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La APDHA pide un tratamiento igualitario para todas las personas presas Imprimir
12/01/2013

Nota de prensa de APDHA ante la concesión del tercer grado penitenciario a Carromero

El traslado a España de Carromero desde Cuba cinco meses después de la comisión de los hechos por los que fue condenado, el 22 de julio de 2012, y la concesión del tercer grado penitenciario en sólo 13 días en el sistema penitenciario español, es algo inaudito.

La media de espera para traslados internacionales se demora años, siendo anormal que baje de los dos o tres años desde la comisión de los hechos. El otro preso español trasladado a España junto a Carromero esperaba su momento desde el año 2008. Actualmente hay más de 2.400 ciudadanos españoles presos en cárceles extranjeras.

Una vez que una persona interna entra en un centro penitenciario, su clasificación inicial se demora normalmente hasta los dos meses (plazo máximo inicial que suele agotarse, pero que puede ampliarse otros dos meses más). El promedio de tiempo desde el ingreso en prisión hasta el disfrute del tercer grado es según algunos estudios de 121 días [1]. Según los datos oficiales correspondientes al mes de noviembre de 2012, de los 56.511 privados de libertad en el territorio español (exceptuando Cataluña, que tiene las competencias transferidas), 5.274 están sin clasificar, es decir, pendientes de clasificación. Del tercer grado disfrutan 9.088 personas, siendo excepcionales los concedidos con carácter inicial.

Personas privadas de libertad que ingresan por primera vez en prisión por delitos inferiores a cuatro años, pena impuesta a Carromero, con trabajo estable, no son excepciones; sin embargo, sí es excepcional que se conceda el tercer grado directo.  En el año 2011 se impusieron 135.713 penas de prisión: el 90,2% de ellas con una duración de cero a dos años; el 7,9% con una duración de entre dos y cinco años; y el 1,9% con una duración de más de cinco años [2]. Alrededor del 30% de la población reclusa es primaria, es decir, que entra por primera vez en la cárcel.

Por tanto, es claro que con esta concesión de tercer grado se consagra la existencia de presos de primera y de segunda.

La APDHA no critica que se le conceda el tercer grado al dirigente de Nuevas Generaciones ni los esfuerzos diplomáticos por  agilizar el traslado. Lo que exigimos es que se mantenga el mismo tratamiento con todos los/as presos/as. Este tipo de prácticas discriminatorias deben cesar, extendiéndose las buenas prácticas a todos las personas presas.

Se recuerda que ésta no es la única discriminación entre personas privadas de libertad. Otras recientes que se deben apuntar son:

- Los presos y las presas que perciben prestaciones no contributivas por razones de enfermedad y pobreza, pagan por la comida en prisión. La Asociación acudió al Tribunal Constitucional, que resolvió en 29 de octubre de 2012 que dicha situación era legal [3], lo que supone un agravio comparativo con aquellas otras personas presas que, pese a su mayor capacidad económica personal o familiar, no sufragan su manutención en prisión. Es más, el abono o no depende de la comunidad autónoma en la que cumpla pena el preso o presa, pues algunas como Andalucía no hacen dicho cobro a ninguno, tal y como debe ser, al igual que no se paga por la manutención en el supuesto de un ingreso hospitalario.

- El 29 de noviembre de 2012, el Consejo de Ministros indultó a Hokman Joma, ciudadano kurdo, a falta de dos meses para el cumplimiento íntegro de los tres años a los que fue condenado por lanzar un zapato al primer ministro turco, Erdogan, que no le impactó. La semana anterior, 23 de noviembre, el mismo Consejo de Ministros indultó a cuatro mossos d’esquadra que sumaban condenas de hasta cuatro años de prisión por torturas y que no llegaron a pisar el centro penitenciario. 180 jueces firmaron un manifiesto contrario a esta concesión.

 

Andalucía, 12 de enero de 2012


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