La Administración penitenciaria tiene el deber de garantizar la salud y la integridad física/psíquica, así como velar por la seguridad de las personas privadas de libertad.
Los familiares y allegados al recibir la triste noticia de la muerte de su ser querido en prisión pueden a empezar a hacerse muchas preguntas:
¿De qué murió? ¿por qué murió?
Pero luego pueden venir otras muchas y entre las más comunes:
¿Se aplicó correctamente el Protocolo Marco de Prevención de Suicidios, a un interno primario o con riesgo cuando ingresó en prisión o se le aplicó por enfermedad mental sobrevenida?
Este protocolo ayuda a los internos a no sentirse solos, a estar acompañados en todo momento de otro interno que les ayuda y les hace la vida más llevadera, sobre todo en los primeros días en los que todo es más difícil o siempre que se considere necesario.
Dado el elevado número de muertes por sobredosis en los centros penitenciarios ¿existió expedición sin control de fármacos dentro de la prisión?
Si hubo ingesta de estupefacientes ¿cómo han entrado estos en la prisión?
¿Recibió el interno adecuada asistencia médica y medicación en el Centro Penitenciario? ¿perdió alguna cita médica con especialista en el exterior?
¿Qué ocurre y qué hacer si tu familiar fallece en prisión?
El informe médico forense preliminar hará constar la posible causa de la muerte, que posteriormente puede ser certificada por una segunda autopsia o por ejemplo por un informe del Instituto Nacional de Toxicología, determinando la causa exacta del fallecimiento.
Si existen sospechas de que el fallecimiento se ha producido por falta de atención médica tanto en patologías orgánicas como psiquiátricas, por sobredosis, suicidio o cualquier otra que no sea por motivos naturales se iniciará una investigación para esclarecer lo ocurrido:
- Por Instituciones Penitenciarias
- Por el Juzgado de Instrucción, que deben solicitar a la dirección de la cárcel un informe sobre los detalles de la defunción.
Para solicitar con éxito la responsabilidad la Administración (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Interior) por muerte de una persona en prisión es necesario acreditar la relación de causalidad entre la muerte y el mal funcionamiento de la Administración.
Por ello es muy importante contar con asesoramiento legal de un abogado para estudiar la posibilidad de presentar una denuncia penal, personarse en el procedimiento penal que ya se haya iniciado en el juzgado competente o también contemplar la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial y poder así conseguir una condena o una indemnización.
En el caso de no contar con medios económicos para asumir una defensa jurídica de pago, siempre es posible acudir a la Justicia Gratuita, solicitando un abogado de oficio en el Colegio de Abogados de la ciudad donde se encuentre el Centro Penitenciario en el que falleció el familiar.
