Organizaciones sociales aplauden la decisión del Defensor del Pueblo de dar traslado a Fiscalía General del Estado de los mensajes lanzados por Vox en la campaña electoral

 

 

Además Andalucía AcogeAsociación Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA)CEARAsociación Elín, Iridia, Red Acoge y Federación SOS Racismo, se suman a exigencia del defensor para que “actores sociales, y particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación a la para que combatan firmemente los mensajes intolerantes y xenófobos que se intentan inculcar a la ciudadanía”

Para las entidades implicadas, tal y como se expuso en la queja presentada el pasado 5 de noviembre, en estos vídeos se difundieron mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promovían el odio hacia la población migrante, refugiada y racializada poniendo en peligro la cohesión social. En uno de ellos, en concreto, se criminalizaba a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar, generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada.

Por ese motivo, estas entidades no sólo comparten la preocupación de DPE “por los ataques sufridos por menores extranjeros no acompañados en las últimas fechas” y “su posición respecto a los mensajes xenófobos y racistas dirigidos a la ciudadanía, de los que estos niños han sido objeto, en los que se les criminaliza e incluso se justifican determinadas formas de violencia contra estos menores” sino que consideran un paso adelante que la Fiscalía General del Estado sea instada desde una Institución como es el Defensor del Pueblo, para que abra una investigación sobre estos presuntos hechos delictivos.

Por último, las organizaciones promotoras, instan a que en este proceso de negociación para la configuración del nuevo ejecutivo, la lucha contra el discurso del odio, la xenofobia, y los derechos de personas migrantes, racializadas o refugiadas sea uno de los pilares de la acción del nuevo Gobierno, así como a que los poderes públicos lideren la exigencia ciudadana de lucha contra estos comportamientos lesivos para la convivencia a través tanto de la puesta inmediata en conocimiento de las  instancias competentes , y se tomen todas las medidas previstas en el ordenamiento jurídico.

 

Comments are closed