Alertamos en un informe de la fuerte presión privatizadora que sufre la educación pública por parte de la Junta en Cádiz y su repercusión en el aumento de la pobreza infantil

  • Avisamos de la misma tendencia privatizadora en la formación profesional
  • El informe recoge otras valoraciones sobre la calidad educativa del alumnado con necesidades especiales, las becas, la brecha digital y las condiciones climáticas en las aulas


Cádiz, 4 de octubre de 2022. En una nota de prensa la Delegación de Cádiz de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos dado a conocer la actualización de su informe anual sobre la situación de la educación en la Bahía de Cádiz. El informe, que en esta ocasión lleva por título “El derecho a la educación en tiempos de crisis”, sigue insistiendo en que el derecho a la educación, “un derecho esencial”, continúa sufriendo una fuerte presión privatizadora por parte de la Junta de Andalucía.

En el informe que realizamos para el curso escolar 2022-23 hemos querido resaltar que los pretendidos efectos de la caída de la natalidad han sido utilizados por la Administración andaluza para continuar con la privatización y supresión de líneas en la escuela pública. Subrayamos que “la caída de la natalidad continúa imparable en la capital.

Una ciudad que continúa una agonía mortecina solo sostenida lamentablemente por el turismo y la hostelería y donde la juventud malvive o se va directamente a otras localidades, porque junto a la vivienda y el desempleo siguen siendo los principales hándicaps para que la ciudad recupere su población”.

Esta situación también se refleja en otras localidades de la Bahía, aunque en menor medida. Es ese cierre de unidades que desde la Administración justifican por el menor número de alumnos y alumnas en las aulas hace que mostremos que “nuestra preocupación es la misma que el curso pasado porque esas supresiones siempre afectan a la escuela pública, que continúa gravemente amenazada. Una escuela pública que es la que mantiene un alto porcentaje de alumnado vulnerable y con más necesidades”, por lo que a su vez no dudamos en exigir el mantenimiento de las unidades y un aumento del profesorado para garantizar una atención más personalizada del alumnado. Insistimos en que “no entendemos cómo no se aprovecha la bajada de la natalidad para disminuir la ratio, ya que se demostró una medida muy eficaz durante la pandemia”.

Otro de los datos que sustenta esa tendencia a la privatización de la escuela pública que poco o nada tiene que ver con el descenso de la natalidad es la reciente creación en la Junta de Andalucía de la Dirección General de Enseñanza Concertada que tendrá como función la relación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con las confesiones religiosas en materia educativa.

La pobreza infantil es fundamentalmente preocupante en este curso ya que “los indicadores que hemos recopilados son alarmantes, debido a que existe una relación directa entre paro, pobreza infantil, fracaso escolar y exclusión social” y recuerdan que “España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil y al mismo tiempo, es uno de los países que menos dinero público invierte en programas específicos para la familia y la infancia”, dato extraído del Instituto Nacional de Estadística y que indica que la pobreza o la exclusión en España han llegado a situarse en Andalucía en el 32,2%, y en España, en el 22%.

Consideramos que “la deriva de esa pobreza infantil que describimos en el informe se ha manifestado en la brecha digital especialmente visible durante los meses más duros de la pandemia”, asegurando que la enseñanza online ha llegado para quedarse en paralelo a la educación presencial y que “no es justo, porque son muchas familias las que no cuentan con la conexión o los dispositivos adecuados para seguirla”, recordando que la equidad es uno de los principios de la educación y todo el alumnado debe tener las mismas oportunidades.

En el informe también revelamos que la tendencia privatizadora también se manifiesta en la Formación Profesional, es especialmente importante en una zona como la Bahía de Cádiz, que “cuenta con un paro juvenil inasumible”.

El informe se hace eco además de la calidad de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, destacando que “se trata de un colectivo muy vulnerable que no está siendo atendido en condiciones dignas, entre otras cosas por la precariedad laboral que desde hace años tienen los monitores y monitoras encargados de facilitar su escolarización.”

Mencionamos por último las condiciones energéticas y climáticas que padeció el alumnado andaluz durante el curso pasado y esperamos que se acometan las reformas necesarias para que desaparezcan las llamadas “aulas de calor”, para que “vuelva el bienestar de nuestros alumnos y alumnas en clase. Son pocos, vamos a cuidarlos».

banner hazte pro derechos

Comments are closed