Cádiz, 1 de diciembre de 2022.-En este 1 de diciembre, Día mundial de la lucha contra el SIDA, las organizaciones alzamos juntas nuestras voces para defender los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Sus derechos son pisoteados de manera sistemática con la complicidad de las administraciones públicas, que hacen oídos sordos a las demandas de las organizaciones que trabajan en el ámbito penitenciario.
En este día queremos visibilizar a las personas fallecidas en prisión. Según los datos oficiales del año 2021, se produjeron 184 muertes. Suicidios, sobredosis, desatención médica… Estas muertes son evitables y se deben adoptar todas las medidas necesarias para abordar sus causas y evitar que se produzcan.
Denunciamos la precariedad de la sanidad penitenciaria. El único derecho que se pierde al entrar en prisión es el de la libertad, pero no ningún otro de los derechos fundamentales inherentes al ser humano. Las personas presas no pierden el derecho a la salud ni a una atención sanitaria integral.
Las plantillas sanitarias se encuentran al 50% con personal sobrecargado de trabajo y plazas que no se reponen. Exigimos que de una vez por todas se hagan efectivas las transferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, mandato establecido la Ley de Cohesión y Sanidad de 2003. Llevamos 18 años de retraso.
La atención de la salud mental es más alarmante, puesto que entorno al 40% de las personas presas padece algún trastorno mental y de la personalidad y un 8% padece enfermedad mental grave.
No existe consulta psiquiátrica dentro de prisión ni consulta de psicología clínica.
Exigimos, por tanto, que se incorpore una consulta de psicología clínica dentro de las prisiones.
Un año más volvemos a exigir, esta vez con el apoyo de ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Chiclana, San Fernando, Conil y Barbate, la instalación de sistema de calefacción en las prisiones de Puerto I y Puerto II.
La falta de calefacción afecta a las condiciones de habitabilidad de estos centros, ya que con el frío y la humedad propios de esta época del año es difícil conciliar el sueño, incluso concentrarse en actividades como leer o escribir. Y en muchas ocasiones, está afectando negativamente a la salud de las personas presas.
No se entiende la pasividad de la administración para adaptar los centros penitenciarios a la normativa penitenciaria en términos de habitabilidad, pues razones de limitación de presupuesto están influyendo en las condiciones de cumplimiento de una pena pese a tratarse de un servicio público. Queremos denunciar que las condiciones de cumplimiento de la pena son más duras para las mujeres presas. Las mujeres tienen menos acceso a los recursos, a los espacios, al tratamiento penitenciario y, en definitiva, a la reinserción. Dada cuenta la escasez de plazas, la mayoría cumple condena lejos de su lugar de residencia lo que vulnera su derecho a la vinculación familiar.
En este día y todos los días del año seguiremos alzando la voz para defender los derechos y la dignidad de todas las personas privadas de libertad.
