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InfoAPDHA - 11 de octubre de 2012 Imprimir
11/10/2012
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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 11 de octubre de 2012, 10.909 suscriptores
 

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APDHA considera que la cadena perpetua revisable es contraria a la constitución española y atenta contra la dignidad humana

Andalucía, 11 de octubre de 2012

 

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Imagen: Abraham Pérez

 

El anteproyecto de Código Penal que se aprobará en el día de hoy por el Consejo de Ministros introduce la cadena perpetua revisable. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pensamos que esta nueva reforma es anticonstitucional y atenta directamente contra la Carta Magna, donde se defiende que el fin de la pena es la reinserción del recluso, pues los límites temporales a la condena son una exigencia del Estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano.

El anteproyecto de Código Penal que se aprobará en el día de hoy por el Consejo de Ministros introduce la cadena perpetua revisable. Las reformas legales de los últimos años han llevado a duplicar la duración efectiva de las penas. Así,  España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno de los países más seguros del entorno, con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media del resto de países. 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pensamos que esta nueva reforma es anticonstitucional y atenta directamente contra la Carta Magna, donde se defiende que el fin de la pena es la reinserción del recluso, pues los límites temporales a la condena son una exigencia del Estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que debe tratar a la persona infractora de las normas de convivencia de una forma distinta a la que ésta actuó, única forma de dar ejemplo. Encerrar de por vida a alguien supone enterrarlo en vida, eliminándolo como persona y como miembro de la sociedad. Se trata de una tortura psicológica; ninguna persona puede asimilar la pérdida de su futuro. Muchos estudios psicológicos, Resoluciones del Consejo de Europa, así como del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, coinciden en el límite de los 15 años como la no vuelta atrás de esta destrucción personal.

Si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor del momento, el Estado no debería tolerar.

APDHA denuncia que la razón más importante por la que el actual Gobierno lleva a cabo esta reforma es la búsqueda de medidas populistas, tras la larga lista de medidas de recortes de derechos -tan rechazadas por la sociedad- anunciadas día tras día a lo largo de todos estos meses de mandato.


 

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10 de octubre, Día de la Salud Mental: APDHA sigue denunciando el total abandono de los enfermos mentales en prisión 

Andalucía, 09 de octubre de 2012

 

La Junta de Andalucía sigue sin prestar la adecuada atención sanitaria y social

Desde hace varios años la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está denunciando la total dejadez por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio del Interior hacia las personas enfermas mentales internadas en las prisiones andaluzas. Esta última Administración reduce su presupuesto para el 2013 en un 6,33% respecto al 2012. Los enfermos mentales se hacinan en los centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.

Si en Andalucía hay 16.086 internos, alrededor de 1.300 personas presas padecen enfermedades mentales graves y unas 6.500 trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellas, y su paso por tan duro ambiente agrava, en prácticamente todos los casos, sus patologías. La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo inapropiado para estos enfermos ante la inexistencia  de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.

La Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando su integración en la sociedad. La escasez de recursos no justifica dejar que las personas que padecen enfermedad mental se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según las necesidades, y a los políticos parece importarle muy poco estos enfermos.

La coordinación existente entre los servicios médicos de las prisiones con los servicios de salud mental del Servicio Andaluz de Salud (a parte de la voluntariedad de algún profesional) es muy escasa, y con los servicios sociales, nula, por lo que al salir de prisión quedan abandonados a su suerte. Si no disponen de acogida y medios estos enfermos pueden encontrarse, literalmente, tirados en la calle.

Los recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía, como la rehabilitación para recuperación de habilidades sociales y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio, programas residenciales, programas ocupacional-laborales, programa de ocio tiempo libre, no se dispensan a las personas enfermas de las prisiones ordinarias (excepto en el módulo terapéutico de Albolote).

Hay que tener en cuenta que la media de población reclusa a la que atienden es de 1.800 personas presas en cada prisión, por lo que resulta obvio que lo más que llega la asistencia es a la prescripción farmacológica. 

Denunciamos que  en Andalucía existe un convenio desde el año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en día el convenio, tres años y medio después, sigue sin aplicarse y los recursos comunitarios adecuados sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias. Lo más vergonzoso es que todas las Administraciones implicadas, y a pesar de estar obligadas normativamente a asistir a estos enfermos andaluces, cuando son preguntados en el Parlamento por los motivos por los que no ejecutan dicho Convenio, manifiestan sin ningún pudor que los presos andaluces que padecen enfermedades mentales no son su competencia: Según la entonces Consejera de Igualdad y Bienestar Social atender a los problemas de salud de la población reclusa era competencia de la Consejería de salud.  Sin embargo fue ella la única que firmó el convenio del que denunciamos su inaplicación y la que se compromete a trabajar las excarcelaciones. Según la pretérita Consejera de Salud la responsabilidad era del Ministerio del Interior.  Y para terminar de cerrar este círculo de evasión de responsabilidades, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior responde que la atención especializada y hospitalaria de los internos no es competencia suya sino de los servicios de salud de cada una de las Comunidades Autónomas. 
 
A pesar de todo ello, en el día Internacional de la Salud Mental, la ahora integrada Consejería de Salud y Bienestar Social -que ya no podrá excusarse en otra Consejería- intentará vender la idea de lo mucho que se desvive por este colectivo y lo prioritario que es para su administración, cuando ello es rotundamente falso a tenor de la atención que está efectivamente prestándole. Hasta que no exijamos a los políticos que respondan por su incompetencia, miles de personas que padecen enfermedades mentales seguirán hacinadas en los basureros de los fallos del sistema en los que se han convertido nuestras prisiones andaluzas.

 

 

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APDHA pide una investigación sobre la actuación de policías camuflados en la protesta del 25-S 

Andalucía, 28 de septiembre de 2012

 

cc flickr Achifaifa 

El Ministerio de Interior debe esclarecer los abusos policiales del 25S

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) condena la violencia indiscriminada que un grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ejerció sobre varios ciudadanos en la estación de Atocha de Madrid en la noche del pasado 25 de septiembre. El abuso policial está documentado en dos vídeos que unos testigos filmaron y difundieron en Internet. Uno de ellos, pese a las amenazas y agresiones de los agentes.

 

APDHA reclama una investigación al Ministerio de Interior y a la Dirección General de Policía para su esclarecimiento, determinar las responsabilidades y establecer las sanciones que correspondan. El ministro Jorge Fernández Díaz debe comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones y ejemplo de transparencia antes unos hechos gravísimos en un Estado de Derecho. Precisamente el poder legislativo, en cuyo entorno se registraron las protestas, es una de las altas instituciones del Estado que debe realizar este ejercicio de responsabilidad ante la ciudadanía.  

Igualmente solicita al Gobierno de Mariano Rajoy que aclare las directrices que siguen los agentes policiales para la identificación de numerosos periodistas y reporteros gráficos que cubren protestas como las del 25-S y otras noticias como desahucios o desalojos1 de viviendas, algunas de ellas registradas en Andalucía. En las últimas semanas se han intensificado estas prácticas de intimidación a la prensa, que ponen en peligro el libre ejercicio de la libertad de expresión. A esto hay que sumar el rechazo de los agentes a identificarse, lo que deja a los periodistas y a cualquier ciudadana indefensa frente a un posible abuso de autoridad.

APDHA también lamenta las palabras del secretario general del Sindicato Unificado de Policía, jos1é Manuel Sánchez Fornet, en la noche del 25 de septiembre en su cuenta de Twitter, que publicó comentarios tan provocativos como éste:

“Para los de las identificaciones: no las llevan y APOYAMOS QUE NO LAS LLEVEN ANTE ORGANIZACIONES VIOLENTAS. LEÑA Y PUNTO.”

