PARA ERRADICAR LA TORTURA

El pasado 7 de enero, se conoció que Igor Portu, detenido el día anterior por agentes de la Guardia Civil, había sido ingresado en la UCI del Hospital Donostia (San Sebastián), casi al mismo tiempo se hizo público el parte médico de ingreso en el que se hacía constar que, el  “paciente refiere haber sido golpeado con puños y patadas en cara, tórax, abdomen y extremidades inferiores”

y se recogían las graves lesiones que el detenido presentaba a su ingreso en el hospital. Posteriormente se conoció que la otra persona detenida en la operación policial (Matti Sarasola) también había sufrido importantes lesiones. Ambos habían sido detenidos bajo régimen de incomunicación autorizado por la Audiencia Nacional.

“La primera reacción oficial fue el silencio. Sin embargo, la aparición pública de un informe médico -hecho insólito- que recoge en profundidad el estado que mostraba Igor Portu en el momento de su ingreso en el hospital y las declaraciones posteriores por parte de su familia de que lo habían encontrado en buen estado doce horas antes, cuando fue trasladado por la Guardia Civil a su pueblo para realizar el registro de su domicilio, desató una cascada de declaraciones de responsables políticos y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estas declaraciones estuvieron encaminadas, primero, a negar la práctica de tortura en este o en cualquier otro caso, pasando, según iban conociéndose más datos sobre lo ocurrido, a la minimizar el trato recibido por los detenidos (que se achacan, una vez más, al “uso reglamentaria de la fuerza” y aplicación estricta de la “Ley antiterrorista”), cuando no a justificar de forma encubierta las torturas denunciadas por Igor Portu, en base al “éxito y eficacia” de la operación policial que, con estas detenciones y la información obtenida de los detenidos, habrá evitado gravísimos daños futuros.

Estamos asistiendo a una nueva puesta en escena para justificar el llamado “Derecho Penal del Enemigo” y la teoría de que “el fin justifica los medios”.

Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las declaraciones efectuadas por jos1é Bono (ex presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha y ex Ministro de Defensa, y actualmente candidato por el PSOE a diputado), quien, al día siguiente y en relación a estas denuncias, en declaraciones a Radio Nacional de España (recogidas por numerosos medios de comunicación), manifestó: “Si yo tuviese que dirigir un consejo a los guardias civiles les diría que no haya bajas, pero que si tiene que haberlas que no sean nuestras”, al tiempo que calificaba de “canallas y asesinos” a los detenidos. Manifestaciones que recuerdan lo peor de comentarios similares efectuados por los “milicos” argentinos y chilenos durante los años setenta justificando los asesinatos y torturas generalizadas de opositores a las dictaduras latinoamericanas.

Desde otras instancias se extendía los llamamientos a que “se elimine cualquier atisbo de duda” sobre lo ocurrido y “demuestre la ausencia de torturas” en este caso, lo que esperan suceda con la investigación abierta por un Juzgado de Donostia. Al mismo tiempo estas mismas instancias descalifican a aquellos que cuestionan la “verdad oficial” y solicitan investigaciones independientes de los casos de tortura denunciados, a los que se acusa de intentar “coaccionar o coartar la acción de la Justicia”, como ha hecho, entre otros, el Magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, durante un acto celebrado en la Universidad de Salamanca el mismo día 8.

Sin entrara a valorar lo ocurrido durante y tras la detención de Igor Portu y Matti Saralosa (por ahora y a la espera de una mayor información, tanto de la investigación judicial como de los propios interesados –hay que recordar que los dos detenidos se encuentran aún incomunicados-) hemos de recordar que la tortura es una realidad, aquí y ahora, en el Estado español, y así lo demuestran los informes publicados por esta Coordinadora -a los que nos remitidos y que recogen más de 4000 denuncias por tortura y/o malos tratos entre 2001 y 2006- así como los informes publicados por otras organizaciones de Derechos Humanos e Instituciones Internacionales (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Relator Especial de Naciones Unidas Contra la Tortura, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por ejemplo) que ha venido cuestionando, año tras año, informa tras informe, las instituciones nacionales encargadas de investigar y, en su caso, sancionar las denuncias por tortura y/o malos tratos, así como de las encargadas de prevenir y erradicar estas prácticas.

Las declaraciones y maniobras que se están produciendo a raíz del conocimiento de las lesiones sufridas por Igor Portu y Matti Saralosa tras su detención por la Guardia Civil, son la negación sistemática de las recomendaciones de los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos, y, en concreto, de las recomendaciones de los organismos internacionales de la prevención de la tortura antes referidos. Ponen de manifiesto, una vez más, la ineficacia de los mecanismos de prevención y sanción de la tortura, nominalmente existentes en el Estado español, así como la falta de voluntad política para prevenirla y erradicarla.

La totalidad de Tratados internacionales suscritos por el Estado español hacen que éste haya contraído unas obligaciones que suponen exactamente lo contrario de la actitud que está mostrando el actual Ministro del Interior. En efecto, entre otras, se establece la obligación de investigar a fondo las sospechas de torturas, de apartar de sus puestos a los sospechosos y, en definitiva, de no anticipar ni prejuzgar los resultados de investigaciones semejantes antes que éstas hubiesen finalizado. La actitud del Ministro del Interior dando por buena la versión de la Guardia Civil sobre lo sucedido, va en camino contrario a las obligaciones internacionalmente contraídas.

Por todo ello, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, vuelve a exigir del Gobierno español

a) La puesta en marcha de las medidas reclamadas reiteradamente por instituciones internacionales, y muy especialmente la desaparición de las situaciones de detención incomunicada y privación de libertad en aislamiento.

b) La creación y puesta en marcha inmediata de Mecanismos para la Prevención de la Tortura de nuevo diseño, realmente independientes de los Poderes del Estado, que deberán estar integrados por personas que cuenten con capacidad y conocimientos profesionales reconocidos y demostrados y un compromiso firme en materia de derechos humanos.

La Coordinadora para la Prevención contra la Tortura, está formada por:

Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT), Alerta Solidària, Asociación APOYO, Asociación Érguete, Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans, Associaçaõ Contra a Exclusão pelo  Desenvolvimento, Asociación Contra la Tortura, Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Asociación Libre de Abogados, Associació Memòria Contra la Tortura, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación de Solidaridad y Apoyo a los Presos de Aragón, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos), Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Centro de Documentación Contra la Tortura, Comissió de Defensa del Collegi Barcelona, Comité Anti-Sida de Lugo, Concepción Arenal, Coordinadora Antirepressiva de Gràcia, Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá, Coordinadora de Barrios de Madrid, Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, Esculca (Observatório para a defensa dos direitos e liberdades), Etxerat, Federacion de Asociacions de Loita contra a Droga, Federación Enlace, Fundación Érguete, Grupo de Solidaridad con Euskal Herria de Madrid, Gurasoak, Institut Drets Humans de Catalunya, Justicia i Pau, Movemento polos Dereitos Civis, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Pastoral Penitenciaria de Lugo, PreSOS Extremadura, PreSOS Galiza, Rescat, SalHaketa (Bizkaia), SalHaketa (Araba), Torturaren Aurkako Taldea, Torturaren Kontrako Taldea, Voluntariado Penitenciario de Lugo, Xusticia e Sociedade

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