las formaciones políticas han asistido al acto, excepto Ciudadanos. Además, los representantes políticos presentes (Federico Noriega, de Podemos, Alejandro Aguilar, de EQUO, Brígida Pachón, del PSOE, Aurora Vargas de Unidad Popular-IU, y Alicia Martínez, de PP) se han comprometido –a excepción el PP- tal y como piden las dos entidades, a la derogación de cadena perpetua, la Ley Mordaza, las devoluciones en caliente y prioridad de pago de la deuda –art.135 CE-. Todos los partidos han coincidido en la necesidad de instaurar algún tipo de ingreso mínimo para la población en situación de exclusión y en que no tiene sentido que los enfermos mentales sean internados en centros penitenciarios.
Otra de las cuestiones tratadas han sido los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que Unidad Popular-IU, Podemos-EQUO proponen cerrar y PSOE plantea reconvertir, además de acabar con las concertinas. Por su parte, el PP se compromete a trabajar por la transferencia de las competencias en sanidad dentro de prisión a las comunidades autónomas.
Además de estas cuestiones, el peticionario de la APDHA incluye como demandas la vinculación de derechos fundamentales a la residencia y no a la nacionalidad, permitir el ejercicio del derecho al asilo, garantizar el transporte público a las prisiones, mejorar las condiciones laborales de las personas presas, regular el trabajo sexual teniendo en cuenta la voz de las personas que lo ejercen y no eliminar el escaso apoyo institucional existente, la erradicación del chabolismo, soluciones integrales para las personas sin hogar, derecho al uso de una vivienda digna, renta básica y políticas de inclusión social.
Por su parte, la Federación Enlace entiende que es fundamental que se asegure el mantenimiento de la red especializada en adicciones, impulsar los programas de reducción del daño y prevención del riesgo, aumentar la inversión en programas de prevención a largo plazo, la creación de programas específicos para la inserción laboral, garantizar el acceso de las personas encarceladas a todos los programas de salud y tratamiento existentes en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos ampliando las medidas alternativas al encarcelamiento y promoviendo la mediación penal, asegurar la activa participación de las organizaciones sociales que atienden a personas con problemas de adicciones en el diseño de las políticas públicas y establecer un marco de financiación estable.