La asociación considera temeraria e irresponsable la actitud de este representante sindical en un colectivo que hoy más que nunca debe demostrar su profesionalidad en la protección de los ciudadanos, no en la persecución y agresión de los mismos. Por otro lado, pudiera ser incluso constitutiva de delito, por lo que reclama que la Fiscalía, tan eficiente investigando determinadas manifestaciones de protesta de sindicatos y ciudadanos/as que pudieran vulnerar el código penal, sea igualmente diligente en investigar estas manifestaciones y las actuaciones de los agentes de policía el 25S.

Asimismo APDHA destaca otro hecho de especial gravedad, en cumplimiento de las garantías constitucionales elementales, como es el derecho de manifestación. APDHA reclama al Ministerio de Interior que aclare cuántos policías estaban infiltrados entre los manifestantes e investigue si estos agentes camuflados actuaron para agitar la protesta y justificar así la intervención posterior de las UIP. Todo esto ocurre en un contexto previo de insultos y criminalización (comparaciones disparatadas con un golpe de Estado) por parte de miembros del Gobierno y del Partido Popular, cuyos dirigentes han aplaudido la actuación policial, pese a las evidencias de estos excesos. Este colectivo celebra que la Audiencia Nacional haya declarado fuera de su competencia los cargos que la Policía Nacional pretendía atribuir a los detenidos el 25 de septiembre, en una actitud de ensañamiento y criminalización contra las protestas sociales.

Por último, APDHA destaca el fuerte crecimiento de las UIP en España en mitad de la peor crisis económica de la democracia española. Mientras el Gobierno prevé durísimos recortes sociales, una subida de impuestos, bloqueo de las inversiones y más recesión económica y desempleo, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, a través de la página web del Ministerio de Interior, informa de lo siguiente:

“Actualmente las U.I.P.’s se encuentran en plena fase de expansión siguiendo la línea de adaptación a las nuevas necesidades que demanda la sociedad española. Para ello se ha procedido a la creación de la XIª U.I.P. con base en Zaragoza y ámbito de actuación preferente las Comunidades Autónomas de Aragón y La Rioja. Igualmente se ha creado el segundo Grupo Operativo en la base de Tenerife de la Xª U.I.P. y se ha procedido a completar dos Grupos Operativos en la Iª U.I.P. y uno en la IVª U.I.P“.

APDHA se pregunta: ¿Cuáles son las nuevas necesidades que demanda la sociedad española? ¿Más antidisturbios?

Lo ocurrido el 25 S no es algo excepcional. En el año 2011 la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, en la que está integrada APDHA, documentó 853 ciudadanos que denunciaron haber sufrido agresiones por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad.

 

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APDHA ve con preocupación los ataques que están sufriendo las instituciones de control de las administraciones públicas y expresa su apoyo al Defensor del Pueblo Andaluz

Andalucía, 27 de septiembre de 2012

 

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ve con preocupación los ataques que en los últimos meses están sufriendo los órganos e instituciones de control de las administraciones públicas, en lo que parece una campaña bien orquestada para restarles credibilidad y finalmente eliminarlas o vaciarlas de contenido donde no es posible su supresión.

Los partidos políticos padecen en la actualidad un descrédito absoluto por parte de los ciudadanos, por gobernar en base a los dictados de los mercados y no bajo el mandato otorgado por el pueblo en las urnas.
 
En estos tiempos donde cada vez hay más población empobrecida y excluida en España, el que existan instituciones que defiendan los Derechos Humanos y especialmente la de los colectivos más vulnerables, molesta a muchos políticos y se convierte en un estorbo a la política de recortes de derechos  sociales, laborales y civiles llevada a cabo por los gobiernos actuales.  

Instituciones como la del Defensor del Pueblo Andaluz son importantes para preservar el funcionamiento de la democracia, aunque creemos importante ampliar sus funciones y autoridad, de manera que sea capaz de corregir o influir en la mala actuación de las administraciones cuando vulneran los derechos de los ciudadanos, los Derechos Humanos y los derechos sociales

Para la APDHA, no es desvirtuar ni eliminar esta institución lo que necesitan los ciudadanos. Necesitamos órganos de control que puedan ser libres e independientes de la clase política y que no se muevan por consignas que nada tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos y derechos sociales vulnerados por los gobiernos.

Esta campaña, orquestada principalmente por el PP, pero facilitada por el silencio del PSOE, tiene por objetivo desacreditar la labor de jos1é Chamizo, y por ende de la institución que representa, en defensa de los más desfavorecidos en Andalucía, por motivos que nada tienen que ver con su capacidad, eficiencia o trabajo, sino por intereses políticos. Es una campaña para restar credibilidad e independencia a quien se atreve públicamente a cuestionar y denunciar la falta de diligencia, la ineficacia o la corrupción de la clase política. Y es, cuanto menos, digno de preocupación, por constituir un nuevo ataque a la democracia en nuestra comunidad autónoma.


 

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APDHA condena la actuación del Ayuntamiento de Sevilla en la Corrala “Utopía"

Delegación de Sevilla, 03 de octubre de 2012

 

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Sevilla (APDHA) que desde el comienzo ha apoyado a las 36 familias de la Corrala Utopía muestra su indignación por la actitud del Ayuntamiento de Sevilla, que ha cortado de manera definitiva el agua a esta comunidad haciendo si cabe más difícil la situación de estas personas.

Entendemos que la función de las administraciones públicas es posibilitar la vida digna de sus ciudadanos.  El Ayuntamiento de Sevilla,  lejos1 de buscar una solución para estas familias que se encuentra en situación de emergencia social, las condena a una precariedad aún mayor dejándolas sin agua.

Es inadmisible que, mientras se justifica la falta de intervención social por la carencia de recursos, se dediquen horas de trabajos1 para cortar los suministros básicos y vigilancia policial para amedrentar a ciudadanos pacíficos cuyo único delito es carecer de vivienda.

La APDHA recuerda que el derecho a la vivienda es un derecho universal reconocido en nuestra Constitución, en el Estatuto de Andalucía y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

 

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Cinco nuevas familias sevillanas “tiradas” en la calle por la desidia de las administraciones competentes

Delegación de Sevilla, 20 de septiembre de 2012

 

 La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla muestra su apoyo a los vecinos de la Corrala “La Alegría” ante el desalojo producido a primeras horas de la mañana.

“Porque la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. Cuando los poderes públicos dan la espalda a la ciudadanía ésta tiene el deber ético de organizarse y buscar soluciones válidas para el disfrute de sus derechos básicos.

Podemos decir, que tanto el Ayuntamiento como las distintas administraciones públicas no están ejerciendo su cometido que es estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y, siendo conscientes, están dando la espalda a las personas que están viviendo una situación de emergencia habitacional: familias enteras viviendo en coches o furgonetas, hacinadas con familiares y amigos, en asentamientos dispersos por los arrabales de la ciudad... No hay un interés por solucionar los problemas de las personas, muchas de ellas viven en exclusión social.

Los gobernantes, especialmente el Ayuntamiento,  gastan más energía en negar y ocultar esta realidad la cual pone en evidencia su propia ineficacia, que en hacerse cargo de los verdaderos problemas y carencias de la población. Es por esta inanición por lo que apoyamos las respuestas de la sociedad civil organizada que muestra la contradicción entre casas sin gente y gente sin casa.

¿Qué respuesta les darán a estas 5 nuevas familias desalojadas y “tiradas” en la calle con sus pocos enseres? ¿Les dirán,  como suelen hacer desde el Ayuntamiento, que deben acudir a los servios sociales para esperar durante meses  la posibilidad de ser incluidos en una lista de espera para una vivienda social?  El que estas 5 familias, como otras miles en Andalucía, estén en la calle sin vivienda y en una situación de extrema necesidad es responsabilidad de las Administraciones públicas, que son las que legal y democráticamente deben velar por los derechos de la ciudadanía antes que defender  cualquier otro interés. 

Estamos ante una situación de extrema necesidad y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación:

1. Cese inmediato de la privatización del parque público de vivienda de todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); unificación de la administración de todas las existentes.

