La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia la actitud de los responsables del Cuerpo de la Policía Nacional de Córdoba y del Ministerio del Interior, por la persecución que llevan a cabo de un sector de la población con escasos recursos económicos que para subsistir se dedican a la distribución al por menor de escasa trascendencia. En atención a las características del culpable y a la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, el Cuerpo Nacional de Policía podría centrar sus fuerzas en perseguir a los grandes causantes de la delincuencia, como son las mafias. Las organizaciones que se lucran de este negocio, sin embargo, no se encuentran en las prisiones y raramente son detenidos.
Además, la criminalización del Top Manta es una reacción tremendamente injusta en cuanto que criminaliza la pobreza. El perfil mayoritario del “mantero” es el de personas inmigrantes, muchos de ellos sin papeles, sin posibilidad de permiso de trabajo y en situación de pobreza, que buscan en la venta ambulante una mínima fuente de ingresos para alimentos y vivienda. Vienen a ganar unos 200€ al mes con esta actividad. Algunos, con autorizaciones administrativas pero en paro, venden CDs piratas para poderse pagar la seguridad social y no perder sus permisos. Castigar con la prisión a estas personas es condenarlas aún más a profundizar en la exclusión social o el riesgo de ella.
Por otro lado, la implantación de vigilancia en la zona de la Mezquita por el gobierno local debe ser criticada, al suponer una intromisión ilegítima en la intimidad de los ciudadanos. No está acreditado que la instalación de cámaras reduzca la delincuencia. Tampoco lo está su utilidad para posteriores investigaciones de estos hechos, al utilizar los infractores medidas para proteger su identidad y no ser reconocidos. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología la instalación de cámaras no produce un efecto significativo en la reducción de los delitos (solo 1 delito de cada 100), y que los reducidos en esa zona son desplazados a zonas colindantes. El estudio finaliza señalando que estas cámaras no incrementan el sentimiento de seguridad del ciudadano.
Este tipo de medidas son medidas más populistas que eficaces, no propias de un gobierno de izquierdas. Más aún cuando existe una Comisaría conjunta de Policía Nacional y Local en la zona, Plaza Judá Leví. Si no ha reducido la delincuencia la Comisaría parece improbable que lo haga este nuevo sistema de control.
El sentimiento del ciudadano que pasee por la zona de falta de libertades, control, represión al sentirse vigilado, unido al miedo que puede generar el entender la zona como peligrosa, debe hacer replantear estas medidas al gobierno local.