RECHAZO A LAS PRESIONES ACTUALES SOBRE CLÍNICAS ACREDITADAS PARA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Y SUS PACIENTES

tras las detenciones de personal del Instituto CB Medical Ginemedex de Barcelona., sobre los derechos de los profesionales que trabajan en clínicas acreditadas para Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) y sus pacientes. Por ello, queremos manifestar que:

1. Nos parece problemático el alarmismo mediático con que algunos medios están tratando el tema, generando un falso debate que en nada ayuda al avance en la consecución del derecho, reconocido internacionalmente, de las mujeres a decidir cuándo y cómo tener a sus hijos1.

2. Esperamos que desde el gobierno actual del PSOE se gestionen con eficacia dos cuestiones fundamentales:
 Que sigan adelante con su propuesta de mejora legislativa, tal y como recogían en su programa electoral, para avanzar en la consecución del aborto como un derecho para las mujeres. Hoy esta práctica está penada salvo en tres supuestos, con lo que el derecho no está reconocido normativamente. Desde aquí esperamos que se avance, se proponga un debate parlamentario y se pacte la manera más adecuada y consensuada -ya sea bajo la forma de una ley de plazos o de cualquier otra forma- de reconocer el derecho de las mujeres a decidir cómo y cuándo tener a sus hijos1. No sería consecuente que todo quedara de nuevo en una promesa electoral o que se cediera a las presiones más reacias de nuestra sociedad.
 Que, mientras no aparezca ninguna reforma a la actual ley, el Gobierno ponga los medios necesarios para garantizar que los profesionales de las clínicas acreditadas para IVE y sus pacientes no sigan siendo víctimas de hostigamiento por parte de los grupos detractores del derecho al aborto. Las clínicas y sus pacientes han visto cómo se les ponía en cuestión por parte de estos grupos “pro-vida” desde el mismo momento en que se aprobó la ley de los tres supuestos -agravándose esta situación en las últimas semanas-, dificultando, a los primeros el derecho a hacer con tranquilidad su trabajo y, a las segundas, a ejercer su derecho como usuarias.

3. Según datos del Ministerio de Sanidad, hasta un 90% de los abortos que se hacen en nuestro país se practican antes de las 12 semanas de gestación, no llegando al 2% los que superan las 21 semanas, respondiendo a situaciones de extrema gravedad. Si en algún lugar se realizan ilegalmente, es normal que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado intervengan. Lo que no es de recibo es que se hostigue y acose de forma sistemática a las clínicas ginecológicas que incluyen la IVE, cuando se encuentran realizando su trabajo dentro de la legalidad. Vaya desde aquí nuestro apoyo al personal de estas clínicas en todo el territorio español y muy especialmente a las concertadas con el Servicio Andaluz de Salud, que, como hemos podido comprobar desde  nuestro trabajo diario con mujeres en riesgo de exclusión, realizan una valiosa labor de apoyo y ayuda a mujeres que lo necesitan.

4. Por último, nos preocupan especialmente los efectos que este debate pueda estar teniendo sobre las pacientes actuales y antiguas usuarias de las clínicas acreditadas para IVE, puesto que, ante la dinámica incesante de inspección a estas instituciones, pueden estar viendo menoscabado su derecho a la confidencialidad de sus historias clínicas.
(Creo que el siguiente párrafo sobra pues lo que dice ya está dicho con anterioridad)

La situación actual es una consecuencia de las deficiencias evidentes de la regulación actual del aborto, actualmente penado y no reconocido como derecho. Desde aquí queremos manifestar nuestro anhelo de que este reconocimiento se haga, pactando una regulación que asuma el aborto como una parte fundamental en el conjunto de garantías con que han de contar las mujeres para asegurar su libertad a la hora de decidir qué hacer con su cuerpo, su fecundidad y su vida.