2. Cese inmediato de la venta del patrimonio público de suelo.

3. Reorientar toda la actividad de promoción e inversión pública destinada a vivienda, hacia la vivienda pública en alquiler y hacia la rehabilitación (en este caso, con contraprestaciones sociales por parte de los propietarios que se beneficien de tales ayudas).

4. Creación de un Banco Público que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública de vivienda.

5. Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.

6. Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.

7. Expropiación de las viviendas cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento

8. Despenalización por el Parlamento de la nación española de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

 

Y las respuestas deben darse hoy. Cada día que pasa nos acercamos más a la desmembración del estado democrático  y a la fractura de la paz social. 

 

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La ciudadanía activa europea trata de impulsar los objetivos y valores colectivos inscritos en los Tratados

Manifiesto firmado por la Asociación Europea de Derechos Humanos, a la que pertenece APDHA.
Bruselas, 17 de septiembre de 2012

2013, Año Europeo de la Ciudadanía, un reto también para la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH) 

La Comisión Europea ha propuesto designar el próximo año 2013 «Año Europeo de los Ciudadanos» para conmemorar el 20º aniversario de la creación de la Ciudadanía de la Unión Europea en el marco del Tratado de Maastricht.

Las principales redes y organizaciones de la sociedad civil europea han unido sus fuerzas y han creado la Alianza EYC2013 para presentar propuestas destinadas a situar la ciudadanía europea en el corazón de la agenda política de la UE. Basándose en la experiencia y los conocimientos de sus miembros que actúan de forma permanente para que los ciudadanos sean uno de los elementos transversales en la toma de decisiones, la ejecución y evaluación de las políticas públicas europeas, la Alianza EYC2013 promoverá actividades encaminadas a tener un impacto en la construcción de una Unión Europea más asequible a sus ciudadanos y que no se reduzca a preocupaciones puramente económicas sino que facilite y apoye diferentes formas de expresión y movilización de ciudadanía activa.


Vamos a asistir y participar en un proceso de construcción de la ciudadanía de la UE que, más allá de un enfoque basado en los derechos individuales, aborda el sentido de pertenencia de los ciudadanos europeos en un futuro europeo común.

CIUDADANÍA ACTIIVA EN EL MARCO DEMOCRÁTICO EUROPEO

La Ciudadanía Activa ha sido interpretada de maneras muy diversas por la Unión Europea. El año 2011 fue declarado Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomentan una Ciudadanía Activa, por lo que fue más conocido como el Año Europeo del Voluntariado. Las actividades de voluntariado son una expresión de ciudadanía activa, aunque pueden llevarse a cabo perfectamente sin ninguna referencia o relación con la participación en asuntos públicos, comunitarios y sociales.

Para nosotros, una ciudadanía activa implica una actitud participativa por parte de sus ciudadanos básicamente implicándose en la vida de sus comunidades, y, por lo tanto, en la democracia, en términos de actividad y de toma de decisiones. Ser un ciudadano activo supone algo más que dar dinero a entidades caritativas, votar en las elecciones o hacerse voluntario. Las definiciones de participación que se centran en la implicación política o en una interpretación muy limitada del voluntariado no logran captar la diversidad del compromiso de la gente en toda Europa. Para dar todo su sentido y alcance al fenómeno de la ciudadanía activa europea, y para contribuir a reducir la brecha entre los ciudadanos y las instituciones de la UE, es necesario tener en cuenta todas las nuevas perspectivas abiertas por el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea para la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión Europea.

Para nosotros, ciudadanía activa significa:

  • Una ciudadanía democrática que está basada en la condición de persona jurídica e incluye los aspectos vitales de una sociedad democrática relacionados con temas tales como la educación, la cultura, el desarrollo sostenible, la no discriminación, la inclusión de minorías étnicas, la participación en la sociedad de personas con discapacidad, la igualdad entre géneros, lo que supone la representación igualitaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones, etc.
  • Una ciudadanía democrática que garantiza la propia voz de los ciudadanos en los procesos de conformación de normativas y de toma de decisiones a través de la elección de sus propios representantes en el Parlamento Europeo. Con la perspectiva de las próximas elecciones en 2014, y porque nos enfrentamos a una ruptura cada vez mayor entre la Unión Europea y sus ciudadanos, lo que esta confirmado por la baja participación en las últimas elecciones europeas y por el resultado de estudios llevados a cabo que muestran de forma persistente la falta de identidad o de consciencia de una ciudadanía europea1, estos temas son importantísimos.
  • Una ciudadanía democrática que supone que las instituciones europeas cuentan con la confianza de la población y que pueden asegurar la participación activa de los ciudadanos y de los actores de la sociedad civil organizada en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, desde lo local y nacional hasta un nivel europeo; por lo tanto, la adopción de un acuerdo inter-institucional para la creación de un marco estructurado para el diálogo civil a nivel europeo daría un contenido práctico permanente a este tipo de ciudadanía activa y participativa, junto con las disposiciones del Tratado de Lisboa, además de la iniciativa propia de los ciudadanos europeos;
  • Una ciudadanía democrática que forzosamente también debe funcionar a nivel de los estados miembros, de forma que las estructuras utilizadas para la intervención de los ciudadanos sean asequibles y formen parte de la experiencia habitual de todos ellos. Todos los ciudadanos de la UE, así como los residentes de los países candidatos a la adhesión, a la vez que disfrutan de sus derechos y asumen sus responsabilidades, deberían participar plenamente en las actividades de la EY2013, cuya tarea es de fomentar su participación en todos aquellos aspectos relacionados con la gobernanza local, con el fin de mejorar la cooperación con las autoridades locales que son unos actores principales de de EY2013;
  • Una ciudadanía democrática que garantiza la participación de todos los ciudadanos en la vida común y la conformación de las normativas públicas, incluyendo los sectores más desfavorecidos, que son a menudo los más alejados del proceso de construcción europea. A una persona le es imposible ejercer sus derechos cívicos o políticos como ciudadano, si no tiene garantizada la capacidad de disfrutar de los derechos sociales y económicos de cualquier ciudadano. La Unión Europea debería contemplar la contribución de los más desfavorecidos.


Para que los ciudadanos se comprometan con el desarrollo de políticas y normativas, es necesario poner en práctica mecanismos eficaces para proporcionar información objetiva y diversificada, así como educación a los ciudadanos. La capacidad de los grupos locales y la sociedad civil, organizada para involucrar tanto a ciudadanos como a instituciones, también debería ser desarrollada.

Esta creación de habilidades y capacidades constituye un pilar fundamental para afianzar el proceso de asumir mayor poder por parte de los ciudadanos, ya que se trata de un enfoque directo de la iniciativa ciudadana y crearía una mayor participación en el proyecto europeo. Internet y el desarrollo de las redes sociales ofrecen nuevas herramientas y lugares en donde la gente, especialmente los jóvenes, se reúnen y actúan más allá de las fronteras.


Este enfoque responde perfectamente a las expectativas de los miembros de la Alianza EYC2013, que representan a los principales actores interesados de la sociedad civil organizada, defendiendo las preocupaciones de los ciudadanos y dando voz a las opiniones de los ciudadanos en una amplia gama de ámbitos políticos europeos.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CIUDADANÍA EUROPEA VEINTE AÑOS DESPUÉS DE SU CREACIÓN?


Este estatuto legal garantiza la libertad de movimiento y algunos derechos políticos concebidos para contribuir, junto con la profundización del mercado único de bienes y servicios, en la creación de un sentido de pertenencia a una comunidad de personas. Europa forma parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos, pero los derechos y beneficios derivados de esta "ciudadanía de un mercado único" se encuentran ahora mismo limitados básicamente por la movilidad. Por lo tanto, se convierten en puntos efectivos sólo "en el extranjero". ¿Qué sucede con aquellos que no viajan, estudian o trabajan en el extranjero y para los que la ciudadanía europea puede ser sólo un concepto abstracto y sin sentido? ¿Qué sucede con los residentes que trabajan, pagan impuestos, están implicados en actividades sociales o comunitarias, pero no tienen un pasaporte que los defina como miembros de la UE?

