La Audiencia Provincial de Málaga ha archivado provisionalmente la imputación por prevaricación del máximo mando de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor. Los magistrados afirman que el coronel jefe de la Comandancia de la ciudad autónoma no prevaricó al proceder a la devolución en caliente de inmigrantes subsaharianos que acababan de superar la valla fronteriza. Asimismo, indican que la reforma de la ley de extranjería aprobada recientemente da cobertura legal a estas prácticas.
Las organizaciones personadas en el procedimiento penal (Andalucía Acoge, Prodein, SOS Racismo y APDHA) respetamos, aunque no compartimos, el auto de la Audiencia Provincial de Málaga, pero nos gustaría incidir en una serie de aspectos que podrían quedar eclipsados por dicha anulación. En primer lugar, la Audiencia ha reconocido que las órdenes dictadas por el coronel a sus subordinados han supuesto una vulneración del ordenamiento jurídico español, ya que no se han seguido los procedimientos legales establecidos, se ha prescindido de garantías como la asistencia de abogado e intérprete, y se ha impedido el derecho a solicitar asilo en España. Igualmente, el auto considera inaceptable el concepto de frontera que se viene aplicando desde el 2005, y por lo tanto reconoce la zona de entrevallas como parte del territorio nacional.
Hay que destacar también, que los magistrados sólo han archivado provisionalmente la responsabilidad penal del coronel, y exclusivamente respecto al delito de prevaricación administrativa. El procedimiento penal principal, por lo tanto, sigue abierto para los guardias civiles por los delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de un delito y omisión del deber de socorro.
Según José Luis Rodríguez, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge “el hecho de que el procedimiento siga abierto, hace que nos preocupe que sean los subordinados los que terminen pagando los platos rotos por una mala gestión por parte del Gobierno español del perímetro fronterizo”. Consideramos que es el momento de exigir responsabilidades políticas al Ministerio del Interior, e insistimos en la idea de que el coronel debe ser apartado de sus funciones en la valla incluso no habiendo prevaricado, ya que el auto deja claro que ha vulnerado el ordenamiento jurídico y no ha respetado los derechos mencionados anteriormente.
