Hay una expresión inglesa, the elephant in the room, que va muy acorde con los tiempos que corren. Dicha expresión se refiere a aquel tópico que debido a su magnitud es imposible obviar, pero pese a todo, lo evitamos a toda costa pues lidiar con ese animal nos pondría en evidencia. Desgraciadamente, nuestra sociedad tiene muchos elefantes que siempre tratamos de eludir mientras nos evadimos con el pan y circo de los medios, y sus variados temas de malvados ocupas o las idas y venidas de un señor ex-jefe de estado. En esta ocasión os queremos hablar y crear debate sobre uno de esos elefantes que, si bien no está dentro de la habitación, no está lejos: la vivienda.
Recurriendo a perogrulladas sin sentido, podríamos empezar diciendo que la vivienda es esa rara necesidad que tenemos todos los seres humanos al nacer y que por alguna surrealista razón llegó a ser reconocida como derecho fundamental dentro la Carta Universal de los Derechos Humanos. Algunos, en aquellos tiempos lejanos de 1978, también juzgaron conveniente el incluirla como derecho en nuestra queridísima y amada Constitución bajo su artículo 47, el cual reza:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”
Pero parece que tal vez sea un derecho leve, sin peso, un derecho de segunda que no haya que tener en cuenta, puesto que los beneficios de unos pocos (promotores, agencias inmobiliarias, fondos buitres, bancos…) son más importantes que las necesidades habitacionales de otros muchos, es decir gran parte de nuestra población. Es así que muchos españoles, y andaluces, están dispuestos a alzarse en armas cuando hablamos de los malvados ocupas y su ataque a la propiedad privada o cuando tratamos el tan manido artículo 155[1] pero, por otro lado, muchos miran hacia otro lado cuando ven a una persona durmiendo en la calle o cuando una familia es desahuciada sin una alternativa habitacional en plena pandemia.
Tal vez se nos contagie “algo” al mirar a los ojos las personas sin hogar o al observar como echan de su casa a la familia del 5º, tal vez nos traerá mala suerte o nos reportará ese miedo irracional de que nos pueda pasar a nosotros. O lo que es peor, tal vez nos hará ver esa realidad -ese elefante en la habitación– que no queremos afrontar, nos hará entender ese extraño hecho de que la vivienda es una necesidad vital y un derecho fundamental pero que los gobiernos no cumplen ni en pandemia, pues los beneficios del libre mercado son más importantes que las necesidades de la población.
No creemos que haga falta mencionar que la crisis sanitaria ha puesto en claro que la vivienda es vital para mantener un mínimo de salud, tanto física como mental. La vivienda, al fin y al cabo, es vida. Para ello no hay más que ver los múltiples artículos en revistas de diseño sobre esa clase pudiente que está mudándose al extrarradio, o incluso a los pueblos, en búsqueda de aire puro o ese soñado huerto donde plantar zanahorias, puesto que se sentían acosados por las cuatro paredes de sus espaciosos apartamentos de la urbe.
Lo que quizá haga falta mencionar es que hoy en día durante este interminable estado de alarma cada vez hay más familias urbanas que no pueden tomar esa placentera decisión de huir al campo sino que más bien viven un día a día en la más absoluta desesperación tratando de alimentar a sus hijos, sin luz y sin agua, en pisos diminutos donde el hacinamiento es el pan de cada día, con la gran incertidumbre y desesperanza de que en cualquier momento los echen de sus casas por no poder pagar el alquiler o la hipoteca, paralizados por el miedo tras haber “recuperado” una casa desocupada por años, mientras diversos fondos de inversión (o mejor llamados, fondos buitres) la revendían con sustanciosos beneficios mientras ninguno de ellos se dignaba a pagar la comunidad de vecinos.
Llegados a este punto puede ser certero refrescarnos la memoria y recordar aquello por lo que muchos noticieros pasaron a modo fugaz, pero con cifras mareantes que nos decían más bien poco. Desde que empezó la crisis hipotecaria, allá por tiempos lejanos de 2008, en este amado país nuestro hemos presenciado más de un millón de desahucios. Un millón de familias (!) que perdieron su hogar y que no tuvieron más alternativa habitacional que volver al hacinado piso donde vivían sus pobres padres con una mísera pensión tras la cual se alimentaban a ocho personas, y a partir de ese momento a tres más: padre, madre e hija/o. Teniendo esto en cuenta, que una familia normal se compone de tres miembros, nuestro millón de familias se vuelven 3 millones de personas. Si, has leído bien. Tres millones de personas (!) que seguramente no hayan levantado cabeza aún y para las cuales todo ha sido problema tras problema, pues tras el desahucio nunca no se acaba nada, ni se empieza a ver el mar ni la claridad del agua ni lo verde que es el campo, sino que los problemas se acumulan, las deudas se multiplican, la Renta Mínima de Inserción (RMI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nunca llega, los recibos siguen sin pagarse y el estrés por todo nunca decae, sino que va en aumento día tras día.
Dicho eso, viene muy a cuento citar aquel informe del año 2017 preparado por el Instituto Cerdá (y financiado por el banco Sabadell…) donde nos explicaban los pormenores de la ocupación en España. En dicho informe se detallaba que la estimación de viviendas ocupadas era alrededor de unas 100 mil, y aclaraban que de ellas solo un porcentaje ínfimo eran ocupaciones problemáticas. Ahora bien, ¿Qué supondría entonces alquilarles la vivienda a esos miles de familias que han recuperado una vivienda vacía, y que los bancos no querían? ¿Qué supondría forzar a los bancos (a la SAREB, a Bankia, o a los grandes fondos buitres) a alquilar un millón de sus 3´5 millones de viviendas vacías a aquellas mismas familias que ellos han desahuciado? Ello supondría un gobierno responsable que piensa en su pueblo y que ayuda a su gente, esa misma población a la que ellos siempre llaman a votar cada cuatro años. Ello supondría un gobierno que no cede ante las presiones del capital y que decreta el que se garanticen los suministros básicos a todas las familias.
No somos ilusos y tenemos muy claro que eso raramente sucederá, por lo cual no nos queda más que hacer hincapié en que todas y todos debemos esforzarnos por comprender la realidad de esas familias con problemas de vivienda, esas que han perdido todos sus ingresos y que muchos días no tienen ni qué comer, y de esa forma dejar de odiarlos para haber recuperado una vivienda vacía y pensar más en cómo podemos ayudarlas: con cosas tan sencillas como preguntándoles si necesitan algo de sal o incluso un plato de puchero, o si necesitan que cuidemos a sus hijos mientras ellas salen a buscarse el pan, como hacíamos antaño en muchas comunidades de vecinos.
Punto de Información, Vivienda y Encuentro (PIVE) Diamantino García
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
[1] El artículo 155 vela que si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución le imponga, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