Estas preguntas son todo un reto y reflejan el hecho de que el concepto de ciudadanía incluye una relación de doble sentido entre una comunidad y sus miembros. El Tratado de Lisboa ofrece un marco más amplio para el desarrollo de la ciudadanía europea, arraigada en una «comunidad de valores», y refuerza su dimensión social y política, proporcionando a la Carta de Derechos Fundamentales el mismo valor jurídico que a los Tratados de la Unión Europea. Crea las condiciones adecuadas para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en los procesos europeos.

El Año Europeo de los ciudadanos 2013 debería reflejar este enfoque variado, y los derechos establecidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales deberían ser implementados de forma eficaz y con los mecanismos adecuados de control puestos en marcha. Además, la ciudadanía europea debería basarse en el principio de residencia, y gracias a la universalidad de los derechos, todos los ciudadanos residentes en la Unión Europea deberían gozar de igualdad de trato y del mismo derecho a participar en la vida pública que los propios ciudadanos de la UE. 

CIUDADANÍA ACTIVA: EL CAMINO A SEGUIR


La democracia participativa responde a las necesidades actuales de los gobiernos democráticos en toda la Unión, complementando y reforzando la democracia representativa. La implicación de la sociedad civil organizada en la elaboración de las políticas y en los preparativos de las tomas de decisiones refuerza la legitimidad democrática de las instituciones públicas, así como de su trabajo y sus actividades. La calidad del diálogo civil – que incluye el diálogo social, que es su elemento esencial - es un indicador del estado de salud de nuestras democracias.


El artículo 11 del Tratado de Lisboa tiene un potencial decisivo para ser particularmente importante, ya que proporciona un compromiso institucional hacia un "diálogo abierto, transparente y frecuente entre los órganos de gobierno de Europa y la sociedad civil, con la voluntad de poner fin al "déficit democrático" expresado por las críticas, a la vez que facilita una ciudadanía europea activa. A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer para transformar estos compromisos en una práctica concreta y sostenible.

Si bien el Tratado de Lisboa proporciona "a los ciudadanos y a las asociaciones representativas" la "oportunidad de expresar e intercambiar públicamente sus puntos de vista", hay mucho debate sobre cómo debería lograrse, lo que ha desencadenado que algunos señalen que las "consultas efectivas" todavía no se han analizado o utilizado adecuadamente.

Creemos con fuerza que nuestra Alianza es la herramienta adecuada para lograr las actividades de apoyo a una ciudadanía activa y participativa. Así como articulada con la democracia representativa descrita en EYC 2013, que permite allanar el camino para regenerar el proyecto europeo en el momento de crisis mundial actual. Esto será un paso muy necesario antes de las elecciones europeas de 2014. Se trata de un medio para los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para participar de forma visible en los debates públicos europeos y expresar sus opiniones, y a la vez para las instituciones europeas para proporcionar feed-back sobre la forma en que sus preocupaciones han sido atendidas y tenidas en cuenta.

En este marco, nuestro objetivo es el desarrollo de las actividades necesarias para aumentar las expectativas de los ciudadanos en relación con la democracia participativa y hacer que se sientan interesados en la aplicación de los once objetivos del artículo. Esta es nuestra respuesta a la insatisfacción de hoy en día con respecto a las instituciones europeas a medida que la actual crisis económica va afianzándose, por lo que hacemos un llamamiento a los líderes políticos europeos para que tomen medidas en este sentido.

 

 

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La lacra del derecho de manifestación

Juan Carlos Escudier, 26/09/2012 - blogs.publico.es

A jos1é Ignacio Wert, un hombre cuya sorpresa por las frases que pronuncia es equivalente a la que algunos experimentan al comprobar cuánto puede degradar a una persona la condición ministerial, va a haber que encargarle un parte de guerra diario de la acción del Gobierno, especialmente después de que este martes se haya superado con éxito, esto es, a palos, el intento de unas turbas incontroladas de dar un golpe de Estado a lo Tejero pero sin tricornio.

El último de los partes tendría forzosamente que reconocer que el país avanza de manera inexorable en sus posiciones de retroceso, como lo demuestran que las ventas de coches sean las mismas que en 1994 o que en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos estemos volviendo al siglo pasado y aún más lejos1, siguiendo el camino marcado por un Ejecutivo que le ha cogido el gusto a la marcha atrás en las condiciones de vida, en los salarios y hasta en el sexo, que ya se sabe que estos condones de hoy en día los carga el diablo. De esta generosa involución se ha dado cuenta hasta The New York Times, que nos saca hambrientos y en blanco y negro.

Tras el retorno de Bertín Osborne a TVE, el coup de théâtre definitivo vendrá cuando veamos a Rajoy enfundado en los añorados pantalones de campana y a los policías uniformados de gris marengo, modas que se perdieron por ese vicio de vestirnos por encima de nuestras posibilidades en los centros de oportunidades de El Corte Inglés

La  regresión, debería decir Wert, va por buen camino. Cangrejeamos sin desmayo en el Código Penal, donde la cadena perpetua pronto volverá a ser algo tan real como los abortos en Londres, los inmigrantes a Alemania, las cerilleras en las puertas de Eurovegas, la reválida, la misa de doce, el señorito, los obreros y las vajillas de Duralex.

Lo sucedido este martes a las puertas del Congreso debiera hacer recapacitar al Gobierno sobre la conveniencia de recuperar la ley de Orden Público de 1867, hija de González Bravo, ministro de Narváez, por la que podía prohibirse toda manifestación pública que ofendiera “a la religión, a la moral, a la monarquía, a la Constitución, a la dinastía reinante, a los cuerpos colegisladores y al respeto debido a las leyes”. Con ese punto de apoyo, una delegada del Gobierno como Cristina Cifuentes movería el mundo.

Hay que acabar con esos molestos derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, que tanto mal hacen a la mente de las nuevas generaciones y a las de las antiguas. Clausuremos esa factoría de antisistemas, que han llegado a creerse que pueden protestar impunemente cuando el Gobierno legítimo, en el ejercicio de sus funciones, les toca la cartera, el trabajo, la sanidad, la educación y la dignidad.

Si algo cabe pedirle a Rajoy, más allá de posar con Obama como un san Luis, es que prosiga sin desmayo este ejercicio hipnótico que nos devuelve a un pasado que nunca debimos abandonar, y que cuando lo complete se olvide de chasquear los dedos para despertarnos. Es por nuestro bien.

 

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El gulag americano

jos1é Ignacio Torreblanca, 04/10/2012 - elpais.es

EE UU tiene 731 reclusos por cada 100.000 habitantes frente a los 144 de España y los 66 de Noruega

¿Saben de qué no hablarán Obama y Romney en la serie de debates que están manteniendo estos días? Del sistema penitenciario de Estados Unidos. Porque cómo explicar a los estadounidenses, y de paso al resto del mundo, que el país adalid de la libertad y de la democracia mantiene en sus cárceles a más de seis millones de personas, una cifra que supera el número de personas encarceladas por Stalin en la época más dura del archipiélago Gulag. Si todos esos presos fueran agrupados en un mismo centro penitenciario, sería la segunda ciudad de Estados Unidos.

