APDHA reclama una solución habitacional para los asentamientos con parte de los fondos destinados a Huelva por el Covid19

Foto: APDHA Huelva
  • Piden públicamente una reunión con la delegada del Gobierno en Huelva una vez agotados los trámites ordinarios sin obtener respuesta

Huelva, 23 de junio de 2020.  Desde la Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos reclamado hoy que parte de la dotación económica de 1,1 millones de euros aprobada por el Gobierno español para la provincia de Huelva se destine a dar una solución habitacional y viviendas dignas para las centenares de personas, en ocasiones hasta dos mil, que habitan los asentamientos agrícolas.

“Después de varios meses, seguimos inmersos en una pandemia de graves consecuencias para la población, que exige medidas muy básicas de higiene y aislamiento, imposibles de cumplir en los asentamientos y se desconoce, todavía, el uso que se va a dar a la importante dotación económica aprobada, que sería una oportunidad muy importante de solución a esta situación. Una oportunidad que podría ser transcendental para garantizar y revertir una realidad indigna, insalubre e insegura de personas que desde hace dos décadas viven y trabajan en los entornos agrícolas de la provincia”.

Desde la asociación hemos intentado sin éxito reunirnos con la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, para denunciar la situación, reivindicar soluciones y plantear propuestas para las personas que se ven obligadas a vivir en las chabolas. De este modo, solicitamos de nuevo públicamente una reunión, una vez agotados los cauces ordinarios para ello, con el objetivo de exigir “una inversión sensata, decisiva y concluyente, coordinada y en evaluación continua, para un mejor aprovechamiento de la ayuda aprobada”.

La precariedad y la vulnerabilidad en la que viven las personas de los asentamientos chabolistas de los municipios agrícolas de la provincia son una grave y conocida realidad, largamente denunciada hasta por el relator de Naciones Unidas, en Lepe, el pasado mes de febrero. Los incendios de octubre del 2019 en Lepe y en diciembre del 2019 y abril del 2020 en Palos de la Frontera, que provocaron la muerte de un joven, así lo demuestran.

Desde mediados de marzo con el estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación, ante la pandemia del coronavirus, aún se hace más frágil la situación de vida de las personas asentadas, que no pueden buscar refugio sano y protector en sus chabolas cuando a la población se le proponía y exigía el “quédate en casa”.

A mediados de abril, la Junta de Andalucía, aprobó mediante el Decreto-Ley 9/2020, del 15 de abril, “por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)”.

Dentro de estas actuaciones se debía “garantizar y reforzar la prestación de servicios públicos de competencia de los municipios afectados, ya sean gestionados directa o indirectamente por ellos, tales como distribución de agua potable; limpieza y recogida de basuras de los asentamientos y su entorno; adquisición y distribución de material de higiene y sanitario, duchas portátiles de emergencia, alimentos y otros productos básicos; contratación de personal para cualquier función relacionada, entre otras medidas”, destinadas a los sentamientos chabolistas de la provincia donde habita población inmigrante en su mayoría.

Para APDHA Huelva, si bien el decreto es acertado, harían falta medidas más contundentes, como reiteradamente han denunciado, entre las que está la construcción de viviendas dignas.

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