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APDHA-Sevilla estudia interponer una denuncia por coacciones al Ayuntamiento y exige respuesta a la situación de emergencia que viven las 36 familias de La Corrala “La Utopía” Imprimir
06/06/2012

Porque las personas son lo primero

Desde la Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) estamos estudiando la posibilidad de interponer una denuncia por coacciones al Ayuntamiento de Sevilla por impedir el ejercicio de derechos fundamentales en la política que está llevando con relación a las 36 familias que se han realojado en un inmueble deshabitado y que se ha llamado Corrala de Vecinas “La Utopía”.

Entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento.

Cuando las administraciones dan la espalda a la ciudadanía esta tiene el deber ético de organizarse y buscar soluciones válidas para el disfrute de los derechos básicos. Esto, justamente, hicieron 36 familias. El Ayuntamiento en lugar de hacerse cargo de esta y otras situaciones que claman justicia, acosa de diferentes maneras a estas familias.

No es nueva esta forma de proceder del Ayuntamiento que preside Juan Ignacio Zoido. Ya lo hicieron y lo hacen con los levantamientos sistemáticos de asentamientos de personas carentes de viviendas y de recursos que les permitan llevar una vida digna. No hacen un trabajo con ellas, no ofrecen ayuda social ni alternativas que les permita paliar su situación.

El Ayuntamiento argumenta diciendo: “El Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía prohíbe que estos vecinos puedan contar con suministro al no contar el inmueble con licencia de primera ocupación ni ser ellos propietarios. Desde EMASESA se ha comunicado a los afectados esta circunstancia, puesto que se pusieron en contacto con ellos. Se ha facilitado a los vecinos 300 'bricks' de agua para paliar su situación, es la intención de que no se quebrante el principio de igualdad, puesto que para todos los usuarios de la empresa deben exigirse los mismos requisitos”.

Nos parece que esta respuesta no es digna de personas que ejercen la política, es decir, se encargan de la gestión de lo público y de las necesidades de la población. Si es necesario cambiar el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía o cualquier otra ley para atender a las necesidades de la ciudadanía, debe hacerse. Es con este Reglamento con el que se ha cometido una injusticia y no deberían cometerse más. Estamos ante una situación de extrema necesidad y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación. Cortar el agua, o no facilitarla, es, además de una barbaridad, una injusticia que no se puede consentir. En el edificio viven personas ancianas y personas enfermas, situación que conoce el Ayuntamiento. También residen menores a los que el propio Ayuntamiento hace más difícil su vida por su acción directa. El Ayuntamiento además, excepciona esos requisitos formales en numerosos viviendas de Sevilla para permitir agua a sevillanos en situación de emergencia social. Es bastante llamativo que los cortes de suministros y otras presiones se realicen de manera sincronizada y acompañados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Parece una intento claro de amedrentar a los vecinos para que retornen a la calle. Da la impresión de que el Ayuntamiento y quizás el Gobierno del Estado, ante la repercusión internacional de esta lucha vecinal, prefieren que su imagen no se vea deteriorada públicamente en vez de priorizar sus esfuerzos y recursos en facilitar un vida digna a los sevillanos en situación de necesidad en estos momentos de crisis.

Cuando el Ayuntamiento dice: “se le han facilitado 150 litros de agua para paliar su situación”, a más de 100 personas, nos parece que roza el mal gusto y que va contra una mínima sensibilidad humana que se le supone a quienes nos gobiernan.

Exigimos respuestas sociales para la situación de emergencia que están viviendo estas familias con relación al suministro de electricidad y de abastecimiento de agua.

Sevilla, 07 de junio de 2012

 
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