En los tiempos que corren, donde parece que el debate se encuentra casi exclusivamente enfocado en los tipos de vacuna existentes y su mayor o menor porcentaje de eficacia comprobada, resulta indispensable señalar su carácter social. Efectivamente, más allá de la necesidad de obtener conocimiento sobre cómo afecta un virus al organismo físico, también necesitamos explorar sus consecuencias con mayor amplitud de miras: sobre el organismo que representa nuestra sociedad y sus diferentes colectivos de personas. De esta forma, no hay que olvidar que tanto en el acceso al contagio y su padecimiento como en la distribución de los bienes materiales para su cura, toda enfermedad se encuentra influenciada por el entorno cultural y social que le rodea. A esto se les llaman, factores o determinantes sociales de la enfermedad.
Existen una gran variedad de ellos: desde el origen social, el capital social adquirido, las condiciones sociales y de trabajo, el nivel educativo, la alimentación y las formas de ocio y descanso (estrés) hasta las calidades que presenta la salud pública, los cuidados médicos (acceso a la salud) y el medioambiente en un determinado territorio. Todos ellos nos hacen conscientes de la influencia de las variables socioeconómicas, culturales y medioambientales sobre el modo en que afecta una misma enfermedad o virus dependiendo del grupo social al que pertenezcas, siempre vinculado a los derechos (in)cumplidos y condiciones de vida. Tanto así, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que la salud se trata del “estado de completo bienestar bio-psíquico-social y son sus prerrequisitos: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad”.
Esta base, es fundamental comprenderla para valorar la afectación que está teniendo la actual pandemia del covid-19 sobre los grupos más excluidos de nuestra sociedad. En este sentido, un caso especialmente llamativo son las personas presas y sus familiares. Quizás pocas personas sepan quiénes son porque se encuentran invisibilizadas en centros opacos de difícil acceso, quizás pocas las defiendan por los estigmas que se les coloca, quizás…pero lo cierto es que la actual pandemia también está haciendo estragos sobre ellas, a la vez que aumentando las vulneraciones de derechos humanos a las que se ven sometidas. Por ello, desde el área de cárceles de la APDHA, queremos mostrar en este pequeño espacio algunas de estas nuevas modalidades discriminatorias junto a posibles medidas efectivas para su erradicación:
| DISCRIMINACIONES | MEDIDAS URGENTES |
| Interrupción de las comunicaciones: vía presencial y online por la escasez de medios digitales. | Permitir el acceso de familiares para comunicaciones orales, cumpliendo con las garantías propias de un plan de prevención
Dotación de recursos digitales y espacios para comunicaciones por videoconferencia |
| Malas condiciones higiénicas con deficiente aplicación de medidas para la prevención del covid-19 | Dotación de material preventivo sanitario (mascarillas, guantes, gel…) |
| El aislamiento al que se ven sometidas algunas personas presas que pueden presentar síntomas. Lo que suponen casos claros de tortura y malos tratos y, recordemos, Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor número de procedimientos abiertos (34%) | Traslado hospitalario a las personas que presenten síntomas.
Medidas alternativas a la privación de libertad. Tal y como recomiendan la OMS y Consejo de Europa: aplicación del arresto domiciliario a todos los enfermos y mayores de 70 |
| Insuficiente número de personal y recursos del sector sanitario en las instalaciones, lo que aumenta los riesgos en una pandemia e incumple con el derecho a la igualdad de condiciones en su aplicación de los derechos fundamentales a la vida, la protección de la salud y a la asistencia médica | Aumento inmediato de personal sanitario |
Hay que derrocar, por lo tanto, el falso discurso de que la pandemia no entiende de grupos y clases sociales. Por el contrario, es necesario visibilizar las condiciones sociales sobre las que actúa. Nuestro objetivo siempre ha sido garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las 13.074 personas presas en Andalucía, a las que habría que sumar sus familiares. Y esto, en tiempos de pandemia no va a cambiar. Estar en una cárcel no justifica el maltrato, la muerte, ni la menor asistencia en salud. No podemos dejarlos de lado ante esta situación de vulnerabilidad y exclusión, y no lo haremos. Continuaremos trabajando para que así sea.
Grupo de cárceles de APDHA Sevilla
