Se trata de otro drama ya cotidiano ante el que no debiéramos permanecer indiferentes, aunque ocurra muy lejos1 de nuestras costas como la muerte hace unos días de 37 personas en Gabón o hace unas semanas de 36 personas en Al-Hoceima.
Hacer responsable de nuevo al mal tiempo o a las olas, es señalar sólo la causa inmediata que ha provocado esta muertes. Pero sería olvidar que las responsabilidades de que hayan perdido la vida en el mar más de 230 personas en lo que va de año cuando se dirigían hacia las costas españolas, hay que buscarla en la acción depredadora de empresas, en la de gobiernos que las apoyan e imponen relaciones comerciales que entrañan subordinación y empobrecimiento, así como en las políticas de control de fronteras y rechazo de inmigrantes que desarrollan el gobierno español y la Unión Europea.
Unas políticas casi exclusivamente policiales que presumen de haber conseguido un descenso del número de pateras, obviando que ello sea a costa de un aumento de las pérdidas humanas, del sufrimiento de las personas en migración, y de enormes violaciones de los derechos humanos.
Al voto de la Directiva de la Vergüenza por parte del PSOE, alineándose con la extrema derecha europea e incluso contra el propio Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, se suma ahora la aprobación del Pacto Europeo de Inmigración.
De nuevo se trata de un Acuerdo con exclusiva visión utilitarista y al tiempo policial de los fenómenos migratorios. Aunque se haya introducido alguna pequeña mejora respecto al proyecto inicial de Francia, lo cierto es que intenta trasladar al conjunto de la Unión Europea las políticas defendidas por Sarkozy de inmigración “elegida” y no “sufrida”.
Las políticas del gobierno español hacia los migrantes nos llenan de vergüenza a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pues ha terminado asumiendo con la fe del converso las opciones más duras e intransigentes, siendo por tanto corresponsable en última instancia del continuo goteo de cadáveres que siembran los desiertos africanos o aparecen en sus costas, o en las costas europeas.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, consideramos imprescindible un giro en profundidad tendentes a la evitación de la emigración forzosa y exigimos a España y a la Unión Europea que mientras ésta exista, adopte una gestión de flujos1 más flexible y más solidaria, basada no en razones utilitaristas sino de estricta justicia, única forma posible de intentar evitar que sigan perdiendo la vida criaturas cuyo único objetivo es buscar una vida digna, como estos últimos catorce subsaharianos en el mar de Alborán.
