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Cinco nuevas familias sevillanas “tiradas” en la calle por la desidia de las administraciones competentes Imprimir
20/09/2012

 La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla muestra su apoyo a los vecinos de la Corrala “La Alegría” ante el desalojo producido a primeras horas de la mañana.

“Porque la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. Cuando los poderes públicos dan la espalda a la ciudadanía ésta tiene el deber ético de organizarse y buscar soluciones válidas para el disfrute de sus derechos básicos.

Podemos decir, que tanto el Ayuntamiento como las distintas administraciones públicas no están ejerciendo su cometido que es estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y, siendo conscientes, están dando la espalda a las personas que están viviendo una situación de emergencia habitacional: familias enteras viviendo en coches o furgonetas, hacinadas con familiares y amigos, en asentamientos dispersos por los arrabales de la ciudad... No hay un interés por solucionar los problemas de las personas, muchas de ellas viven en exclusión social.

Los gobernantes, especialmente el Ayuntamiento,  gastan más energía en negar y ocultar esta realidad la cual pone en evidencia su propia ineficacia, que en hacerse cargo de los verdaderos problemas y carencias de la población. Es por esta inanición por lo que apoyamos las respuestas de la sociedad civil organizada que muestra la contradicción entre casas sin gente y gente sin casa.

¿Qué respuesta les darán a estas 5 nuevas familias desalojadas y “tiradas” en la calle con sus pocos enseres? ¿Les dirán,  como suelen hacer desde el Ayuntamiento, que deben acudir a los servios sociales para esperar durante meses  la posibilidad de ser incluidos en una lista de espera para una vivienda social?  El que estas 5 familias, como otras miles en Andalucía, estén en la calle sin vivienda y en una situación de extrema necesidad es responsabilidad de las Administraciones públicas, que son las que legal y democráticamente deben velar por los derechos de la ciudadanía antes que defender  cualquier otro interés. 

Estamos ante una situación de extrema necesidad y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación:

1. Cese inmediato de la privatización del parque público de vivienda de todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); unificación de la administración de todas las existentes.

2. Cese inmediato de la venta del patrimonio público de suelo.

3. Reorientar toda la actividad de promoción e inversión pública destinada a vivienda, hacia la vivienda pública en alquiler y hacia la rehabilitación (en este caso, con contraprestaciones sociales por parte de los propietarios que se beneficien de tales ayudas).

4. Creación de un Banco Público que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública de vivienda.

5. Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.

6. Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.

7. Expropiación de las viviendas cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento

8. Despenalización por el Parlamento de la nación española de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

 

Y las respuestas deben darse hoy. Cada día que pasa nos acercamos más a la desmembración del estado democrático  y a la fractura de la paz social. 

 


Sevilla, 20 de septiembre de 2012

 

 
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