Varias Entidades critican que el gobierno vuelva a pedir permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos

Lamentan estos discursos y prácticas que culpan de la crisis a la inmigración

Andalucía Acoge, Anaquerando y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA critican la decisión del Gobierno de dar marcha atrás y volver a exigir el permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos que deseen venir a España, a pesar de ser un país miembro de la Unión Europea. Para las entidades, resulta lamentable que “la libre circulación sea realmente libre para la economía y las empresas que consiguen abultados beneficios en países como Rumanía con la externalización de sus producciones, y no para las personas”. Por ello, ve contradictorio que España critique el restablecimiento de las fronteras internas de la unión por parte de Dinamarca o Italia y, sin embargo, limite de manera indirecta el derecho a la libertad de circulación de personas.

En este sentido, las organizaciones entienden que apostar por la UE es incompatible con limitar los derechos de movilidad a los capitales y empresas, olvidando los derechos de las personas; asimismo, recuerda que los ciudadanos españoles pueden residir y trabajar en Rumanía sin restricciones, mientras que España concede y restringe los derechos de los ciudadanos rumanos según su conveniencia.

Por otro lado, las entidades solicitan mayor información sobre el impacto de esta medida sobre las personas rumanas residentes en España, y que en la actualidad residen como ciudadanos comunitarios. En este sentido, consideran que sería inviable desde un punto de vista jurídico y de garantía de derechos una vuelta atrás en el tiempo otorgándoles el estatus jurídico previo a 2009.

Asimismo, la organizaciones califican como desacertado airear este tipo de discursos y prácticas políticas que lo que hacen es señalar a las personas extranjeras como culpables de la crisis, colocándolas así en una situación aún más difícil de la que ya tienen, a pesar del impacto positivo de éstas en el desarrollo económico de España (Estudio Caixa Catalunya 2006).

Además, consideran que se produce una discriminación entre los ciudadanos de la Unión según su nacionalidad, creando ciudadanos de primera, con todos los derechos, y ciudadanos de segunda.

Ante esta situación, las tres entidades solicitan al Gobierno coherencia en la defensa de un modelo de UE basado en los derechos y libertades de las personas y no sólo en los derechos y libertades de un modelo económico que ha sido el verdadero responsable de la crisis actual.

Andalucía, 20 de julio de 2011

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