¿Un gulag americano? Parece la típica acusación procedente de una China resentida por la extrema presión que se ve obligada a soportar por parte de Estados Unidos en razón de su penoso récord de derechos humanos. Pero no es el caso: el demoledor dato proviene de un escalofriante reportaje de investigación publicado por la revista New Yorker. No se trata solo de un problema de cantidad, sino también de la extrema dureza y crueldad de las condiciones penitenciarias que imperan en dicho sistema. Unos 50.000 de esos reclusos viven en condiciones de aislamiento permanente, sin contacto con nadie y con derecho a solo una hora diaria de ejercicio en solitario. La vida no es mucho mejor para el resto: según varias estimaciones, unos 70.000 reclusos son violados cada año, un problema endémico del que las autoridades se desentienden. El sistema también ofrece otro vergonzoso récord: los cientos de adolescentes condenados a cadena perpetua, algo sin parangón en el llamado mundo libre que Estados Unidos aspira a liderar.

Sin duda que Estados Unidos ganó la guerra fría, pero parece como si, mientras tanto, hubiera iniciado una guerra contra su propia población. En 1980, el año en el que Ronald Reagan gana las elecciones y decide asfixiar a la Unión Soviética vía la combinación de una costosísima carrera de armamentos y la presión selectiva mediante operaciones encubiertas en varios frentes (desde Nicaragua a Afganistán), la población carcelaria era de 220 personas por cada 100.000 estadounidenses. Dos décadas más tarde, en 2010, la potencia triunfante de la guerra fría había triplicado la población carcelaria hasta 731 reclusos por cada 100.000 habitantes. Para hacerse una idea de la magnitud relativa de estas cifras: la población carcelaria noruega es de 66 personas por cada 100.000 y la de España, de 144 por 100.000. La dimensión racial, por sabida, no deja de constituir también un escándalo de inmensas proporciones. El presidente de Estados Unidos que protagoniza los debates electorales es negro, sí, pero la probabilidad de estar en la cárcel si eres negro es siete veces superior a la de los blancos. La esclavitud terminó, sin duda, pero las estadísticas nos dicen que si sumas la población negra en prisión, libertad provisional y libertad condicional, la cifra resultante es mayor que el número de esclavos que había en Estados Unidos hacia 1850.

Si todos los presos fueran agrupados, su población sería la segunda ciudad de Estados Unidos

E igualmente escandalosa es la dimensión económica pues el sistema penitenciario, en manos de compañías privadas, léase con ánimo de lucro, se ha convertido en un inmenso negocio y un grupo de interés con un enorme poder de cabildeo (lobby) en los pasillos del Congreso en contra de la relajación de las disposiciones legales (especialmente en relación al menudeo de droga) que garantizan un flujo de “clientes” estable. Véase el caso del Estado de California, en quiebra presupuestaria, que gasta 50.000 dólares al año por recluso, una cifra siete veces superior a lo que invierte en cada estudiante de primaria. Las prioridades están claras: hace dos décadas, el gasto en universidades de California duplicaba al gasto en prisiones. Hoy, por el contrario, el gasto en prisiones (10.000 millones de dólares para atender a los casi 150.000 reclusos), duplica al gasto universitario.

Se dice que la “maternidad y la tarta de manzana” (motherhood and apple pie) definen la identidad americana. También, como dice la Declaración de Independencia, “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Esta semana, tras innumerables presiones, el candidato Romney desveló por fin su declaración de la renta correspondiente a 2011. Ahora sabemos que ingresó 13,7 millones de dólares pero que pagó sólo dos millones de dólares de impuestos. El sueño americano, la estatua de la libertad, la ciudad en la colina. Financiar todo eso con un tipo marginal del 14% sí que es un milagro. Debe ser por eso que en los billetes estadounidenses pone In God we trust (Confiamos en Dios). Pero, por si acaso, para aquellos que no encuentren el camino o se extravíen, nada como un sistema penitenciario de primera. Cualquier cosa antes que los impuestos progresivos.

 

 

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Demagogia penal y penitenciaria

jos1é Ignacio Lacasta-Zabalza, pensamientocritico.org

Se suelen difundir varias creencias erróneas, pues no se apoyan en ninguna razón digna de tal de nombre, sino en pasiones, acerca del carácter supuestamente blando de nuestras cárceles y de nuestro sistema jurídico penal. Entran por una puerta y salen por la otra, así como que las cárceles son hoteles, son tópicos que incomprensiblemente reinan en la sociedad española y sus medios de comunicación. Cuando la crítica, absolutamente necesaria y bastante insuficiente, debería ir por otro lado: es urgente una modernización de nuestro Derecho penal. Es descabellado que a las cárceles vayan masivamente los pobres, como en el siglo XIX, en tanto que los delitos más graves de carácter económico viven en una zona de descarada impunidad. Que los más de setenta mil penados y condenadas lo sean, sobre todo, por delitos de trapicheo de drogas (contra la salud pública) y atentados contra la propiedad privada (hurtos, etcétera), y una generosa amnistía fiscal haya sido promovida recientemente por el actual Gobierno para defraudadores de Hacienda y blanqueadores de capital ilícito, son dos datos incontestables que hablan por sí solos.

El actual ministro de Justicia, Sr. Gallardón, ha anunciado la posibilidad de introducir en el sistema español la cadena perpetua o alguna medida similar (altas penas revisables), sabedor del eco que tienen entre el gran público sucesos como el caso Bretón y otros semejantes. Los partidarios de esas medidas acostumbran sostener que en países como Alemania figura la condena a perpetuidad, de por vida. Bueno será recordar, una vez más, que el Tribunal Constitucional alemán ha obligado a revisar la cadena perpetua cada 15 años. Y la fecha límite no es casual, porque ese alto tribunal y la doctrina criminalista estiman que, después de quince años, se producen en el físico y en la psiqué del reo (literalmente) “daños irreversibles en su personalidad” y su “destrucción como ser social”. Tal y como, hace ya mucho tiempo, lo denunciara con brillantez el penalista Enrique Gimbernat ante la reforma del Código de 1995 por su incremento de los castigos de larga duración (Ensayos penales, pág. 79).

Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Digámoslo con claridad: la destrucción del autor de crímenes horrendos. Pero en España no solamente está prohibida constitucionalmente la pena de muerte, sino también las penas inhumanas (art. 15 de la propia Constitución). Y la cadena perpetua, por las razones expuestas, tiene ese inequívoco carácter inhumano. Además, en España un recluso, en determinados supuestos, puede cumplir íntegramente hasta ¡40 años! de privación de libertad. ¿No es esto, ya, suficiente y hasta demasiado?

Con esas propuestas de endurecimiento, Gallardón pretende dar gusto al Partido del Talión, al del ojo por ojo, tan presente siempre entre las filas conservadoras. Pero el Estado de Derecho no está para ejecutar venganzas, sino para hacer justicia, con el máximo respeto a los derechos humanos, inclusive los del delincuente. Hace ya muchos años, en 1762, Beccaria sostuvo que el Estado no puede ponerse nunca a la altura moral del asesino u homicida y reprimir la muerte con otra muerte legal. La grandeza del Estado de Derecho es, precisamente, ésa: la de no tratar jamás al delincuente como éste trató a sus víctimas.

La represión siempre dentro de la legalidad y la proporcionalidad, lo que quiere decir, el caso es de hoy, que el autor del repugnante secuestro de Ortega Lara no ha de esperar que se le haga lo mismo que él hizo, sino que puede aguardar el mismo tratamiento que el Reglamento penitenciario reserva para todos los reclusos que sean enfermos terminales.
Pero el incremento de las penas que promueve Gallardón tiene, por otro lado, demasiado sonido a lo que los alemanes llaman Derecho penal simbólico. Es decir, aquellas reformas legales que nada van a resolver realmente, pero permiten pescar con éxito en los revueltos ríos electorales.

Se nos suele presentar a los garantistas como ingenuos, cuando no como enfermos de “buenismo”. Pero no somos sino profundamente realistas, porque, ¿se ha creído alguien que medidas como las propuestas por Gallardón van a parar los pies, a disuadir del crimen, a un psicópata desalmado con propósito firme de delinquir? Seamos serios: es bien sabido que la pena capital en EEUU nunca hizo disminuir allí los crímenes sangrientos.

