APDHA considera que el reconocimiento como presidente de Venezuela de Juan Guaidó vulnera el derecho internacional e incrementa la tensión y el conflicto en Venezuela

 

Andalucía, 11 de febrero de 2019.

Imagen: Wikipedia

La crisis institucional que sacude Venezuela con dos Asambleas que se disputan la legitimidad y dos presidentes, uno “encargado” apoyado por Washington, Juan Guaidó, y otro electo, Nicolás Maduro, ha abierto una peligrosa situación que puede conducir a los peores escenarios.

En ese contexto, la APDHA considera que el reconocimiento a Juan Guaidó por parte del Gobierno de España, alineándose finalmente sin fisuras con EE.UU. y cediendo a la presión de la derecha en España, que ha utilizado Venezuela como arma política interna, «es una mala decisión y un grave error».

Independientemente de que proclamarse presidente en una plaza, en el marco de una concentración ciudadana, no parece que sea un método muy democrático; independientemente también de que Juan Guaidó no representa ni siquiera a la mayoría de la oposición, a la que intenta superar por la vía de los hechos para apropiarse del poder y de los recursos de Venezuela; independientemente de que Guaidó es un político encuadrado en la ultraderecha más radical de Latinoamérica… Independientemente de todo ello, la APDHA denuncia que «este reconocimiento vulnera la Carta de la Organización de los Estados Americanos, supone una grave injerencia en los asuntos de otro país soberano y conculca el ordenamiento y el derecho internacional».

El gobierno de Pedro Sánchez se salta todos los procedimientos legales y democráticos para apoyar una rebelión en Venezuela, en tanto que en el caso de Catalunya apoya la acusación de rebelión para los dirigentes soberanistas.

Contrasta también con la actitud de apoyo a tiranías reconocidas como la de Arabia Saudí, o la legitimación diaria del gobierno de Israel en su genocidio del pueblo palestino, por poner dos ejemplos. Lo que simplemente es reflejo de la absoluta falta de preocupación por la paz, la democracia y los derechos humanos.

El aval de España y otros países de la UE, incluso del Parlamento Europeo -para vergüenza democrática-, supone una medida coactiva que alimenta el conflicto que enfrenta a la sociedad venezolana, aleja las posibles soluciones, da alas a los sectores más ultraderechistas que crecen en el planeta, también en España y, finalmente, puede suponer un apoyo implícito a Donald Trump para que inicie una intervención militar en Venezuela.

La APDHA rechaza todas las injerencias extranjeras y muy especialmente alerta de esa posible intervención militar de EE.UU., que acabaría en un enfrentamiento armado con miles de víctimas en una espiral de consecuencias imprevisibles en toda Latinoamérica.

Es cierto que la magnitud de la crisis económica y social en Venezuela es tremenda. Los datos conocidos reflejan la situación pavorosa que está sufriendo el pueblo venezolano. No ha sido sólo la injerencia extranjera, sino que la errática política llevada a cabo por el gobierno de Maduro, no ha estado al servicio de las clases populares y han convertido en secundarios los logros conseguidos en materia de salud, educación y vivienda alcanzados durante los gobiernos de Hugo Chavez. Ello ha llevado a importantes sectores populares a alzarse exigiendo un cambio de rumbo.

Pero, a entender de la APDHA, ello no justifica intervenciones extranjeras que, además, no pretenden ayudar al pueblo venezolano, sino que sirven a poderosos intereses sobre las riquezas del país (no se olvide que Venezuela posee la primera reserva mundial de petróleo). La hipocresía que esconden estas acciones responde a un modelo global que impera en las relaciones internacionales y que promueve la desigualdad y la vulnerabilidad de los pueblos.

Hace falta apoyo, sí. Pero, afirman desde la organización, «apoyo para encontrar una salida negociada, avalada por Naciones Unidas y respetando el marco del derecho internacional, que sólo puede pasar por el diálogo entre las partes para logar una salida pacífica y democrática en la línea de la propuesta de diálogo presentada por México y Uruguay ante la ONU».

 

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