La práctica de malos tratos, torturas, actos crueles, inhumanos y degradantes en el estado español ha sido puesta de manifiesto de manera reiterada por entidades no gubernamentales de carácter internacional, nacional y regional, tales como Human Right, más recientemente, este mes de noviembre Amnistía Internacional y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura de la cual forman parte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía .
Organismos internacionales de la ONU y del Consejo de Europa, como el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Relator especial para la cuestión de la Tortura de la ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y más recientemente el Comisario Europeo de Derechos Humanos, han verificado su existencia. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven (E/CN.4/2004/56/Add.2) concluyó de manera taxativa que había “llegado a la meditada consideración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. El Relator Especial no concluye que los tratos que acaba de describir constituyan una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental”.
La APDHA se ha reunido con el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el Trato o Castigo Inhumano o Degradante del Consejo de Europa, organismo cuyo informe del año 2006 se acaba de hacer público. En él confirma que el Estado español y demás autoridades no están trabajando adecuadamente en este tema.
La reciente Instrucción 12/07 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los miembros y cuerpos de seguridad del estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, o no se está aplicando o al memos la misma no está gozando de virtualidad práctica.
Ésta señala que sólo se podrá emplear la fuerza durante la detención y de manera excepcional, en la intensidad acertada para lo que se actuará bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Congruencia, en cuanto al empleo la destreza y el mantenimiento de la serenidad emocional y el autocontrol, aún en situaciones de riesgo. Proporcionalidad en el sentido de no sobrepasar la estrictamente necesaria para el control de la persona “quedando absolutamente proscrito todo exceso”. Por tanto, el agente tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible, y en todo caso, sea cual fuere o hubiera sido el comportamiento del detenido, no se justifica ningún tipo de violencia cuando aquel haya sido inmovilizado.
En el caso concreto que hoy nos presentan familiares del denunciante, aún en el Hospital, señalan la desproporcionalidad de las lesiones, en cabeza, manos, brazos… que determinó el ingreso del joven en urgencias en estado de falta de conciencia más aún teniendo en cuenta las características personales del mismo (40 kilos y 1,65 de estatura). Resulta difícil imaginar como éste pudo agredir a dos funcionarios y como se pueden producir dichas lesiones con el empleo de la fuerza proporcional mínima imprescindible.
Estos actos pueden afectar a toda la ciudadanía, con independencia del status social. Recientemente un ex guardia civil denunció a Policías Nacionales en nuestra capital. No obstante, la mayor capacidad del ciudadano de clase media determina que una vez sucedido el hecho lo denuncien en mayor proporción que la población excluida. La mayor credibilidad de aquellos por parte de los Juzgados determina un mayor número de condena que de éstos. A pesar de ello, se puede concluir que los que sufren más tortura y malos tratos son los más excluidos. En ocasiones su resignación, experiencias previas y falta de confianza en las instituciones determina que no denuncien.
Es conveniente en el día de hoy reivindicar que exista “un espacio público y democrático para plantear y discutir cuestiones de derechos humanos. La negación y el silencio comprometen los valores inherentes a la dignidad y la seguridad humanas”, tal y como señaló el Relator Especial.
Por ello venimos proponiendo la:
1.- Visibilizar las denuncias de los ciudadanos para situar la importancia de esta cuestión en el lugar que le corresponde.
2.- Constitución de un Comité de Estudio que contando con la participación de los distintos agentes sociales (abogados, policías, ONGs,…) puedan concluir un estudio sobre la situación, y las medidas que puedan servir para prevenir y reaccionar frente a casos de malos tratos y torturas en Andalucía.
2.- Asistencia jurídica gratuita: Garantizar en Andalucía la asistencia jurídica gratuita inmediata a quien se considere víctima de torturas o malos tratos.
Como siempre reiteramos que esto no significa que dicha práctica sea diaria ni generalizada por todos los funcionarios, pero sí que se produce y que el escasísimo número de funcionarios que la practican, no están encontrando freno en su quehacer. Sobra decir, que en cualquier colectivo, entre ellos como cualquier otro, el de la Policía siempre existe un número de personas desaprensivas.
La peor reacción que estos colectivos pueden tener es hacer frente común contra los denunciantes (reciente caso de Mossos d´Esquadre), pues lo apropiado sería desmarcarse de esta práctica investigando este tipo de hechos y sancionando a quien corresponda. Esta es la mejor reacción que demostraría transparencia y sensatez.
La Asociación trasladará este caso a su Informe Anual y a todos los informes que anualmente realiza a requerimiento de los organismos internacionales. Así mismo pondrá los hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz.