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jos1é Ignacio Lacasta-Zabalza es catedrático de Filosofía del Derecho.

 

 

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Una intrahistoria de mujeres

Alberto Piris, 20/06/2012 - Página Abierta

 

Buscando un pequeño hueco entre los grandes asuntos que llenan las páginas de los medios de comunicación, dedicaré hoy mi comentario a un relato afgano, humano y femenino, propio de esa “intrahistoria” de la que habló mi paisano Unamuno, la que se desarrolla debajo de los documentos oficiales, y sobre la que brillan, oscureciéndola, los hechos históricos.

Agradezco la información a Hijratullah Ekhtyar, un periodista de Nangarhar, pequeña provincia del nordeste afgano, fronteriza con Pakistán y situada sobre la ruta que une Kabul con Islamabad. Allí vive Sanga Yabarjil, una joven afgana que desde niña se sintió cautivada por las emisiones de la BBC y de la Voz de América, que escuchaba en la radio de su casa, lo que le inoculó el virus del periodismo. A los quince años empezó a compatibilizar su actividad escolar con un trabajo en la RTA, Radio Televisión Afgana, la emisora estatal de la provincia. En su casa dijo que cooperaba escribiendo artículos, sin intervenir en las emisiones.

Cuando se emitió su primera colaboración, sobre los matrimonios concertados, su familia se sintió ofendida y humillada: «Cuando me oyeron por la radio, todos mis parientes dejaron de hablarme. Me tuve que encerrar en mi habitación, lejos1 de todos, y así permanecí un año entero». Aunque su madre la apoyaba en secreto, el hermano mayor la eludía, no le dirigía la mirada y la ignoraba: «Mi hermano no me hablaba. Me dijo que cuando estaba con sus amigos y yo aparecía en la televisión, todos le miraban y le preguntaban si yo era su hermana. Se sentía tan humillado que era como si se muriera».

La causa de tal escándalo era la sospecha de que trabajaba junto con hombres, lo que es considerado inmoral y la convierte en una mujer que no podrá jamás encontrar marido, máximo exponente público de su indignidad y del deshonor familiar. Sanga invitó a su hermano a visitar los estudios, para que comprobara que las mujeres trabajaban en locales separados de los hombres.

Sanga tiene ahora 21 años, vive en la capital de la provincia, Jalalabad, y dirige la sección de mujeres de la RTA de Nagarhar. Su actividad se orienta a revelar, ante el público y las autoridades, las preocupaciones de muchas mujeres en una sociedad tradicional que las mantiene relegadas. Ha recibido un premio internacional por su dedicación, pero no olvida lo que, en su corta vida, le ha costado llegar a lo que ahora es.

En su familia se consideraba que las niñas debían abandonar los estudios a los 12 o 13 años. Un día, camino de la escuela, su hermano la detuvo, diciéndole que ya era mayor para estudiar. Ella lloró, se resistió, forcejeó y llegó a clase, aunque tarde. Cuando el profesor le preguntó el motivo de la tardanza ella le dijo que en su familia no querían que siguiera estudiando. Su profesor la acompañó a casa y convenció a su familia para que le dejaran terminar los estudios.

Su vida tampoco es fácil ahora. Aunque en la pantalla aparece con la cabeza cubierta por un pañuelo, cuando sale a la calle debe estar totalmente tapada. Recibe llamadas telefónicas amenazadoras. Ha tenido que aprender a resistir. Durante una boda, oyó que murmuraban a su alrededor. Una mujer se acercó y le dijo: «¿Por qué te tratas tan duramente, querida mía? Eres tan guapa pero sigues trabajando en la televisión. ¡Ten piedad de ti misma!». Cuando ella respondió diciendo que deseaba trabajar, porque había estudiado para ello y para servir a otras muchachas y mujeres, su interlocutora suspiró tristemente y le dijo que hubiera sido una buena esposa para su hijo si no estuviera trabajando en la televisión.

Hay otros aspectos que iluminan su vida: «Sanga es nuestra jefa pero nos trata como una hermana y amiga. Créame, cuando no está la echamos de menos», declaró una compañera del trabajo. Su jefe la calificó como “el orgullo de la televisión de Nangarhar”, añadiendo que si ella se fuera no podría encontrar a nadie que la sustituyera. Su madre la apoya ahora abiertamente: «Yo no pude defender mis derechos en mi época, pero mi hija lo hace ahora y estoy orgullosa de ella»; sale en su defensa ante los parientes indignados por la presencia pública de su hija en televisión.

Sanga no se arredra. Ha empezado a estudiar ciencias políticas y jurídicas en una universidad privada de Jalalabad. Sus objetivos son graduarse, obtener un máster y dedicarse a la política. Sueña con ser la futura ministra para asuntos femeninos del Gobierno de Afganistán: «Si llego a ser ministra, eso no será un puesto simbólico para mí. Haré todo lo que pueda y presionaré a cualquiera que esté en el poder para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y haré obligatoria la enseñanza para las niñas».

Retenga el lector su nombre: Sanga Yabarjil se esfuerza por salir de la intrahistoria y entrar en la Historia; que lo haga como ministra y no en la sección de necrológicas, es lo que le deseamos fervientemente por el bien de las mujeres afganas. Ella podrá hacer por éstas más que todas las tropas de EE.UU. y la OTAN, siempre que algún drone no la convierta prematuramente en “baja colateral”, con motivo de alguna celebración popular que la CIA confunda con una reunión de terroristas. Ya ha ocurrido antes.

 

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Las políticas suicidas de Europa y de Rajoy 

Juan Torres, 04/12/2012 - juantorreslopez.com


Las evidencias son cada vez más abrumadoras. La aplicación de recortes presupuestarios en toda Europa, y especialmente en los países que ya se han encontrado o se encuentran en recesión, empeora su situación económica.

Cuando se reduce el gasto en todos los países al mismo tiempo, no solo disminuye la demanda interior con el fin de que se reduzca el déficit, como se proponen los impulsores de estas políticas. Al mismo tiempo, es inevitable que lo haga también la demanda exterior, las compras al extranjero. Y como la mayoría del comercio exterior de los países europeos se registra entre ellos mismos,  resulta que los recortes iniciales de gasto terminan provocando una caída generalizada, aunque sea desigualmente distribuida, de la actividad económica en toda la economía europea.

De entrada, pues, lo que están consiguiendo las políticas de austeridad europeas es que las diferentes economías se depriman unas a otras. Pero no acaba ahí la cosa.

Los estudios empíricos que se vienen realizando muestran además que los recortes de gasto orientados a reducir el déficit no lo disminuyen finalmente, o lo disminuyen en proporciones muy insignificantes.

La explicación de esto es que el gasto público tiene un efecto llamado multiplicador sobre la renta y la actividad en su conjunto. Cuando, aumenta el gasto público en una determinada cantidad, se crea ingreso (por esa cantidad) para alguien (por ejemplo, para el empresario que ha vendido algo a la administración pública, para el funcionario que cobra su sueldo, etc.). Este alguien, a su vez, ahorrará quizá una parte de ese euro, pero el resto lo gastará; y este gasto se convierte en ingreso de otra persona que, a su vez, ahorrará una parte y volverá a gastar el resto, y así sucesivamente… Por tanto, el efecto final sobre la economía del incremento inicial del gasto público en un euro es de algo más de ese euro y se puede calcular sumando las diferentes cantidades que han ido gastando quienes han participado en ese proceso.

Es una gran ventaja, porque si funciona ese efecto multiplicador, resulta que aumentando el gasto público en un cantidad dada podemos conseguir un aumento final en la renta y en la actividad de mucha mayor cuantía.

Ahora bien, ese efecto multiplicador tiene otro inconveniente: cuando se reduce el gasto también se produce la disminución multiplicada de la renta y de la actividad.

