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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla muestra su apoyo a las familias de la Corrala “Conde-Quintana” ante su desalojo Imprimir
06/03/2013

 

 

“Porque las personas son lo primero”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. Cuando los poderes públicos dan la espalda a la ciudadanía ésta tiene el deber ético de organizarse y buscar soluciones válidas para el disfrute de sus derechos básicos.

Cinco familias en situación de emergencia social decidieron, en junio de 2012, realojarse en un edificio que permanecía vacío desde hace años para poder  disfrutar del derecho a la vivienda. Convirtieron un edificio sin uso en un hogar hasta que una veintena de Policías Nacionales irrumpieron, sin notificación previa y los desalojaron. Ya tenemos en Sevilla otro edificio cerrado y cinco familias más en la calle. 

Cada vez más personas compartimos el lema: “Ni gente sin casa, ni casa sin gente”.  ¿Cuál es la respuesta de las administraciones para estas 5 nuevas familias desalojadas y “tiradas” en la calle con sus pocos enseres? ¿Les dirán,  como suelen hacer desde el Ayuntamiento, que deben acudir a los servicios sociales para esperar durante meses  la posibilidad de ser incluidos en una lista de espera para una vivienda social?  El que estas 5 familias, como otras miles en Andalucía, estén en la calle sin vivienda y en una situación de extrema necesidad es responsabilidad de las Administraciones públicas, que son las que deben velar por el cumplimiento de  los derechos humanos  antes que defender  cualquier otro interés, en este caso el de la propiedad privada.

Estamos ante una situación de emergencia habitacional y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación:

1- Paralización de todos los desahucios y desalojos1 de primeras viviendas, acordando la permanencia en los domicilios en espera de una situación válida que garantice el derecho a la vivienda.

2- Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.

3- Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.

4- Despenalización  de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

Y las respuestas deben darse hoy, poniendo al servicio de las personas las casas que están deshabitadas.  Cada día que pasa es un día perdido para solucionar lo que aún es posible y que no se solucionará mirando para otro lado o desalojando y desahuciando de espaldas a la sociedad.

 

Sevilla, 6 de marzo de 2013

 

 
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