Presentación de queja de APDHA y de más de mil presos andaluces al Defensor del Pueblo Andaluz y estatal tras dos meses privados de asistencia letrada

La situación deviene insostenible para muchas de las personas privadas de libertad. La APDHA exige la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP).

El 17 de abril de 2012 se acordó por los Colegios de Abogados la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones tras el requerimiento efectuado en tal sentido por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, financiador del mismo. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que los presos tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad en prisión, permisos de salida… Sus objetivos y funciones se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (en tanto en cuanto velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (en tanto en cuanto insistir en el desarrollo de las posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para lleva a cabo un real y efectivo tratamiento respecto de las personas condenadas a penas de prisión). Además facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre, que puede solicitarlo libremente.

Valentín Aguilar, coordinador del área de Cárceles, ha explicado que, ante esta suspensión de los SOAJP la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) puso en marcha una campaña dirigida a explicar a las personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios andaluces la situación actual. En este sentido se les ofreció modelos de quejas individuales así como la posibilidad de firmar un documento titulado “HOJA DE FIRMAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTATAL, ANDALUZ Y REPRESENTANTES POLÍTICOS” con el siguiente contenido “Los abajo firmantes, personas presas en un centro penitenciario andaluz, exigimos la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que han sido suspendidas en el mes de abril de 2012. El acceso a los abogados es indispensable dada nuestra situación de privación de libertad”.

Más de mil personas privadas de libertad han decidido firmar, formalizando así su queja en un corto periodo de tiempo. A este número, debe sumársele otro importante indeterminado de quejas individuales de presos que han debido llegar o llegarán a la oficina de los Defensores, adscritas o no a la campaña de la APDHA. Con este número simbólico y significativo, teniendo en cuenta la dificultad encontrada en la administración penitenciaria que se expone a continuación, se pone fin a dicha campaña informativa y de recogida de adhesiones.

Retención de firmas en el Centro Penitenciario de Córdoba

Valentín Aguilar ha continuado su intervención informando que en el día de hoy se presentan 650 quejas de presos, a la que deben sumarse otras 500 retenidas de manera ilegal por el Centro Penitenciario de Córdoba, extremo sobre el que se abrieron quejas en las Oficinas de los Defensores del Pueblo Estatal y Andaluz. En los escritos de queja se solicitaba por la APDHA que se acordara requerir al centro a que devolviera los citados escritos a esta entidad, o en su defecto, diera curso legal a los mismos entregándoselo a esta oficina, y que el Centro se abstuviera en el futuro de impedir que una campaña pacífica como ésta, transcurriera con normalidad.

En el escrito que presentaba la campaña a los presos se identificaba que el objetivo era “exigir a las dos Administraciones Públicas que desbloqueen la situación actual y, en cualquier caso, reclamar a la Junta de Andalucía que continúe su convenio con los Colegios de Abogados […]. Todas las firmas recogidas serán enviadas al Defensor del Pueblo Estatal y Andaluz, así como a otros representantes políticos con competencias en la materia, con el único fin de que, de forma pacífica, se escuchen las voces de las personas afectadas por la suspensión del servicio”.

Dichos escritos fueron entregados y firmados por los presos en diferentes Centros, siendo el Centro Penitenciario de Córdoba el que cambiando el criterio –en otras ocasiones se habían realizado campañas parecidas- procedió de forma injustificada a la retención ilegal de las firmas. Solicitado a éste explicaciones sobre los motivos, así como el obtener su entrega a esta Asociación o a los presos y/o su tramitación a las entidades a las que iban dirigidas, entre ellas el Defensor, se obtuvo una negativa por respuesta. El Reglamento Penitenciario establece que “los internos podrán dirigir peticiones y quejas al Defensor del Pueblo, que NO PODRÁN SER OBJETO DE CENSURA DE NINGÚN TIPO”

Los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP)

Por otra parte, Maribel Mora, Coordinadora General de APDHA, ha ofrecido datos sobre el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. En el año 2011 el SOAJP atendió en Sevilla a 3.311 presos; en Córdoba 1.800; en Cádiz 1.101 presos; en Almería, 591; Málaga 539.  Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, los presos. Nueve mil asistencias de dieciséis mil trescientos presos, dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia.

Desde el año 1998 se vienen prestando estos servicios, en virtud de acuerdos bilaterales entre los colegios de abogados y los centros penitenciarios, cuando era máximo responsable de éstos al igual que lo es hoy, Ángel Yuste, siendo sufragados a través de la Junta de Andalucía. A partir del 3 de abril de 2008 dicho sistema fue sustituido por un Convenio tripartito, entre el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el Ministerio del Interior y de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Convenio que fue prorrogado indefinidamente en reunión celebrada el 28 de octubre de 2010.

Maribel Mora ha explicado que el Convenio se desarrollaba con addendas –disposiciones adicionales– anuales. La Junta de Andalucía remitió el expediente del año 2011 a la administración central en noviembre de 2011, casi al final del citado año,  y ésta se está alargando en su tramitación, acumulando al día de hoy siete meses. A la presente fecha sigue pendiente de la firma por el Ministerio del Interior, que no puede hacerlo sin el informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, actualmente en proceso. Todo ello, está afectando a terceros administrados que no deben sufrir los malos funcionamientos de las Administraciones. No es fácilmente previsible el retraso adicional que aún pueda acumular el citado informe pendiente, ni el resultado del mismo.

Según Mora, “la situación es completamente absurda, pues la administración central y los directores de los Centros Penitenciarios de Andalucía han considerado necesario y útil el SOAJP, y la Junta de Andalucía ha estimado de interés su continuación, señalando que no existe obstáculo alguno para su financiación. La guerra de la Administración central y autonómica continúa afectando a los más desfavorecidos”.

Fácil reinstauración de los SOAJP ¿existe voluntad política?

De manera provisional, entre tanto se resuelven los trámites burocráticos, o de manera definitiva, en caso que ello no sea posible, la solución pasa por volver a la situación previa a la existencia del Convenio tripartito. Es decir, que los Colegios de Abogados puedan seguir prestando el SOAJP a través de los Convenios de Colaboración existentes entre cada Colegio y el Ministerio, recibiendo las retribuciones correspondientes por la Junta de Andalucía.

La Administración central no pondría obstáculo alguno a esta solución, no lo puso en el pasado. Así pues es el momento de que la central confirme su postura y la andaluza aclare su posición al respecto.