De hecho, la existencia de este efecto multiplicador está produciendo el encadenamiento fatal en el que han caído las políticas europeas. Los recortes de gasto disminuyen el crecimiento de la actividad y finalmente ni siquiera reducen sustancialmente el déficit, lo que lleva a que las autoridades insistan en los recortes de gasto, que vuelven a disminuir la actividad y que hacen aún más difícil reducir el déficit. Todo lo contrario: aumenta la deuda, permitiendo que los bancos vayan saliendo adelante al ir aumentando su negocio.

Un estudio reciente del banco francés Natixis estimó hace poco una los multiplicadores de distintas economías europeas y a partir de ahí dedujo las caídas en la actividad que se producirían si se llevaran a cabo los recortes de gasto previstos por los respectivos gobiernos. Y subrayaba el caso explosivo de España: si el gobierno de Mariano Rajoy aplicara de verdad las medidas que dice que nos conviene y que tiene previstas para reducir el déficit a los límites anunciados, el PIB caería en España un 11,8% (Natixis, Flash Economics,  What growth would really be in France, Spain, Italy, Portugal and Greece if the fiscal deficit targets were to be met, September 4th 2012 – No. 561).

Es evidente, por tanto, que la política europea de recortes generalizados y de imposición de límites al gasto público ahora que tantas economías se encuentran incluso en recesión es sencillamente suicida. No hay manera posible de demostrar las ventajas que eso pueda tener para salir de la crisis ni su conveniencia para mejorar la situación de deuda, desempleo y estancamiento en la que nos encontramos. Todo lo que se dice para defenderlas y justificarlas es una gran mentira para encubrir el sometimiento a los poderes financieros de los políticos que las imponen y los verdaderos objetivos que se persiguen con ellas.

Así lo demuestra la situación mucho más grave en la que se encuentra la economía española.

La teoría económica más reciente también está demostrando que estos multiplicadores son mayores cuando las economías están en recesión, cuando los tipos de interés son muy bajos1 y cuando hay una gran deuda privada sobre la espalda de empresas y hogares.

Eso es justo lo que viene pasando en España y por eso nuestro multiplicador es bastante elevado que en otros países europeos, lo que significa que los efectos positivos o negativos de las variaciones de gasto público son más acentuadas en nuestra economía.

Si nuestros gobiernos fuesen conscientes de esto y si fuesen libres o desearan realmente defender los intereses generales no aceptarían ni por un minuto más los corsés que nos quieren imponer desde Europa por influencia directa de los grupos de poder económico alemanes porque todo demuestra que no hay posibilidad alguna de que España salga adelante, o ni siquiera de evitar que caigamos en una depresión de años, aplicando este tipo de políticas.

Por eso la actitud de Rajoy, limitándose a reproducir el discurso de la austeridad y solo tratando de evitar lo inevitable es igualmente suicida y, además, algo mucho peor.

El disparate de defender la austeridad como forma de recortar la deuda lo lleva a mantener un engaño igualmente descomunal: afirmar que ésta es el resultado de que España no puede pagarse el Estado de bienestar y que hay que reducir gastos en educación, sanidad, dependencia, etc.

El economista Eduardo Garzón acaba de demostrar que si el Estado español hubiese podido seguir monetizando total o parcialmente su deuda recurriendo a un autentico banco central y, por lo tanto, no pagando intereses o pagando menor cuantía por ellos, la deuda a la que tendría que hacer frente en estos momentos sería aproximadamente del 14% del PIB y no de del 87% actual (Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública).

La deuda pública española no proviene, pues, ni del despilfarro de las administraciones públicas (lo que no significa que no lo haya habido en ocasiones), ni del excesivo gasto en bienestar (estamos muy por debajo del nivel que nos correspondería según nuestro nivel de renta). La genera principalmente la carga de los intereses y, en bastante menor medida, los gastos extraordinarios para hacer frente a la recesión, los de apoyo a la banca y la pérdida de ingresos fiscales por la crisis.

La conclusión es entonces evidente. La política de entrega de Rajoy a las imposiciones europeas (como la que anteriormente iniciara Rodríguez Zapatero) es suicida porque no va a conseguir reducir la deuda y, además, va a provocar un empeoramiento progresivo del ingreso y el empleo. Pero, además de eso, constituye un verdadero saqueo: en lugar de enfrentarse a los financieros que están hundiendo a España pone a su disposición los servicios públicos, con la falsa excusa de que son muy caros, para que hagan de ellos otro suculento negocio privado.
 

 

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El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria 

SOAJP Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 

1.- PRESENTACIÓN Y ORIGEN DE LOS SOAJPs. 

Durante muchos años, las personas que cumplían penas de prisión carecían de asistencia jurídica, y quedaban a expensas de la Administración Penitenciaria.A pesar de que las personas privadas de libertad conforman un colectivo especialmente vulnerable, que sufre graves problemas jurídicos de todo tipo, no es hasta hace pocos años cuando surge el convencimiento firme de cubrir las necesidades ofreciendo un Servicio independiente, remunerado y profesional en estos casos. En Sevilla se inició el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Junio de 2001, justo el mes en que se dictó una Orden de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, donde quedaron establecidos los requisitos complementarios de formación y especialización exigibles a los Letrados adscritos al mismo.  A día de hoy, los ocho Colegios que se ubican en las capitales de provincia andaluza, disponen de estos Servicios. No debemos olvidar que en Andalucía las prisiones se encuentran gravemente masificadas (hasta en un 160%), y un número de personas presas, que ronda las 17.000 siendo la Comunidad Autónoma con más población en prisión de todo el territorio español, con bastante diferencia sobre el resto.    

2.- EVOLUCIÓN DE LOS SOAJPs.

En la actualidad los Servicios están puestos en marcha en su totalidad en Andalucía y han tenido una evolución francamente positiva desde su implantación. Con carácter general, las consultas atendidas van aumentando cada año. En el año 2011 el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió en Sevilla, provincia con tres centros penitenciarios ordinarios, un psiquiátrico y un CIS, a 3.311 personas presas; en Córdoba, con un centro ordinario y un CIS, a 1.800; en Cádiz, provincia con cuatro centros ordinarios y un CIS, a 1.101 presos/as; en Almería, 591; Málaga, 539.  Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última.  Las consultas mayoritarias se refieren a permisos y refundiciones, acumulaciones y limitaciones de condena, aunque también se atienden otras muchas consultas sobre revisión de grado, traslados y sanciones, malos tratos, información sobre causas penales y derivaciones a otros turnos.  Otras materias objeto de frecuente consulta son los traslados de Centro Penitenciario. Continúa siendo motivo de frecuentes quejas por parte de internos tanto la no excarcelación de internos enfermos para acudir a las citas que tienen con médicos especialistas en Hospitales de la red pública sanitaria, como la falta de asistencia psiquiátrica. También viene resultando muy frecuente la solicitud de que hagamos saber al letrado designado de oficio para el proceso penal su deseo de comunicarse con él, y en ocasiones la solicitud de la identidad misma de dicho Letrado.

3.- SITUACIÓN ACTUAL.

Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria constituyen una pieza clave para el ejercicio real del artículo 24 de la Constitución Española para las personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios. Entendemos que es imprescindible garantizar estos derechos a las personas presas, que no deben ver limitados sus derechos más allá de lo que la Sentencia condenatoria que se encuentren cumpliendo haya establecido. Y siempre hemos llevado a cabo dicha función reiterando el carácter de servicio público que representan los SOAJPs y el avance que nuestra comunidad realizó al reconocer como Justicia Gratuita la orientación y asistencia jurídica al preso.  Desde el 1 de mayo dicho Servicio público ha quedado suspendido en Andalucía. El pasado 17 de abril, la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, supuestamente debido a la falta de firma por parte del Ministerio del Interior de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración.   

