Derechos Humanos denuncia que seguimos sin planes de vivienda ni medidas sociales suficientes para enfrentar la situación de emergencia habitacional de nuestra ciudad
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), y otros colectivos sociales venimos alertando reiteradamente de la falta de políticas sociales para abordar el grave problema de emergencia habitacional que existe en nuestra ciudad.
La atención a la vulnerabilidad social en materia de vivienda, ha de ser considerada al mismo nivel que las políticas de salud o educación y por tanto requieren la aprobación y desarrollo de políticas encaminadas a eliminar las causas que provocan la exclusión social.
Son muchas las personas y familias que no disponen de una vivienda o que residen en infraviviendas o están afectadas por los desahucios, los cortes de luz y agua e incluso viven en la calle. La lucha contra estas situaciones ha de ser una prioridad del gobierno Central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Cádiz.
Reiteramos nuestra denuncia ante la inactividad, la falta de acuerdos entre las Administraciones Públicas y la carencia de voluntad política para dar solución a este problema.
A pesar de haberse adoptado algunas medidas que intentan dar cobertura al problema planteado, la mayor parte de la ciudadanía sigue sin ver resuelto el grave problema de la ausencia de vivienda digna para todos.
El Gobierno de España, ha dictado normativa encaminada a resolver el problema de la banca, adquiriéndole las viviendas que tenían en su poder que no podían vender; al mismo tiempo que ha aprobado un raquítico Plan de Viviendas para 2013/2016 que contempla la firma de Convenios con las Comunidades Autónomas para cofinanciar las políticas de vivienda priorizadas en dicho Plan y que sean solicitadas por la administración regional.
Los convenios suscritos por Andalucía, en septiembre de este año, contemplan una aportación estatal de 137M/€ en actuaciones nuevas durante la vigencia del mismo. Significa esto una inversión de17M/€ para cada provincia de Andalucía en cuatro años. ¿Qué correspondería a nuestra ciudad cada año?
La Junta de Andalucía aprueba, acertadamente, una Ley anti desahucios hipotecarios que el Gobierno de España impugna, pero al tiempo se olvida de aprobar su Plan Andaluz de Viviendas 2013/2016 (paralizado -parece ser- en algún cajón).
Un Plan por cierto que, conforme al borrador del mismo, suprime las Áreas de Rehabilitación del Centro Histórico de Cádiz y de El Cerro del Moro; y por tanto los correspondientes planes.
La Junta publica el 6 de agosto una Orden para ayudas al alquiler a los inquilinos, en situación de vulnerabilidad social, pero sólo para quienes estén alquilados en viviendas de las administraciones públicas, olvidándose de los inquilinos de los propietarios privados que son los que están solicitando desahucios por falta de pago de los alquileres. Parece que esta medida obedece más a una financiación encubierta de los organismos públicos que a una verdadera ayuda a quienes no pueden pagar las rentas del alquiler y por lo tanto se encuentran en riesgo de ser desahuciados.
El Ayuntamiento de Cádiz, al tiempo que incumple con su obligación legal de elaborar su Plan Municipal de Viviendas, se hace publicidad anunciando que dedica millones y millones a Asuntos Sociales, sin darse cuenta que no hacen sino reflejar el fracaso de las políticas que se ejecutan en Cádiz que ha sumido en la pobreza a miles y miles de familias gaditanas.
Un Ayuntamiento que culpa a la Junta de todo, pero que se niega considerar seriamente cualquier propuesta, se encasilla en oponerse a la constitución de una Mesa de vivienda tripartita (Ayuntamiento, Junta, Organizaciones Sociales) y se niega sistemáticamente a recibir a las organizaciones sociales y escucharlas…
Pero lo cierto es que, a pesar de la normativa existente, ninguna de las Administraciones ejecutan nuevas promociones de viviendas en suelos públicos, ni rehabilitaciones, ni eliminación de infraviviendas y mientras tanto los gaditanos acudiendo a entidades sociales en petición de ayudas para recibos y buscando alimentarse donde pueden.
La Asociación Pro Derechos Humanos ante esta situación volvemos a reiterar planteamientos que nos parecen esenciales:
- La construcción de vivienda nueva en solares vacíos o mediante la demolición de viviendas ruinosas, propiedad de ambas administraciones, destinadas a viviendas en alquiler y por lo tanto sin la necesidad de adquirir ni desarrollar nuevos suelos.
- La eliminación de infravivienda manteniendo el Plan de Rehabilitación del Centro Histórico y el del Cerro del Moro.
- Aprobar una Orden de ayuda a los inquilinos de viviendas privadas en situación de vulnerabilidad social.
- Garantizar los suministros básicos de luz y agua, que son un derecho esencial, en la línea de lo planteado justamente por la Plataforma por el Derecho a una vivienda Digna. Para ello es imprescindible el destino social de la parte de los beneficios necesaria de las empresas municipales de agua y luz.
- Que se apruebe el Plan Andaluz de Vivienda.
- Que se elabore y apruebe el Plan Municipal de Vivienda de Cádiz.
- Que el Ayuntamiento acepte la constitución de una Mesa de vivienda tripartita, para abordar todos los problemas de vivienda existentes en nuestro municipio.
Durante años la vivienda fue un sector de impulso a la economía del que se lucraron muchos, ahora es un bien de lujo inaccesible para miles y miles de familia. Pero una vivienda digna es, por encima de todo ello, un derecho humano que las administraciones tienen que garantizar a todas las personas.
Cádiz 3 de octubre 2014
