Cerca está la noticia del hallazgo del único superviviente de un cayuco que partió de Senegal hacia Canarias con 53 inmigrantes a bordo. El hambre, el frío y la sed fueron acabando con sus vidas. En estos días nos llega la noticia de que en la misma ruta y en circunstancias parecidas, han muerto otros 58 inmigrantes subsaharianos. Nos duele cada muerte, no queremos apartar la vista de tanto sufrimiento y nos vemos obligados a levantar nuestra voz de denuncia.
La inmigración forzada tiene causas y causantes que no quieren reconocer ni Europa ni España. No falta demagogia, pero lejos1 de acudir a la raíz, la política migratoria española practica la contención y el rechazo de los empobrecidos. Es Europa la que está en deuda con África. Lejos1 de tratar de erradicar la pobreza se ha declarado la guerra a los pobres. Razones, no de solidaridad, sino de justicia, deben regir las relaciones de Europa con los pueblos africanos. Sin embargo ha de reconocerse que la externalización de fronteras del sur de Europa al norte y oeste de África es beligerante. Alambradas, buques, aviones, helicópteros, equipos técnicos, policías, guardias civiles… situados fuera de aguas europeas, lo demuestran. La llegada de inmigrantes a Europa, además de legitima (art. 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), es incontenible. El dispositivo Frontex ha conseguido forzar otras rutas mucho más largas y peligrosas. Las aportaciones económicas a los gobiernos de los países que constituyen la nueva frontera consiguen reprimir, más que disuadir.
El Gobierno de España, proponiéndolo como resultado de la práctica anterior, proclama como logro político la disminución del contingente de personas, llamadas por él “ilegales”, que en el 2007 han llegado a las costas españolas. Lo que no hace y sí debe hacer es, computar en su haber el número de personas inmigrantes que, debido a su política migratoria, han quedado en la ruta. Hoy son 58 personas más.
