Si ni los Gobiernos ni el Estado resuelven los problemas, entonces ellos son el problema
- Publicado en eldiario.es / Óscar Mitillo, coordinador del área de Marginación de la APDHA
¡Unidos, saldremos adelante!, ¡nadie va a quedar atrás!,¡más Estado de bienestar es más seguridad y más protección colectiva! Grandes frases repetidas hasta el hartazgo desde gobiernos, instituciones y voceros del régimen. De tanto repetirlas esperaban imponer esa imagen como realidad verosímil, creíble. Pretendían, con su propaganda en los grandes espacios de los que disponen en sus medios de comunicación, hacernos creer que por ese camino íbamos. Habrán podido convencer a las capas medias y acomodadas, que “conocen” lo que ocurre por sus noticias, pero la realidad es empecinada y no se modifica con declaraciones grandilocuentes.
El 14 de marzo, el Gobierno decretaba el Estado de alarma, con el que se pretendía dar respuesta a la COVID-19. Establecía, entre otras cuestiones, la suspensión de todas las actividades presenciales no esenciales, reduciendo en fases esas limitaciones a medida que se iba controlando la expansión del coronavirus.
De inicio, se mantuvieron operativos hospitales, farmacias, bomberos, transportes, fuerzas de seguridad, supermercados y tiendas de alimentación, energía y sectores productivos vinculados al aprovisionamiento básico que no podían llevarse a cabo digitalmente o a través del teletrabajo. También se autorizaron o toleraron algunas otras actividades industriales en aras de evitar la paralización de la economía.
A medida que se iba avanzando fases, se incorporaron nuevas actividades: bares, restaurantes, bancos, hoteles, industrias, todo tipo de comercios para la venta de artículos y productos. A la gente se le atiende personalmente, como requieren los negocios, el capital.
¿Y qué pasó con las personas más necesitadas? ¿Con las que disponían de un trabajo mal retribuido, irregular o que estaban sin empleo, ni paro, que carecían de ingresos mínimos? La Renta Mínima de Inserción andaluza, como se reconoció recientemente, es insuficiente y beneficia a un reducido número de personas afectadas. El alardeado Ingreso Mínimo Vital se aprueba en el Congreso el 10 de junio (tres meses después de decretarse el Estado de Alarma), empieza a ser percibido en julio por un reducido número de familias y por sus exigentes requisitos y límites presupuestarios va llegando con cuentagotas a la gente (a 7 de agosto, de las 510.000 solicitudes presentadas, sólo se habían aprobado el 0,57%). Como suponíamos, lejos está de atender al grueso de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué pasa entonces con sus vidas y necesidades más elementales?
Desde que empezó el confinamiento, en la mayoría de municipios, los Servicios Sociales Municipales y Comunitarios dejaron de atender presencialmente a las personas y familias que los necesitan. Igual pasó con los Ambulatorios, Consultorios Médicos y Servicios de Dependencia. Se establecieron accesos vía web y un laberinto de números de teléfono que deriva y deriva las llamadas, haciendo el trámite interminable. Además, parece desconocerse que para muchas personas usuarias – especialmente de los sectores más empobrecidos-, las continuas y prolongadas llamadas telefónicas cuestan un dinero que no tienen. En cuanto a los trámites por internet, poco importó que el hacer gestiones a través de páginas web no esté al alcance de todas las personas, dada la brecha tecnológica existente. Ni que, en algunos casos, no permitieran tramitar el recurso requerido, mucho menos si era urgente.
Y en esas estamos. La respuesta telefónica, cuando se logra contactar, no resuelve ni prioriza la demanda que se presenta. Semanas pendientes de una llamada del médico de familia, de un trabajador o trabajadora social para que inicie la gestión de una solución o ayuda económica puntual. A las asociaciones de vecinos, colectivos sociales y redes de apoyo mutuo no dejan de llegar continuamente personas y familias desesperadas por este abandono, dada la insuficiencia e ineficacia del servicio público prestado. La atención presencial sigue, al día de hoy, bajo mínimos, como si no existieran necesidades extremas que resolver.
¿Por qué no se les atiende presencialmente? ¿Por qué estos Servicios Públicos no están abiertos al público, dentro de las medidas de seguridad vigentes? Las personas empobrecidas y sus necesidades ¿no deben ser lo primero? ¿Por qué se les abandona a la caridad o al buen hacer de sus propios vecinos y vecinas? A esto se agrega ahora la gran preocupación con el inicio del curso escolar, sin las garantías de seguridad que aportarían la reducción de ratios en las aulas y la contratación de profesorado adicional y personal de administración y servicios (PAS), que permitirían clases presenciales desdobladas con suficientes garantías sanitarias.
Esta situación es una prueba de que, para las instituciones y sus políticos/as, los servicios públicos no son esenciales para sus objetivos. Por ello permanecieron y siguen, en muchos casos, cerrados, abandonando a nuestros vecinos y vecinas más necesitados. También, esta crisis sanitaria, que acentuó la incipiente crisis económica ya entonces emergente, evidenció que los recursos económicos están sustancialmente para el sostenimiento de las grandes empresas. Siendo sus presupuestos limitados, se prioriza el rescate del capital a las personas. El modelo austericida neoliberal ya había castigado severamente los servicios públicos, con recortes presupuestarios que redujeron de forma importante el personal sanitario y sus equipamientos, en particular los preventivos. Ello imposibilitó y sigue mermando una respuesta eficaz por encima de la voluntad y entrega de sus trabajadores y trabajadoras.
La medida más simple y fácil de implementar sigue siendo el establecimiento de una Renta Básica Universal Incondicional que garantice ingresos mínimos para toda persona que la solicite sin trabas burocráticas, financiada con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, las grandes empresas y sus beneficios, y paralelamente promover el trabajo garantizado y el reparto de las horas trabajadas. Asimismo, la satisfacción de las necesidades sociales pasa de inicio por la recuperación de la gestión pública de los servicios privatizados en sanidad, servicios sociales, residencias de mayores, dependencia, teléfonos de atención…, dotándolos de presupuestos suficientes.
Las redes de apoyo comunitario han sido una respuesta organizada, cercana y solidaria, que ha generado una ciudadanía activa. Seguir construyéndolas y manteniéndolas es una cuestión clave. Por otro lado, replantear el modelo asistencial, cortoplacista y tremendamente mermado por los continuos recortes de los servicios sociales actuales es necesario para no dejar atrás a nadie.
Construir una alternativa de servicios públicos sociales de calidad, donde haya más financiación, donde se generen puestos de trabajo y donde los cuidados sean el centro de los mismos, supondría el desarrollo de una sociedad saludable, más democrática, sostenible y justa.
Ante esas consignas repetitivas lanzadas por la clase política, quienes participan en las numerosas y continuas movilizaciones de la comunidad educativa, sanitaria y de los barrios les hacen saber a los Gobiernos que sus anuncios no resuelven el problema y que ¡las personas son lo primero y lo que importa!
