Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la APDHA.
La confiscación de bienes de las personas refugiadas para una hipotética cobertura del gasto público dedicado a su acogida, ¿no sigue en realidad la misma lógica de los «copagos» impuestos en servicios públicos al calor de los recortes sociales sufridos en el actual contexto de crisis social y económica?
Durante el pasado año 2015 que acaba de terminar, la deriva restrictiva de las políticas de la UE y sus miembros en materia de control de fronteras, gestión de flujos migratorios y, muy especialmente, de asilo ha estado en el centro de las preocupaciones de los colectivos sociales que trabajamos en el ámbito de las migraciones. De hecho, ha sido tema recurrente en nuestros artículos de esta tribuna que tan amablemente nos ofrece eldiario.es.
En los posicionamientos y denuncias de la sociedad civil de los últimos meses sobre esta materia se ha puesto preponderantemente de relieve las vulneraciones de los Derechos Humanos «directas» que sufren las personas migrantes y refugiadas, lo que es totalmente lógico (y necesario). Sin embargo, entendemos que es imprescindible no perder de vista el impacto global que estas políticas tienen en el sistema democrático y el Estado de Derecho en el concierto europeo.
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