Bogotá, junio 2 del 2021
AUTORIDADES TRADICIONALES INDíGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR
Ante la grave situación por la que atraviesa el pueblo colombiano, en particular las poblaciones originarias; con ocasión a los recientes hechos de movilización social frente a los despropósitos del gobierno nacional, el movimiento de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia GOBIERNO MAYOR, considera la necesidad de informar de manera directa a la comunidad internacional las razones por la cuales estamos marchando con nuestra palabra.
Resultaría una lista de agravios mencionar todas las formas y niveles de violación de derechos que en Colombia se ha causado y se sigue causando a los pueblos indígenas, por cuenta del establecimiento, así como por los actores al margen de la ley; sobre todo aquellos casos que por su ubicación y falta de despliegue informativo no son conocidos por el resto de la sociedad. En todo caso resaltamos los temas sobre los cuales ha sido motivo de nuestra histórica resistencia.
El tema estructural de demanda constante por parte de los pueblos originarios es el reclamo por la inseparabilidad con nuestras tierras y territorios, que es un derecho preexistente a la norma constitucional, como parte esencial de lo que en nuestro pensamiento ancestral hemos reconocido como el DERECHO MAYOR. Frente a esta demanda, por una parte, el estado ha venido incumpliendo su obligación de garantizar ese derecho fundamental; por otra parte, la presencia de grupos al margen de la ley en territorios indígenas es una amenaza que pone en riesgo la vida de la población, especialmente las autoridades y los dirigentes de las comunidades indígenas.
En este tema del reclamo de tierra existen demandas ya por saneamiento, constitución o ampliación de resguardos; son cientos de solicitudes y exigencias, las cuales hoy tiene una particular situación y es que casi todo se le ha dado un trámite en el plano de lo burocrático, pero sin su correspondiente goce efectivo, lo cual pone en riesgo nuestra identidad territorial y cultural.
Ahora bien, contrario a lo que la constitución política ordena sobre la protección de los recursos naturales, la institucionalidad ha instrumentalizado la norma en su perspectiva mercantilista de desarrollo, siendo el código minero uno de los medios para tal fin, en el cual nuestros territorios y las poblaciones indígenas somos los primeros afectados. En ese despropósito en el año 2006 se inició el plan nacional para el desarrollo minero, cuyo espíritu fue claramente el de facilitar la actividad minera a agentes privados.
En esa dirección en el año 2010 el gobierno de turno introdujo la locomotora minera dentro del plan nacional de desarrollo 2010-2014. Solamente en la Amazonía colombiana, donde habita más de 60 pueblos indígenas, en el año 2019 se otorgaron más de 150 títulos mineros, en su mayoría dentro de territorios indígenas de donde se exigió la correspondiente consulta previa tal como la misma corte Constitucional había condicionado en su sentencia C-035 del 2016, pero no se le dio el debido cumplimiento. En concreto la minería legal o ilegal representa para los pueblos indígenas una amenaza para nuestra subsistencia, además del irreparable daño ecológico.
Por otra parte, además del daño ecológico causado por la actividad minera, está también el daño ecológico causado por la aspersión de herbicidas tóxicos con el argumento de erradicar los cultivos ilícitos, pero en la práctica están causando daños ecológicos de los ecosistemas dentro los cuales están los territorios indígenas. Es claro entonces que, en materia de daños ambientales con repercusión sobre la población indígena, el estado es el primer actor quien vulnera derechos fundamentales pese a los reclamos desde la población, advertencias de organizaciones ambientalistas, pero sobre todo a pesar de los impactos plenamente demostrados.
Frente al actual plan de gobierno del presidente Duque, “pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el movimiento indígena considera que se ha dado un retroceso de los pocos logros alcanzados en lo que va a partir de la promulgación de la constitución política de 1991. La obsesión por la utilización del glifosato con el argumento de combatir los cultivos ilícitos; la imposición del modelo fracking para el extractivismo y su indolencia frente a la ola de asesinatos de dirigentes de las comunidades indígenas, ratifican el carácter complaciente del gobierno frente a la vulneración de derechos fundamentales.
Un hecho que ha indignado no solo a la población colombiana sino a la misma comunidad internacional es el asesinato diario de líderes sociales que se ha venido dando últimamente en distintas zonas del país, pero particularmente en la zona andina donde es claro el fenómeno de la lucha por la tierra; en el cual el gobierno nacional no ha tomado medidas efectivas frente a esta ola de crímenes. Sobre este fenómeno de genocidio sistemático los reportes dan una cuenta alarmante de 142 asesinatos de líderes indígenas en los últimos 3 años de gobierno Duque. De ellos en una clara demostración muerte sistemática es el hecho que 24 asesinatos se han ocasionado durante la pandemia y 3 asesinatos de líderes indígenas con las manos de la fuerza pública durante este mes de protestas.
Ante los reclamos y protestas generadas a raíz de los hechos, el gobierno contrario a buscar soluciones lo que ha hecho es desdibujar y satanizar las protestas; por ello ha insinuado en la necesidad de regular la protesta social con el argumento de evitar que las protestas sean financiadas por grupos armados ilegales. A la postre esta postura del gobierno es una forma de provocación que finalmente genera mayor descontento en la población y en efecto da pie a mayores protestas.
La demostración del cinismo por cuenta del Gobierno colombiano es el hecho de haber promulgado el reciente decreto 575 del 28 de mayo denominado de “asistencia militar”, que no es otra cosa que la militarización de varios departamentos y municipios del país, entre los cuales se encuentra buena parte de la población indígena. El efecto inmediato es el recrudecimiento de la ola de violencia que se está sintiendo.
Ante este panorama el destino de los pueblos indígenas en Colombia es un incierto porque desde la legalidad del estado se niega o desconoce la legitimidad de nuestras demandas y en efecto en nombre de la ley se desconocen y se vulneran derechos. En estas circunstancias las poblaciones indígenas nos encontramos en un enorme dilema; que en teoría la constitución reconoce nuestros derechos, pero en la práctica la clase política con el apoyo de la fuerza pública se ha encargado de obstruir mediante mecanismos de represión y desinformación o distracción.
Estas son las razones por las que hoy marchamos junto al resto de la sociedad indignada por el mal trato por parte del gobierno; marchamos para decirle al país y al mundos que se nos respete la vida, que se nos respete el territorio; no más asesinatos por cuenta de las balas asesinas del estado ni de los grupos armados al margen de la ley, no más minería que desangra la madre tierra, no más política de guerra. Los pueblos indígenas marchamos para rechazar las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta social. Marchamos por la defensa de nuestros territorios; marchamos con dignidad porque seguimos siendo guardianes de la vida y de la paz.
Por esta razón las autoridades tradicionales indígenas GOBIERNO MAYOR, invita a la comunidad internacional a unirse a nuestra marcha divulgando esta información a través de sus medios. Es hora que el mundo conozca la dramática realidad en la cual el gobierno colombiano pisotea la democracia y burla nuestra dignidad. De nuestra parte seguimos sosteniendo con firmeza el bastón de la autoridad mediante el ejemplo, en concordancia con las enseñanzas de la madre tierra.
