La Asociación Pro Derechos Humanos, delegación de Córdoba, ha sido informada del trato inadecuado sufrido por un vecino, de origen marroquí, de la localidad de Cabra, por parte de agentes de la Policía Nacional. Éstos le solicitaron el teléfono móvil que portaba. Él se disponía a llamar a su compañera para explicarle que a otro vecino, también de origen marroquí, le estaban requiriendo la documentación. Le acusaron de filmar la actuación policial, pero no comprobaron in situ el supuesto video o fotos; tan sólo, de malas formas, fue conducido a dependencias policiales, donde denuncia que hubo malos tratos. Era la segunda vez en el día que los agentes se dirigían a él: con anterioridad le habían solicitado su documentación. Él, preguntando los motivos de dicha solicitud, no recibió explicación, y finalmente optó por acreditar su identificación para evitar problemas. Días más tarde, recibió una denuncia por parte de los agentes, por atentado contra la autoridad.
Este ciudadano lleva en España cerca de doce años. Y está perfectamente integrado en la localidad egabrense, desempeñando su trabajo en una empresa, con un contrato laboral. Posee formación universitaria, concretamente en Física y Química, y ha sido profesor durante siete años en Marruecos. Con anterioridad, no ha tenido esta clase de problemas, y no acaba de entender la conducta que desarrollaron los agentes con él. Habiendo sido objeto de un trato, según él, nada acorde con los derechos humanos, tendrá que demostrar ante la justicia que no fue él quien ofreció un trato incorrecto a los agentes. Demostrar la veracidad de lo acontecido cuando fue conducido a la comisaría, le puede resultar muy complicado.
Este nuevo caso nos pone sobre aviso acerca de las actuaciones poco profesionales por parte de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como se recogía en el Informe presentado por la Coordinadora contra la Prevención de la Tortura, en el que se destacaban nueve casos de malos tratos en la provincia de Córdoba por parte de la policía. Huelga decir que nueve son los casos documentados, siendo posiblemente el número de denuncias planteadas mayor. La dificultad para demostrar estas denuncias casi siempre radica en la falta de pruebas delante del juez para que este certifique la veracidad de los hechos. Pero eso no tiene que significar que no sean ciertos, simplemente que no se puede demostrar su autenticidad. Pero nueve, son ya demasiados. Uno, ya es reprobable.
Lamentamos profundamente que el SUP (Sindicato Unificado de la Policía), en un artículo publicado hace unos días en un medio de comunicación, cuestione la labor de una entidad con la trayectoria de la Coordinadora, reflejando el desconocimiento de un trabajo serio, más que reconocido, por la lucha a favor de los derechos humanos. En el mismo artículo se aseguraba la falsedad de las denuncias por malos tratos realizadas previamente a la instalación de cámaras en las comisarías, alegando el SUP que recientemente no había habido denuncias.
Deseamos que la instalación de cámaras en las comisarias, siempre que se haga un buen uso de las mismas, sirva para erradicar comportamientos como los denunciados por este ciudadano. Pero los hechos degradantes no se acaban sólo con la instalación de medios audiovisuales, sino cuando se entierre ese pensamiento aun enraizado en algunas personas de que los fines sí justifican la utilización de ciertos medios.
Córdoba, 19 de agosto de 2011
