Derecho a la Salud. No somos culpables, que se busquen otra excusa. MACARENA OLID

salud pública caNefasta gestión de la pandemia y criminalización de la población como respuesta (*).

La pandemia por coronavirus nos pilló a todas por sorpresa. Estamos hablando de principios de marzo del año 2020, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y pasó lo que pasó: descontrol, desatención, colapso de todos los servicios públicos. Con ello, se ponía de manifiesto algo que ya se venía generando desde hace más de una década, por los recortes progresivos, la falta de inversión en todos los sistemas públicos y muy especialmente en los servicios de salud pública, con una privatización progresiva de la misma, en definitiva, con una clara especulación de la Salud en perjuicio de la mayoría de las personas.

La llegada de la pandemia agudiza esta situación, ya deteriorada. El personal sanitario, muchos de ellos/as con contratos precarios y mal pagados ha tenido que afrontar estas situaciones, en muchas ocasiones, por encima de lo profesionalmente exigible para atender a todas las personas enfermas por esta pandemia. Ello ha obligado a que otras enfermedades muy graves no hayan podido ser atendidas adecuadamente, entre las cuales, podemos citar los casos de cáncer (al menos un 20% se han visto afectados/as, por retraso en los tratamientos y la falta de un diagnóstico y detección precoz).

Ya se habla abiertamente, desde diferentes gobiernos, entre ellos el andaluz, de la necesidad de derivar al sistema privado. Eso no es nuevo, ya se estaba haciendo desde hace mucho tiempo y no por las graves situaciones que genera esta pandemia. La cuestión central, es que una vez más, se opta por la privatización de algo tan importante como es la Salud, para el enriquecimiento de los intereses privados, de las grandes corporaciones que cada vez van controlando el sistema de salud, en perjuicio de la gran mayoría social.

Olvidan en los análisis que se realizan, las condiciones sociales y económicas, en que viven muchas personas y familias. Ningún gobierno puede, ni debe, eximirse de sus responsabilidades y menos tratar de responsabilizar la población de sus patéticas actuaciones.

En el momento actual, ante la inoperancia manifiesta de muchos de estos políticos, y su falta de esfuerzo por buscar soluciones, que primen el interés general y no sus intereses espurios y partidistas, se responsabiliza, en gran medida, a la propia población de los nuevos rebrotes. Ante esta tercera ola que está produciendo numerosos contagios y muertes, se continúa realizando un análisis simplista: estamos en estas circunstancias por culpa de las reuniones navideñas. Y yo me pregunto: ¿por comer con mi familia, de verdad, yo soy la culpable?

No somos culpables de la nefasta gestión que se está haciendo de la pandemia, la clase política no está a la altura de las circunstancias, transmite mensajes contradictorios y confusos a la población, son incapaces de conseguir consenso, en un momento tan decisivo, y sólo buscan el rédito político. En el caso de Andalucía recomiendan el confinamiento domiciliario como un acto de responsabilidad, pero está permitido romper el cierre perimetral entre provincias para poder ir a esquiar o cazar. Es incompresible como cierran municipios por el alto número de contagios, pero puedes salir para realizar estas dos actividades, para nada esenciales. Las restricciones se convierten en una cuestión de clase social, y como siempre, las más pobres salen perdiendo. No se ha reforzado la atención primaria como primer escalón para detección precoz de la covid, esto no importa…

Si la cosa no ha ido a peor, es por la responsabilidad de todas, por la entrega absoluta del personal sanitario, la solidaridad, las redes de apoyo mutuo y el gran sentido de cuidados, que la gran mayoría de las personas tenemos. El año 2021 viene con al menos un gran reto, defender la sanidad pública.

 ¡Por un sistema público de calidad, por una salud digna!

Salud no negocio

Termino contando mi experiencia personal. Lo que sigue ahora no lo he leído, lo he vivido. Es el “Diario de una COVID”:

El día 2 de enero del 2021 una familiar dio positivo en COVID-19. En ese momento toda la familia se movilizó: avisar a los contactos cercanos de cada una, pruebas de antígenos por lo privado para conocer el alcance lo más rápido posible, confinamiento de todas las personas que hemos sido contacto directo, etc. Después de horas llamando a los diferentes teléfonos habilitados para dar a conocer la situación y que nos dieran las indicaciones oportunas, NADIE nos coge el teléfono, y digo NADIE porque es NADIE. 

 Me encontré en la obligación de romper el confinamiento para acudir presencialmente al centro de salud para que me llamasen de urgencias, no tienes otra opción. Y no lo rompí una vez sino dos, porque en ese momento no había pediatras y tenía que volver al día siguiente. Quiere decir, que después de un contacto directo con una persona positiva tuve que salir a la calle para ir de nuevo al centro de salud para conseguir una cita de teléfono por urgencias. De verdad, lo cuento y no me lo creo todavía, pero esto no es lo peor. Conseguimos las citas, nos hicieron las PCR el 7 de enero, pero no fue hasta el día 13 de enero cuando recibimos la llamada del Centro de Salud. Solo avisan a los negativos por un SMS. El seguimiento por la pediatra fue casi inmediato, pero para las personas adultas NADA de NADA, ni si quiera a mi madre de 70 años de edad. Nos enteramos que eran positivas por el favor de amiga que miró los resultados. La atención y seguimiento sanitario ha dependido del Centro de Salud, casi una semana después de dar positivo. El personal sanitario que nos ha atendido ha sido excelente, tenemos una gran suerte de contar con estos grandes profesionales, a pesar del cansancio, la saturación y el colapso, han hecho que nos sintiéramos acompañadas.

Macarena Olid (activista de APDHA Sevilla)

(*) Es una infracción grave el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizando por personas que hayan dado positivo por COVID-19. Esta infracción corresponde a una sanción de multa desde 3.001 hasta 60.000€ (Decreto-Ley 21/2020 de 4 de agosto).