El citado Convenio de 3 de abril de 2008 establecía una vigencia inicial de tres años, si bien estableciendo sucesivas prórrogas por acuerdo expreso de las partes. La financiación corría a cargo de la Administración Autonómica. Finalizado el plazo establecido inicialmente, en abril de 2011, el servicio continuó prestándose durante un año sin oposición por ninguna de las partes. De manera sorpresiva la Junta de Andalucía, escudándose en la falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios la suspensión del servicio, hasta tanto se firme el citado Convenio por parte del Ministerio. Todo parecía depender de un informe, preceptivo y vinculante, del Ministerio de Hacienda.  La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha comunicado en distintos medios que reconoce la importancia de este Servicio, y que existe una partida presupuestaria de 397.600 euros para los SOAJPs de toda Andalucía para el año 2012. Asimismo, deja entrever que es el Ministerio del Interior el que no tiene  interés por la población reclusa y por posibilitar la prórroga de este Convenio.
 
4.- NUESTRA PROPUESTA.

Ya que la situación actual de suspensión temporal de los SOAJPs deriva del hecho de que la prestación de este servicio público viene dado por la firma de un Convenio tripartito (Ministerio del Interior, Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, y Consejo Andaluz de Colegios de Abogados), sujeto a una serie de exigencias formales y económicas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2010; Ya que la Consejería de Justicia tiene prevista una partida presupuestaria de 397.600 euros para los SOAJPs de toda Andalucía para el año 2012; Ya que la mayoría de los Colegios de Abogados andaluces tienen en vigor un Convenio bilateral con el Ministerio del Interior que les habilitaba a llevar a cabo las tareas propias de cada SOAJP con anterioridad a la firma del citado Convenio tripartito, el cual no ha venido a derogarlos manteniendo su total vigencia; Ya que, en cualquier caso, no se podrá denegar por el Ministerio del Interior la entrada en las prisiones andaluzas a Letrados de este Servicio que hayan sido expresamente llamados por los internos, sin vulnerar el art.24 CE y el art. 51 de la Ley Organica General Penitenciaria: PROPUSIMOS por escrito a la Consejería de Justicia que se proceda a la firma de un Convenio bilateral entre esa Consejería y cada uno de los Colegios de Abogados andaluces a fin de evitar que los formalismos inherentes al citado Convenio tripartito dejen por más tiempo en situación de indefensión a una población reclusa de 17.000 personas en toda Andalucía.   La respuesta recibida por la Administración Andaluza ha sido un tajante NO, sin argumentos ni razones. Un NO rotundo bajo el que se vislumbra una voluntad de desmantelar este importante Servicio público dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Un NO tras el que se adivina la intención de nuestros políticos de seguir mermando el Estado de Derecho, ahora ya que han logrado derrumbar el de Bienestar.   

5.- NUESTRA PROTESTA: CONCENTRACIÓN, 18 DE OCTUBRE .

Tras la respuesta recibida por la Administración Andaluza no nos cabe otra que echarnos a la calle y denunciar públicamente este desmantelamiento de los derechos fundamentales como es el de Defensa (art.24 CE).

Por ello, os convocamos a todos a acudir a la CONCENTRACIÓN pacífica que tendrá lugar el jueves 18 de octubre a las 13’30 horas en la puerta de la Consejería de Justicia, sita en Plaza de la Gavidia nº10 (Sevilla).   

 

SOAJP, Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
  

 

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Actividades de la APDHA

 
 
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Reportaje sobre Transporte a Prisión 

La Asamblea de Familiares de Personas Presas y el problema de transporte a prisión en el programa “Los Reporteros” Canal Sur TV.

> Puedes verlo aquí (es el primer reportaje) 

 
 
 
  • Delegación de Bahía de Cádiz 
 
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Asamblea de Socios y Socias de Cádiz

El pasado 22 de septiembre se celebró la Asamblea de Socios y Socias de la Delegación en Cádiz en el Centro de Visitantes del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en San Fernando.

La APDHA invitó a participar a Carlos Martínez, presidente de ATTAC Andalucía, que inició el debate con una reflexión acerca de la situación que vivimos y el papel que nos toca jugar a la sociedad civil, a las ONGs, organizaciones y movimientos sociales.

La asamblea finalizó con una comida compartida.

> Puedes ver más imágenes aquí

  

 

  • Delegación de Granada
 

Jornadas de recepción de Estudiantes

Fecha y hora: 24 y 25 de octubre de 2012 de 10:00 a 14:00h. y de 16:00 a 20:00h.
Lugar: Paseillos Universitarios de Fuentenueva

Stand de APDHA Granada en las Jornadas de Recepción de Estudiantes organizadas desde el Vicerrectorado de Estudiantes para dar la bienvenida a la UGR en este curso académico.  

 

Jornadas de Iniciación al Voluntariado CICODE 2012/2013

Fecha: 25 de octubre de 2012
Lugar: E.T.S Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada

Participación y presentación de la APDHA en las Jornadas de Iniciación al Voluntariado del CICODE.

 

 

 
  • Delegación de Málaga
 

Seminario de las Migraciones y Derechos Humanos. Organizado por IEPALA.

Fechas: Miércoles 17 y jueves 18 de octubre de 2012
Lugar: Sala de Grados, Sala de Grados B. E.T.S.I. Telecomunicación - Universidad de Málaga

Adolfo Granero, de la Delegación de Málaga de APDHA participa el Jueves 18 de octubre de 17:30 a 19:00 en una MESA DE DEBATE: Las migraciones en un contexto actual de crisis estructural y recortes de derechos. Retos y desafíos para las asociaciones de inmigrantes ante la situación actual y propuestas de acción.

> Consulta más información y el programa completo aquí

  

 

  •  Delegación de Sevilla
 
 
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Concentración en Solidaridad con Colombia


Fecha y hora: Lunes 15 de Octubre de 2012, a las 19:30h
Lugar: Plaza Nueva, Sevilla

Actividad en Solidaridad con Colombia con motivo del inicio de las conversaciones de Paz en la ciudad de Oslo.

Saludamos las negociaciones. HACIA UNA PAZ CON DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA. Teatro, música, "jumbia", e intervenciones.

> Puedes leer el comunicado aquí

  
  

 

Charla: "¿Qué pasa en los calabozos y talegos de Sevilla?"

Paticipan miembros del Grupo 17 de Marzo y de APDHA Sevilla.

Fecha y hora: Miércoles 17 de octubre de 2012 (20:00 h.)
Lugar: La Rendija (antigua Casa de la Paz),en la calle Aniceto Sáenz, 1. Plaza del Pumarejo

Más información en: www.ecolocal.es

 
 

Corrala de Vecinas La Utopía: Denuncian ante la ONU la vulneración de derechos básicos  

El pasado 9 de octubre de 2012, APDHA Sevilla y el Grupo de Juristas 17 de Marzo presentaron en rueda de prensa la denuncia ante la ONU de vulneración de los derechos básicos de agua potable, saneamiento y vivienda que están padeciendo las vecinas de la Corrala Utopía.

> Puedes ver la rueda de prensa en vídeo aquí  

 

 

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Propuestas

 
Petición para que IberCaja se siente a negociar con las vecinas de la Corrala Utopía (Sevilla)Firma aquí
  
"Lo que hay que Wert". Campaña de Educación sin Fronteras por una educación pública y de calidad. Por el Derecho a la Educación. Firma la petición aquí
  

Diálogos sindicales "Crisis, recortes y allternativas": Vicenç Navarro, Catedrático de ciencias Políticas y sociales, Universidad Pompeu Fabra.

Fecha y hora: 25 de ocyubre de 2012, 19 horas
Lugar: Palacio Marqueses de la Algaba, Plaza Calderón de la Barca, Sevilla.

  
Concentración Pacífica de los abogados del Servicio de Orientación Penitenciara de Sevilla Fecha y hora: jueves 18 de octubre a las 13’30 horas
Lugar: puerta de la Consejería de Justicia, sita en Plaza de la Gavidia nº10 (Sevilla).   
  

 

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